La
crisis del Polo Democrático Alternativo (PDA) no fue
superada por la reunión de su comité ejecutivo nacional.
La declaración que sale de esa reunión, luego de nueve
horas de intensas discusiones, no permite dudar un
instante al respecto. Esa reunión puso en evidencia, por
el contrario, que la cúspide del PDA sigue atravezada por
fuertes contradicciones, quizás insuperables dentro del
actual marco conceptual y organizacional, y que la
unanimidad tan buscada por ella, para corregir la imagen
negativa dejada por las diatribas de los últimos días, fue
imposible de obtener sobre puntos de enorme importancia.
El de la violencia, por ejemplo. Es falso
decir, como se apresuró a proclamar una radio bogotana[1],
que la declaración rechazó “todas las formas de
violencia”. Si se examina con atención ese texto, tal
fórmula no existe. Lo que los jefes del PDC condenaron son
las formas más extremas de la violencia, pero no la
violencia política en general, a secas, como lo haría un
verdadero partido demócrata.
No hay, en efecto, una sola frase que
condene, por ejemplo, la rebelión armada, la insurrección,
la guerra de guerrillas, los paros armados, los ataques al
ejército y a la policía, a las poblaciones inermes, el
narcotráfico, las extorsiones, el llamado impuesto
revolucionario, el uso de la mentira, de la desinformación
y de la calumnia reiterada contra las autoridades
legítimas, civiles y militares, del país. Es decir, el PDA,
que se dice “civilista”, se acomoda, se somete a la
violencia que ejercen a diario las Farc y el Eln contra
los colombianos y contra las instituciones.
El PDA condena, claro, ciertas formas de
violencia, que él enumera, pero no toda la violencia, ni
el programa totalitario que encarnan y tratan de imponerle
al país las Farc y el Eln. El país no puede equivocarse al
respecto. Una lectura escrupulosa de la declaración del
PDA revela todo esto. Tal tipo de lectura se impone para
que el país no caiga, de nuevo, en engaños cuyos efectos
golpearán la realidad política en un futuro inmediato.
En el único párrafo donde los jefes del
PDA emplean la fórmula « formas violentas de acción » el
propósito de ésta no es señalar a las Farc, ni mucho
menos. Todo lo contrario, el destinatario de la fórmula es
el presidente Alvaro Uribe. El PDA lo acusa en ese texto
de haber ganado las elecciones con el apoyo del
paramilitarismo, insulto supremo que se vuelve contra sus
autores pues, de hecho, los electores, las mayorías del
país, son los agraviados. Los autores de esa declaración
irresponsable llegan incluso a decir que el supuesto
fraude que ellos agitan está “judicialmente probado” lo
que es una mentira descomunal.
Carlos Gaviria Díaz, ex presidente de la
Corte Constitucional, debería explicar al país esa frase.
Pues si tal fraude fuera cierto, y estuviera
“judicialmente probado”, como él pretende, Gaviria Díaz
sería un prevaricador pues él nada hizo desde la
presidencia de la Corte Constitucional para salvar el
orden jurídico del país.
Cierta prensa condescendiente y amiga del
PDA se apresuró a ver en esa declaración lo que ésta no
decía y a darle, en consecuencia, un certificado de
santidad inmerecido.
Este no es el único problema de ese texto.
Si por un lado Carlos Gaviria y consortes aseguran que
rechazan el terrorismo, por el otro retoman, de manera
inequívoca, el discurso de las Farc. Ellos insisten en el
dogma fariano de la “solución política del conflicto
armado” es decir en la capitulación del Estado democrático
ante las aspiraciones de las bandas armadas. Insisten
sobre el llamado “intercambio humanitario”, artefacto
retórico que le permite a las Farc explotar miserablemente
a los rehenes y a los secuestrados para obtener una zona
desmilitarizada.
Los jefes del PDA acusan al gobierno, como
lo hacen las Farc, de impulsar unas “políticas
antidemocráticas, guerreristas y antipopulares”. El tono y
la intencionalidad no dejan dudas. El curioso cónclave que
firmó esa declaración, quien parece creer que la violencia
fue inventada por el presidente Uribe, agrega que las
políticas del gobierno son “contrarias a los intereses
económicos sociales y políticos de los colombianos y al
programa del Polo”.
Que la política de Alvaro Uribe sea
contraria al “programa del Polo”, de acuerdo (aunque
incluso en ese punto se puede disentir pues habría que ver
cual es el llamado “programa del Polo”, que nadie conoce).
En cuanto al resto de la frase la falsedad es mayor.
Si el gobierno colombiano tuviera una
política “antidemocrática, guerrerista y antipopular” eso
ya se sabría. Si ello fuera cierto el pueblo no
respaldaría ampliamente, como lo hace, según todos los
sondeos de opinión, la obra del gobierno. Si ello fuera
cierto, el PDA no podría deliberar, ni criticar durante
media hora al gobierno. Pregúntenle a los disidentes
cubanos cuanto tiempo toman los esbirros de los hermanos
Castro para arrojar en prisión a quien crítica a esa
dictadura. ¿En qué universo mental viven los señores del
Polo?
Al final de la reunión, el senador Gustavo
Petro, contra quien las presiones dentro del Polo se van a
agravar probablemente, lanzó una pica a sus adversarios e
hizo, tal vez sin quererlo, una revelación. “El
debate sobre cómo sacar al país de la guerra apenas
comienza”, dijo. Extraño que un partido fundado hace 15
años y que dice “enmarcar” su acción “en el Estado
Social de Derecho” aborde apenas ahora el tema de la
violencia.
La declaración del PDA abre más
interrogantes que los que cierra. La sinceridad de sus
tesis deja mucho que desear. La inestabilidad continúa.
[1]
Radio Caracol, Bogotá, 20 de septiembre de 2007.
El
sectarismo
sigue
minando al
Polo 