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¿Un halo de esperanza en el expediente
de los rehenes?

Eduardo Mackenzie
martes, 11 diciembre 2007


No hay ningún obstáculo válido, en este momento, para que los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC no comiencen y no logren un protocolo de acuerdo que permita la liberación rápida de los 45 rehenes “políticos” de las FARC.

Las medidas adoptadas en los últimos días por los jefes de Estado de Francia y Colombia, complementarias y convergentes, han abierto una nueva vía a tal liberación.

El presidente francés propuso a las FARC hacer un gesto unilateral. Les pidió liberar a los rehenes. “Sr. Marulanda, no comparto sus ideas, condeno sus métodos. Le pido soltar a Ingrid Betancourt (…) Usted es muy responsable de eso”, lanzó. Por primera vez, un jefe de Estado francés se atrevió a formular las cosas de esa forma, clara y perentoria. Era necesario admitirlo: son las FARC quienes deben liberar a los rehenes, y son ellas los únicos destinatarios de tal exigencia, no el Gobierno colombiano, que no secuestró a nadie. Gracias al Sr. Sarkozy la razón terminó por imponerse en ese asunto. Ya era tiempo.

Las FARC exigían una zona desmilitarizada para negociar tal operación, donde verían, en cambio, la liberación de un grupo de su antiguos combatientes actualmente encarcelados. Ellas tienen ahora, verdaderamente, la posibilidad de acceder a una zona neutral para negociar sin obstáculo. Ya que, después del mensaje de Nicolas Sarkozy, el presidente Alvaro Uribe aceptó la posibilidad de enviar a sus negociadores sin armas a una zona que no se desmilitarizará ya que nunca había sido militarizada. La localización exacta de esa zona será fijada pronto por la Iglesia católica, la cual ha sido encargada por el gobierno, con el Alto Comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, para contactar a los jefes de la guerrilla.

El presidente Alvaro Uribe parece determinado, como el presidente francés, a concluir a corto plazo el doloroso expediente de los rehenes. La difusión de las dramáticas imágenes de Ingrid Betancourt y de las otras personas secuestradas por las FARC, imágenes arrancadas recientemente por los militares colombianos a las FARC, emocionaron con sobrada razón a la comunidad internacional y aumentaron la presión sobre los raptores.

La decisión de Bogotá de aceptar en parte las condiciones de las FARC, permitió a la agencia Reuter concluir, el 7 de diciembre pasado, que “el presidente Uribe abrió quizás una puerta de salida en la crisis de los rehenes”.

La creación de una “zona de encuentro”, dónde no debería haber “puestos militares o de policía que sean desplazados”, para negociar la liberación de los rehenes, es, en efecto, un reversazo espectacular de Bogotá. Esta nueva actitud, las FARC no deberían rechazarla. Si lo hacen, no harán más que aumentar su aislamiento internacional.

“La Iglesia católica nos propuso la creación de una zona de encuentro y el gobierno manifestó su disposición a aceptarla”, explicó a Alvaro Uribe, quien al actuar así tomó por sorpresa a las FARC, ya que repite desde hace meses que no aceptará nunca una zona desmilitarizada. A pesar de todo, el jefe de Estado colombiano impuso dos condiciones minimalistas: las partes que participen en las negociaciones no irán armadas y la zona de 150 Km ² “no debe estar habitada o estarlo muy poco”. El presidente Uribe exige también que los guerrilleros que saldrían de prisión renuncien definitivamente a la lucha armada. Todo eso parece razonable.

La nueva actitud de Bogotá fue saludada por la opinión pública y por los responsables políticos colombianos. “Ahora el balón está en el campo de las FARC”, consideró Mauricio Lizcano, miembro de la Comisión para la Paz del Congreso colombiano. La prensa constata también que numerosos miembros de las familias de rehenes se alegraron con la decisión de Uribe, la cual constituye, a su modo de ver, un abandono de la negación de una zona desmilitarizada, una de sus famosas condiciones “inamovibles”.

Yolanda Pulecio, la madre de Ingrid Betancourt, quien no se priva de lanzar invectivas al presidente colombiano, rindió homenaje al “gesto positivo” de éste. Carolina Pérez, la hija de un diputado rehén de las FARC, está feliz. “Uribe cedió sobre un punto fundamental, la desmilitarización”, dice. “Deseo que las FARC nos ofrezcan un regalo de Navidad aceptando definir rápida y claramente esa zona”, insistió por su parte Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal.

De manera oficiosa, las FARC criticaron, como siempre, la apertura de Uribe, pero el jefe histórico de los terroristas, Manuel Marulanda, sigue callado. ¿Qué oculta ese silencio? ¿Un debate agitado dentro de la dirección nacional de las FARC? ¿La invención de una propuesta sibilina para Nicolas Sarkozy? Posible. Mientras tanto, la extrema izquierda colombiana parece dispuesta a acordar sus violines con los de las FARC. Luis Garzón, personalidad del partido Polo Democrático, afirma que la propuesta del presidente Uribe es “coja” porque eliminaría una de las posiciones del gobierno pero no tendría en cuenta “las solicitudes de las FARC”.

Alcalde saliente de Bogotá, Garzón habla quizá de la condición previa absoluta de las FARC para toda negociación: la desmilitarización de una área de 800 Km² que incluye las regiones de Florida y Pradera (suroeste). Es decir, de una zona cinco veces superior a la propuesta por el presidente Uribe y dónde hay, precisamente, varias bases militares.

Si las posturas más duras se imponen y si las FARC rechazan, una vez más, la liberación de los rehenes, los efectos serán nefastos para las FARC: todo el mundo verá más claro. Y ellas tendrán más dificultad para ocultar su juego. Lo que las FARC buscan a toda costa es, sencillamente, la absolución política de sus crímenes pasados, actuales y futuros. Quieren hacerse pasar por rebeldes respetables y legítimos, quieren que los vean como combatientes del “socialismo del XXI siglo”, como el brazo armado del movimiento “bolivariano”, instrumentalizado por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

¿Cómo llegar a tal mistificación? Imponiendo la desmilitarización de una parte del territorio colombiano para entablar “negociaciones” con el poder “capitalista”. Sea el que sea el objeto de las negociaciones (rehenes u otra cosa), tal operación, con el aval de uno o dos gobiernos extranjeros, señalaría la legitimación de las FARC. Terminaría así la calificación de movimiento terrorista. Ello pondría fin al cordón sanitario creado en torno de ellas por los Estados Unidos y las democracias europeas. Esa es, pues, la meta suprema de la acción de las FARC, el Grial tan buscado desde hace tanto años por los hombres de Manuel Marulanda.

¿El presidente Sarkozy jugará esa carta extrema para obtener la liberación de Ingrid Betancourt? Ojalá que no. Antes, en la época de Jacques Chirac y Dominique de Villepin, el gobierno francés ponía en un mismo saco a las FARC y al gobierno colombiano. París, sin embargo, parece haber superado ese error. Parece haber intuido que los intereses superiores de Colombia están en juego. ¿Si las FARC destruyen una vez más la posibilidad de que los rehenes salgan del horror, entonces quien será capaz de poner término a esa pesadilla que está durando demasiado?

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Periodista colombiano, autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme de combat".
Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de 2005.


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