Está
de moda en estos días pedirle silencio al gobierno de Alvaro
Uribe. Está de moda aconsejarle que guarde una “total
discreción” acerca de las actividades destinadas a lograr el
“intercambio humanitario” con las Farc. Es lo que reiteraba
a mediados de octubre el director de una Ong colombiana que
dice luchar por la paz[1],
quien quiere, además, que la prensa se aleje lo más que
pueda del tema pues, segun él, el asunto del intercambio
humanitario, ahora en manos del presidente Hugo Chávez, es
muy “sensible” y contiene en su seno unos supuestos “temas
reservados” que exijen el más grande secreto.
Otro politólogo[2]
que estima que el gobierno de Uribe “prácticamente perdió el
control” del asunto del intercambio, ha complementado esa
curiosa exigencia de silencio invocando un supuesto “pacto
de confidencialidad”, que nadie conocía hasta hoy. Ese
“pacto”, cuyas cláusulas serían también secretas, debe ser
respetado, según él, por el gobierno colombiano. Mientras
tanto, esos actores no le exijen nada al presidente Chávez,
ni a la senadora Piedad Córdoba. Y para ser “prudentes”
nadie le pide a las Farc pruebas de supervivencia de los
rehenes. La opacidad creada por las Farc es un verdadero
botín que ellos quieren preservar.
Las presiones
indebidas para que la transparencia sea abolida dieron sin
tardar resultados: el Alto Comisionado para la Paz, Luis
Carlos Restrepo, ha enmudecido y el presidente Uribe y el
canciller Fernando Araújo se querellaron con el ministro de
Defensa[3],
y la prensa escrita parece desinteresarse del tema de los
rehenes. ¿Si no es así por qué el punto de los supuestos
“temas reservados” es rodeado de silencio y por qué el del
“pacto de confidencialidad” no es explicado por nadie?
En todo caso,
las tensiones entre el presidente Alvaro Uribe y el ministro
Juan Manuel Santos, superadas, aparentemente, con unas
cuantas frases apaciguantes de ambos, no son buena cosa para
la democracia colombiana. Toda fisura en el bloque
gubernamental, aún así sea menor, trabaja en beneficio de
las Farc.
Hace unos días,
antes de que empezara la campaña pro-autocensura que
preconizan sobre todo los simpatizantes del chavismo, el
canciller Fernando Araújo había exigido a Hugo Chávez un
poco de seriedad en su mediación, justamente excedido por el
folklorismo con el que ese personaje trabaja el asunto del
diálogo con las Farc en Venezuela[4].
En esa ocasión, el presidente Uribe no le dijo a Araújo que
cerrara la boca. Pedirle eso ahora al ministro de Defensa,
por cuyas manos pasa información crucial, no es un buen
signo. A finales de septiembre, el gobierno colombiano pedía
participar en la reunión entre Chávez y las Farc a través
del Alto Comisionado para la Paz. Esa iniciativa fue
descartada y Bogotá no se atreve a insistir en ello.
Los pedidos de
silencio de ahora recuerda lo que ocurrió con los famosos
diálogos en San Vicente del Caguán. Andrés Pastrana aceptó
las exigencias de las Farc de “gran discreción” sobre esos
falsos diálogos. Al cabo de tres años, nada resultó de ellos
y la “prudencia” respetada por Pastrana fortaleció a las
Farc quienes hicieron de la zona desmilitarizada un bastión
narco-terrorista donde ellas recibían los dineros para
liberar a sus rehenes y desde donde fue lanzada una ofensiva
contra Bogotá que sorprendió a los militares. La “prudencia”
había trabajado en favor de la banda de Manuel Marulanda.
¿No le había
ocurrido otro tanto a Belisario Betancur? Los llamados
“acuerdos de la Uribe”, de 1984, rodeados de misterio desde
el comienzo, pues la consigna de “prudencia” también había
sido aceptada, jugaron como una cortina de humo que impidió
ver las cosas en su real dimensión y terminó paralizando, en
regiones claves, a las fuerzas armadas, mientras que las
Farc creaban una agresiva coordinadora guerrillera. Y los
diálogos “de paz” con el Eln en Cuba, que ya llevan tres
años, han progresado gracias a la opacidad que los rodea?
No. Esos contactos, que no han superado la fase de
aproximación, están en un punto muerto.
¿Cuando el país
aprenderá de sus trágicas lecciones del pasado?
En lugar de
silencio lo que Colombia necesita en estos momentos es la
más amplia libertad de palabra, de análisis, de información,
de discusión. Desde los más altos funcionarios del Estado,
hasta el más humilde de los colombianos deben tener la más
completa libertad para informarse, para pensar, escribir y
explicar lo que está ocurriendo con este extraño proceso de
los rehenes en manos del tandem Chávez-Córdoba.
El secretismo y
la autocensura hay que rechazarlos pues hacen parte de una
estrategia. Al plan pistola de las Farc contra los
candidatos y contra los electores que irán a votar en las
elecciones regionales[5],
se le está tratando de sumar un plan mordaza que
beneficiará igualmente a las Farc. La libertad es el
fundamento de todos los valores. Amordazarla es el primer
paso para adormecer la opinión pública.
Esas exigencias
de “discreción”, para que los colombianos adopten la actitud
del avestruz y para que los funcionarios y los medios sean
silenciados, llaman la atención pues coinciden con una
ofensiva de mentiras, insultos, calumnias y distorsiones
contra el presidente Uribe[6],
contra sus ministros[7],
contra el TLC, contra la orientación del gobierno ante la
liberación de los rehenes y, en general, contra la política
interior y exterior del gobierno. Gracias a esa
“prudencia”, en pocos días los medios de información
olvidaron el escándalo de Justice for Colombia, que
pretende destruir la ayuda militar británica a Colombia[8],
subvaloraron las intrigas del senador Gustavo Petro para
envenenar las relaciones entre Uribe y el Congreso y la
prensa norteamericana, se desentiendieron de las actividades
de cierta Ong parisina que trata de deteriorar las
relaciones entre Bogotá y París y entre Bogotá y Otawa[9].
Y se hacen los miopes respecto de las actividades de las
Farc para instalarse en Caracas y en otras capitales
latinoamericanas.
Mientras Indepaz
exige la desmovilización de los espíritus frente al asunto
de los rehenes, los agentes chavistas agitan en
Latinoamérica la visión de las Farc frente al “intercambio
humanitario”. Un manifiesto firmado por los partidos
comunistas latinoamericanos y por sus compañeros de ruta,
con el escritor Eduardo Galeano a la cabeza, está circulando
por el continente. Al mismo tiempo, los artículos más
lunáticos contra la ley de Justicia y Paz, contra los
militares colombianos y contra el Plan Patriota circulan en
Internet impulsados por los amigos de los Petro, Guillén,
Virgina Vallejo y Coronel[10].
Eso muestra que
la campaña en curso quiere imponer un modelo: silenciar al
gobierno y a la prensa colombiana para que sólo una voz, la
de Chávez, se escuche en el mundo acerca de la gestión
“humanitaria” para liberar a los rehenes en poder de las
Farc.
Ese modelo es
inaceptable. La información de lo que ocurre en Caracas en
ese asunto de los rehenes de las Farc debe circular sin
obstáculos y las réplicas a los calumniadores y
desinformadores deben llegar a todas partes. La táctica de
“esperar a ver qué pasa” con la mediación de Hugo Chávez y
doblegarse, finalmente, ante el hecho cumplido, nunca le dio
buenos resultados a la diplomacia de ningún país del mundo.
Colombia no será la excepción.
[1]
El País, Cali, 17 de octubre de 2007.
[3]
Refiriéndose a Chávez, el ministro de
Defensa dijo, el 18 de octubre pasado, en Washington:
“En los últimos tres o cuatro días no hemos visto más de
eso (la propaganda); espero que cumpla con lo que ha
prometido y veremos qué pasa''. Santos agregó que al
gobierno de Uribe le gustaría que ''no se involucre a
más gente'' en la mediación. El Nuevo Herald,
Miami, 19 de octubre de 2007.
[4]
El Colombiano, Medellín, Colprensa y
agencia Efe, 18 de septiembre de 2007.
[5]
Las Farc han amenazado de muerte a todos los candidatos
a las alcaldías y a los concejos municipales del país.
Hasta hoy, 21 de octubre de 2007, 72 homicidios, 37
atentados contra candidatos y 10 secuestros, sin contar
las amenazas, han sido registrados por las autoridades.
Estas tratan de dar protección personal a los candidatos
pero reconocen que la amplitud de la tarea supera sus
capacidades. Nueve mil candidatos solicitaron
protección. A todos les fue asignado un policía y 536
tienen esquemas de seguridad. Cerca de 130.000 policías
tendrán como misión garantizar la seguridad de las
elecciones del 28 de octubre de 2007. El País,
Cali, 20 de octubre, El País, Cali, 9 de octubre
de 2007.
[6]
A comienzos de octubre de 2007, el
presidente Uribe descubrió que un magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, Iván Velásquez, había prometido
beneficios a alias “Tasmania”, un ex paramilitar
encarcelado, para él y su familia, si acusaba al
presidente de Colombia de haber ordenado el asesinato de
un paramilitar, Alcides Durango. Otro ex paramilitar,
miembro de un plan norteamericano de protección de
testigos, dijo haber recibido propuestas similares. El
presidente Uribe pidió a la Fiscalía verificar los
hechos denunciados y por ello fue acusado por el
presidente de la CSJ de “obstruir la justicia”. Iván
Valásquez negó la acusación de “Tasmania”. Ese episodio
suscitó un movimiento de solidaridad con el presidente
colombiano.
[7]
“Nunca
he tenido relaciones sociales ni personales con los
hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez y no tengo ni idea
porqué me preguntan si he tenido nexos con ellos”,
declaró el ministro del Interior y de Justicia, Carlos
Holguín Sardí, al rechazar unas declaraciones de
Virginia Vallejo, la ex amante del narcotraficante Pablo
Escobar, quien dijo haber sido interrogada por la DEA
sobre el alto funcionario. Ver El
País, Cali,
agencia
Efe,
agencia
Colprensa,
octubre 20 de
2007.
[8]
Ver el artículo de Eduardo Mackenzie
¿Quien es Justice for Colombia?,
Webarticulista.net, 4 de octubre de 2007.
[9]
Alirio
Uribe Muñoz, un abogado activista de la Ong francesa
FIDH, viajó a Montreal para criticar el acuerdo de libre
cambio suscrito entre Bogotá y Otawa, en julio de 2007,
durante la visita oficial del primer ministro Stephen
Harper. Alirio Uribe declaró que el ministro Harper se
había “equivocado” al dar un “apoyo incondicional” al
presidente Alvaro Uribe.
La Presse,
Montréal,
20 de octobre de 2007.
Desde hace una veintena de años,
la FIDH lanza virulentas campañas
contra el gobierno y la sociedad colombiana.
[10]
Como las calumnias que pretendian mostrarlo como un
“amigo” de los “paramilitares” de extrema derecha
fracasaron, la nueva consigna es acusar al presidente
colombiano de haber tenido “buenas relaciones” con
conocidos narcotraficantes. En esa campaña se inscriben
las recientes insinuaciones de Virginia Vallejo, ex
amante del fallecido capo del cartel de Medellín Pablo
Escobar, y de los periodistas antiuribistas Guillén y
Coronel. Las autoridades han demostrado que tales
acusaciones eran infundadas. Ver el cable de la agencia
Efe, del 17 de octubre de 2007, así como El
Colombiano, Medellín, 17 de octubre de 2007 y El
País, Cali, 17 de octubre de 2007.
* |
Periodista
colombiano,
autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme
de combat".
Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de
2005. |