Nueva campaña de violenta diabolización contra Álvaro Uribe, el presidente de Colombia. Los artífices de la misma son, una vez más, los cabecillas de un partido extremista dirigido por ex guerrilleros, que no saben cómo desmantelar un gobierno liberal-conservador con enorme respaldo popular.

El infundio desgastado de que Álvaro Uribe es un “paramilitar”, o de que Álvaro Uribe es “laxista” con los paramilitares, viejo refrán usado desde hace más de diez años, vuelve a ser lanzado en tono altanero por Gustavo Petro, un senador marxista que abusa de sus prerrogativas, miente sin vergüenza a sus electores y amenaza a la gran prensa que no le hace eco suficiente a sus provocaciones.

Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (PDA), busca con esas gesticulaciones cumplir una vieja ambición: “empapelar al presidente”, “montarle” un juicio de responsabilidad ante el Congreso. “Lo que me interesa ya no es tanto la parapolítica”, dijo Petro a una revista bogotana, refiriéndose a las investigaciones judiciales sobre los nexos supuestos de algunos congresistas con los paramilitares, “lo que quiero es la cabeza del presidente”.

La nueva campaña de Gustavo Petro fue desatada poco después de que el vicepresidente de la República, Francisco Santos, viajara a Madrid para una importante entrevista con Miguel Ángel Moratinos, cuyo tema es la firma, en marzo de 2007, de un Acuerdo de Asociación Estratégica entre España y Colombia. En los mismos días, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Consuelo Araújo, comenzó una gira diplomática por Europa para reforzar los lazos de amistad y cooperación entre Colombia y España, la Gran Bretaña, Bélgica, Suiza y Alemania. El 6 de febrero, el presidente Uribe obtuvo, en Nueva York, nuevo apoyo de la ONU para Colombia, luego de una entrevista con el secretario general Ban Ki-moon. Y, sobre todo, recibió la buena noticia de que Washington continuará su importante ayuda al Plan Colombia, tras un encuentro con Condolezza Rice. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, realizó enseguida una visita a Bruselas para pedir el apoyo de la Unión Europea, de la OTAN y del gobierno belga en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

¿La diatriba de Petro buscaba poner una zancadilla a los esfuerzos de Álvaro Uribe y su equipo por reforzar los lazos de Colombia con potencias extranjeras?

EL PDA fue fundado por ex miembros del grupo terrorista M-19 que entregó las armas y pactó su reconversión a la vida civil con el gobierno en 1990. Pero sus líderes, hoy bajo la tutela del Partido comunista, nunca evolucionaron hacia posiciones democráticas ni aceptaron romper con el marxismo ni con la ideología de la violencia como método para imponer un ideal político. Si esos jefes no han vuelto a tomar las armas, nunca criticaron las violencias de las Farc y del Eln, al mismo tiempo que utilizan el Congreso de la República para impulsar una propaganda de destrucción de la sociedad capitalista.

Como el masivo desmantelamiento de los paramilitares de extrema derecha, el encarcelamiento de sus jefes y el inicio de los procesos judiciales contra éstos se desarrolla normalmente, bajo control del gobierno, del poder judicial y de la OEA, sin que ello eche por tierra el régimen imperante, como lo esperaba el PDA, el exaltado senador saca de nuevo de su cubilete las viejas injurias que el había proferido en ocasiones anteriores contra el jefe de Estado. Esta vez centra sus ataques contra Santiago Uribe, hermano del presidente, quien había sido calumniado por Petro en años anteriores por pura venganza contra su hermano. Ello fue seguido de atentados contra Santiago Uribe por parte de la guerrilla, sin que Petro hubiera jamás podido probar nada contra él.

Esta vez, Petro promete abrir un “debate” en el Congreso para revisar la actuación del Presidente Uribe en 1995, cuando era gobernador del departamento de Antioquia.

Excedido por esas acusaciones, el jefe de Estado replicó con un ímpetu justificado. Rechazó las insinuaciones y le reprochó a Petro su sulfuroso pasado político. “Quienes incendiaron el Palacio de Justicia con los dineros del narcotráfico, simplemente se quitaron el camuflado, se pusieron traje de civil y llegaron al Congreso a querer dictar cátedra de moral al país. Unos lo han hecho muy bien, otros, infortunadamente, pasaron de ser terroristas de camuflado a ser terroristas de traje civil”, declaró el mandatario.

Hace seis años, al final del gobierno de Andrés Pastrana, Colombia se hallaba al borde de un abismo: el terror comunista y paramilitar se combatían ferozmente y se apoderaban, al mismo tiempo, de amplias regiones del país, mientras que comandos de las Farc y del Eln asesinaban civiles y hacían explotar bombas en las ciudades y secuestraban cientos de personas donde podían. Al mismo tiempo, exigían al timorato gobierno, quien creía que doblegaría a la subversión conversando con ella, paralizar las fuerzas armadas y entregar a las Farc la mitad del territorio nacional.

Como el presidente Álvaro Uribe paró en seco esa dinámica suicida de capitulación y de polarización y guerra civil, los terroristas quieren eliminarlo política y físicamente. Pues Uribe convenció a los paramilitares de que se desmovilizaran y empujó, al mismo tiempo, gracias a los esfuerzos de las fuerzas armadas y de los Estados Unidos, a la narco-guerrilla de las Farc hasta sus cuarteles de invierno. Eso no se lo perdonan las Farc ni sus simpatizantes, la extrema izquierda pro-chavista que, con el PDA a la cabeza, siguen soñando con la guerra civil pues saben que ése es el único trampolín que les queda para apoderarse algún día del poder.

Las campañas recurrentes de odio del PDA y consortes contra Uribe es probablemente la concreción de una fase de esos planes siniestros.

El terrorismo hostiga a Álvaro Uribe y a su familia desde hace 25 años. Pues él había tenido el valor de oponerse a los planes expansionistas de las Farc y del Eln en el departamento Antioquia desde que comenzó a hacer política. En 1983, cuando Álvaro Uribe era alcalde de Medellín, su padre Alberto Uribe Sierra fue asesinado por las Farc. En ese mismo atentado su hermano Santiago fue gravemente herido, pero sobrevivió a pesar de que una bala le había destrozado un pulmón. Álvaro Uribe fue elegido después gobernador de Antioquia (1995 a 1997). En 1996, las guerrillas atacaron La Carolina, la finca de Santiago Uribe, y asesinaron al mayordomo. Como no mataron a Santiago Uribe, lo acusaron de ser un “narcotraficante”. La Fiscalía investigó, no los autores del atentado, quienes seguían en libertad, sino a la víctima atacada y calumniada por los terroristas. La Fiscalía interrogó a Santiago Uribe y no encontró nada y archivó el expediente tres años más tarde. En 1997, las Farc intentaron impedir las elecciones en Antioquia. No lo lograron pues el gobernador les hizo frente. En represalia, el ELN atentó contra Álvaro Uribe en el pueblito de San Francisco. El gobernador salió ileso pero los asaltantes dejaron sin vida a un sacerdote que lo acompañaba y secuestraron después a una delegación de la OEA.

Hicieron otro tanto en 2002 cuando Álvaro Uribe era candidato presidencial. Reincidieron durante la ceremonia de pasación del poder: las Farc lanzaron varios morterazos contra el palacio presidencial, matando una decena de habitantes de un barrio pobre. Meses después, intentaron secuestrar a los hijos del mandatario.

Gracias a la derrota que los terroristas están sufriendo por parte de las fuerzas militares y de policía, el jefe de Estado está más protegido que antes. Sin embargo, no lo está frente a las operaciones de diabolización mediática. Colombia no tiene una legislación seria en materia de difamación y la subversión utiliza a fondo esa falla. El PDA cuenta con el desconcierto de la población frente a esa ola de intoxicación y capitaliza la actitud de algunos periodistas que, por razones ideológicas, nunca entendieron el sentido de la lucha de Uribe por la restauración de la autoridad del Estado.

Ese clima turbio que el PDA está creando en las ciudades con fuerte apoyo de la dictadura chavista y de extremistas europeos, podría ser el preámbulo de una nueva serie de atentados contra el jefe de Estado. Sobre todo si no hay una movilización masiva, en las calles, de los partidos y movimientos que apoyan al gobierno, de repudio contra la violenta cruzada difamatoria del PDA.

Pues de lo que se trata es de paralizar la acción del Estado y obligar a Uribe a reducir la presión sobre las Farc. Como no han logrado doblegar al presidente, la subversión trata de destruir moralmente a su familia. En junio de 2005, Gustavo Petro, en una sesión plenaria del Senado, acusó a Santiago Uribe de ser el jefe de una organización paramilitar. Dijo que presentaría las pruebas de ello pero nunca lo hizo. Poco después la finca de Santiago Uribe en Antioquia fue atacada de nuevo e incendiada.

Después de tantos años, ninguno de los adversarios de Álvaro Uribe ha podido probar que él y su familia han tenido vínculos con los paramilitares. El frenético odio contra Uribe viene, en realidad, del hecho de que él es un importante líder democrático latinoamericano, el ejemplo vivo de que el triunfo contra la subversión castrista es posible en Latinoamérica y que la lucha contra el terrorismo comunista, encarnado en Colombia por las Farc, una creación de la derrumbada Unión Soviética, es indispensable para que la libertad, la prosperidad y la democracia representativa sean preservadas en el continente.

Las acusaciones anti-Uribe son absurdas. Álvaro Uribe fue quien abrió la vía a la rendición masiva de los paramilitares. Ningún otro presidente intentó siquiera hacerlo. Ese proceso es un ejemplo para el mundo entero: 31 000 hombres en armas fueron desmovilizados y sus jefes están encarcelados y serán juzgados. No habrá impunidad ni indulto para quienes cometieron delitos atroces. Al mismo tiempo, habrá verdad y reparación para las víctimas de los paramilitares. Una minoría de paramilitares que siguen activos son reprimidos: 1 700 de ellos han sido dados de baja por las fuerzas armadas. Las guerrillas siempre dijeron que el Estado era “paramilitar”. Ellas ven así el derrumbe de su última superchería.

Para Gustavo Petro y su compinche el ex magistrado Carlos Gaviria, candidato presidencial del PDA en 2006, es un crimen haber participado en una reunión de solidaridad con 13 generales de la República que habían sido acusados de los peores crímenes e iban a ser injustamente destituidos. Esos militares habían sido “empapelados” por falsos testigos, un método utilizado con frecuencia por los aparatos de la subversión. Es un crimen también para Petro haber impulsado la cooperación entre la ciudadanía y las autoridades en materia de seguridad. Sin embargo, gracias a esa cooperación centenares de atentados y de secuestros han podido ser frustrados. EL PDA quiere desmantelar esa útil palanca de protección antiterrorista. Por eso el PDA miente a sus electores cuando se presenta como la “izquierda democrática” del país y como una opción “presidencial” para el 2010.

El PDA es, en realidad, una organización liberticida totalitaria que avanza enmascarada. Es un partido al servicio de la dictadura chavista, una repugnante entidad vende-patria que merece el más amplio repudio de los colombianos, amantes de las libertades, de la justicia y de la soberanía nacional.

Pero de tanto estirar la cuerda, el PDA va a cosechar lo que sembró. El país se pregunta qué vínculos existen o existieron entre cierta clase política y los paramilitares. El quiere saber también toda la verdad sobre los vínculos que existen o que existieron entre los cabecillas del PDA y del Partido Comunista con la subversión armada, cuales fueron sus relaciones ideológicas u orgánicas, sobre todo con el M-19, el EPL, las FARC y el ELN. Pues el arrepentimiento y la transparencia y la sanción que se aplican hoy, con razón, a los paramilitares, no pueden ser destinados a sólo uno de los actores de la violencia armada en Colombia. “Paras” y guerrilleros, unos y otros, cuyo paralelismo criminal es equivalente, deben ser interrogados por los jueces. A pesar de las numerosas amnistías que las han protegido, las guerrillas y sus expresiones políticas deben ser expuestas ante los tribunales de justicia.

El senador Petro, que se comporta como alguien que ha perdido todo sentido de la realidad, tiene mucho que aclararle al país sobre su propio pasado político, y el de sus amigos. El PDA debería ver bien lo que hace su líder. Sus excesos lo han llevado muy lejos. ¿La historia de Jerónimo Savonarola le dice algo? El predicador florentino, que buscaba regresar al ideal medieval de fundir poder espiritual y temporal, terminó en 1498 abandonado por sus seguidores, quienes se cansaron de sus excesos. Tras declarar que el Papa Alejandro VI no era Papa, Savonarola fue excomulgado y pereció en la hoguera. El senador Petro cree atacar a una persona cuando ataca al presidente Uribe. En realidad ataca a un recio contrincante y ataca a un pueblo.
 

*	Periodista colombiano, autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme de combat". Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de 2005.