Está de moda en estos días pedirle silencio al gobierno de Alvaro Uribe. Está de moda aconsejarle que guarde una “total discreción” acerca de las actividades destinadas a lograr el “intercambio humanitario” con las Farc. Es lo que reiteraba  a mediados de octubre el director de una Ong colombiana que dice luchar por la paz[1], quien quiere, además, que la prensa se aleje lo más que pueda del tema pues, segun él, el asunto del intercambio humanitario, ahora en manos del presidente Hugo Chávez, es muy “sensible” y contiene en su seno unos supuestos “temas reservados” que exijen el más grande secreto.  

Otro politólogo[2] que estima que el gobierno de Uribe “prácticamente perdió el control” del asunto del intercambio, ha complementado esa curiosa exigencia de silencio invocando un supuesto “pacto de confidencialidad”, que nadie conocía hasta hoy. Ese “pacto”, cuyas cláusulas serían también secretas,  debe ser respetado, según él, por el gobierno colombiano. Mientras tanto, esos actores no le exijen nada al presidente Chávez, ni a la senadora Piedad Córdoba. Y para ser “prudentes” nadie le pide a las Farc pruebas de supervivencia de los rehenes. La opacidad creada por las Farc es un verdadero botín que ellos quieren preservar.

 

Las presiones indebidas para que la transparencia sea abolida dieron sin tardar resultados:  el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ha enmudecido y el presidente Uribe y el canciller Fernando Araújo se querellaron con el ministro de Defensa[3], y la prensa escrita parece desinteresarse del tema de los rehenes. ¿Si no es así por qué el punto de los supuestos “temas reservados” es rodeado de silencio y por qué el del “pacto de confidencialidad” no es explicado por nadie?

 

En todo caso, las tensiones entre el presidente Alvaro Uribe y el ministro Juan Manuel Santos, superadas, aparentemente, con unas cuantas frases apaciguantes de ambos, no son buena cosa para la democracia colombiana. Toda fisura en el bloque gubernamental, aún así sea menor, trabaja en beneficio de las Farc.

 

Hace unos días, antes de que empezara la campaña pro-autocensura que preconizan sobre todo los simpatizantes del chavismo, el canciller Fernando Araújo había exigido a Hugo Chávez un poco de seriedad en su mediación, justamente excedido por el folklorismo con el que ese personaje trabaja el asunto del diálogo con las Farc en Venezuela[4]. En esa ocasión, el presidente Uribe no le dijo a Araújo  que cerrara la boca. Pedirle eso ahora al ministro de Defensa, por cuyas manos pasa información crucial, no es un buen signo. A finales de septiembre, el gobierno colombiano pedía participar en la reunión entre Chávez y las Farc a través del Alto Comisionado para la Paz. Esa iniciativa fue descartada y Bogotá no se atreve a insistir en ello. 

 

Los pedidos de silencio de ahora recuerda lo que ocurrió con los famosos diálogos en San Vicente del Caguán. Andrés Pastrana aceptó las exigencias de las Farc de “gran discreción” sobre esos falsos diálogos. Al cabo de tres años, nada resultó de ellos y la “prudencia” respetada por Pastrana fortaleció a las Farc quienes hicieron de la zona desmilitarizada un bastión narco-terrorista donde ellas recibían los dineros para liberar a sus rehenes y desde donde fue lanzada una ofensiva contra Bogotá que sorprendió a los militares. La “prudencia” había trabajado en favor de la banda de Manuel Marulanda.

 

¿No le había ocurrido otro tanto a Belisario Betancur?  Los llamados “acuerdos de la Uribe”, de 1984, rodeados de misterio desde el comienzo, pues la consigna de “prudencia” también había sido aceptada, jugaron como una cortina de humo que impidió ver las cosas en su real dimensión y terminó paralizando, en regiones claves, a las fuerzas armadas, mientras que las Farc creaban una agresiva coordinadora guerrillera. Y los diálogos “de paz” con el Eln en Cuba, que ya llevan tres años, han progresado gracias a la opacidad que los rodea? No. Esos contactos, que no han superado la fase de aproximación, están en un punto muerto.

 

¿Cuando el país aprenderá de sus trágicas lecciones del pasado?

 

En lugar de silencio lo que Colombia necesita en estos momentos es la más amplia libertad de palabra, de análisis, de información, de discusión. Desde los más altos funcionarios del Estado, hasta el más humilde de los colombianos deben tener la más completa libertad para informarse, para pensar, escribir y explicar lo que está ocurriendo con este extraño proceso de los rehenes en manos del tandem  Chávez-Córdoba.

 

El secretismo y la autocensura hay que rechazarlos pues hacen parte de una estrategia. Al plan pistola de las Farc contra los candidatos y contra los electores que irán a votar en las elecciones regionales[5], se le está tratando de sumar un plan mordaza que beneficiará igualmente a las Farc. La libertad es el fundamento de todos los valores. Amordazarla es el primer paso para adormecer la opinión pública.

 

Esas exigencias de “discreción”, para que los colombianos adopten la actitud del avestruz y para que los funcionarios y los medios sean silenciados, llaman la atención pues coinciden con una ofensiva de mentiras, insultos, calumnias y distorsiones contra el presidente Uribe[6], contra sus ministros[7], contra el TLC, contra la orientación del gobierno ante la liberación de los rehenes y, en general, contra la política interior y exterior del gobierno.  Gracias a esa “prudencia”, en pocos días los medios de información olvidaron el escándalo de Justice for Colombia, que pretende destruir la ayuda militar británica a Colombia[8], subvaloraron las intrigas del senador Gustavo Petro para envenenar las relaciones entre Uribe y el Congreso y la prensa norteamericana, se desentiendieron de las actividades de cierta Ong parisina que trata de deteriorar las relaciones entre Bogotá y París y entre Bogotá y Otawa[9]. Y se hacen los miopes respecto de las actividades de las Farc para instalarse en Caracas y en otras capitales latinoamericanas.

 

Mientras Indepaz exige la desmovilización de los espíritus frente al asunto de los rehenes, los agentes chavistas agitan en Latinoamérica la visión de las Farc frente al “intercambio humanitario”. Un manifiesto firmado por los partidos comunistas latinoamericanos y por sus compañeros de ruta, con el escritor Eduardo Galeano a la cabeza, está circulando por el continente. Al mismo tiempo, los artículos más lunáticos contra la ley de Justicia y Paz, contra los militares colombianos y contra el Plan Patriota circulan en Internet impulsados por los amigos de los Petro, Guillén, Virgina Vallejo y Coronel[10].

 

Eso muestra que la campaña  en curso quiere imponer un modelo: silenciar al gobierno y a la prensa colombiana para que sólo una voz, la de Chávez, se escuche en el mundo acerca de la gestión “humanitaria” para liberar a los rehenes en poder de las Farc.

 

Ese modelo es inaceptable. La información de lo que ocurre en Caracas en ese asunto de los rehenes de las Farc debe circular sin obstáculos y las réplicas a los calumniadores y desinformadores deben llegar a todas partes. La táctica de “esperar a ver qué pasa” con la mediación de Hugo Chávez y doblegarse, finalmente, ante el hecho cumplido, nunca le dio buenos resultados a la diplomacia de ningún país del mundo. Colombia no será la excepción.

 

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[1]   El País, Cali, 17 de octubre de 2007.

[2]   Ibid.

[3]  Refiriéndose a Chávez, el ministro de Defensa dijo, el 18 de octubre pasado, en Washington: “En los últimos tres o cuatro días no hemos visto más de eso (la propaganda); espero que cumpla con lo que ha prometido y veremos qué pasa''. Santos agregó que al gobierno de Uribe le gustaría que ''no se involucre a más gente'' en la mediación. El Nuevo Herald, Miami, 19 de octubre de 2007.

[4]  El Colombiano, Medellín, Colprensa y agencia Efe, 18 de septiembre de 2007.

[5]  Las Farc han amenazado de muerte a todos los candidatos a las alcaldías y a los concejos municipales del país. Hasta hoy, 21 de octubre de 2007, 72 homicidios, 37 atentados contra candidatos y 10 secuestros, sin contar las amenazas, han sido registrados por las autoridades. Estas tratan de dar protección personal a los candidatos pero reconocen que la amplitud de la tarea supera sus capacidades. Nueve mil candidatos solicitaron protección. A todos les fue asignado un policía y 536 tienen esquemas de seguridad. Cerca de 130.000 policías tendrán como misión garantizar la seguridad de las elecciones del  28 de octubre de 2007. El País, Cali, 20 de octubre, El País, Cali, 9 de octubre de 2007. 

[6]   A comienzos de octubre de 2007, el presidente Uribe descubrió que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, había prometido beneficios a alias “Tasmania”, un ex paramilitar encarcelado, para él y su familia, si acusaba al presidente de Colombia de haber ordenado el asesinato de un paramilitar, Alcides Durango. Otro ex paramilitar, miembro de un plan norteamericano de protección de testigos, dijo haber recibido propuestas similares. El presidente Uribe pidió a la Fiscalía verificar los hechos denunciados y por ello fue acusado por el presidente de la CSJ de “obstruir la justicia”. Iván Valásquez negó la acusación de “Tasmania”. Ese episodio suscitó un movimiento de solidaridad con el presidente colombiano.

[7]   “Nunca he tenido relaciones sociales ni personales con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez y no tengo ni idea porqué me preguntan si he tenido nexos con ellos”, declaró el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardí, al rechazar unas declaraciones de Virginia Vallejo, la ex amante del narcotraficante Pablo Escobar, quien dijo haber sido interrogada por la DEA sobre el alto funcionario. Ver  El País, Cali, agencia Efe, agencia Colprensa, octubre 20 de 2007.  

[8]   Ver el artículo de Eduardo Mackenzie ¿Quien es Justice for Colombia?, Webarticulista.net, 4 de octubre de 2007.

[9] Alirio Uribe Muñoz, un abogado activista de la Ong francesa FIDH, viajó a Montreal para criticar el acuerdo de libre cambio suscrito entre Bogotá y Otawa, en julio de 2007, durante la visita oficial del primer ministro Stephen Harper. Alirio Uribe declaró que el ministro Harper se había “equivocado” al dar un “apoyo incondicional” al presidente Alvaro Uribe.  La Presse, Montréal, 20 de octobre de 2007. Desde hace una veintena de años, la FIDH lanza virulentas campañas contra el gobierno y la sociedad colombiana.  

[10]  Como las calumnias que pretendian mostrarlo como un “amigo” de los “paramilitares” de extrema derecha fracasaron, la nueva consigna es acusar al presidente colombiano de haber tenido “buenas relaciones” con conocidos narcotraficantes. En esa campaña se inscriben las recientes insinuaciones de Virginia Vallejo, ex amante del fallecido capo del cartel de Medellín Pablo Escobar, y de los periodistas antiuribistas Guillén y Coronel. Las autoridades han demostrado que tales acusaciones eran infundadas. Ver el cable de la agencia Efe, del 17 de octubre de 2007, así como El Colombiano, Medellín, 17 de octubre de 2007 y El País, Cali, 17 de octubre de 2007.

 

 

*	Periodista colombiano, autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme de combat". Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de 2005.