Justice
for Colombia, la Ong inglesa que se empeña en obligar al
primer ministro Gordon Brown a anular la asistencia militar
británica a Colombia, no es una Ong como las otras, es un
grupo controlado políticamente por el
Communist Party of Great Britain (PCGB),
formación auto-liquidada en 1991 pero reconstruida
parcialmente después bajo el nombre de Partido Comunista de
la Gran Bretaña (comité central provisional).
La dirección nacional de Justice for
Colombia (JFC) está integrada por 28 conocidas
personalidades, la fina flor del sindicalismo
“revolucionario” británico. Algunos de ellos son conocidos
por las autoridades de varios países que los han visto
desplegar sus talentos.
Entre los jefes de Justice for Colombia
se encuentran miembros del PCGB (una secta leninista
extremadamente minoritaria pero muy activa en Gran Bretaña)
como la abogada Maggie Bowden, al lado de sindicalistas de
variado pelambre, militantes anticapitalistas y
antiglobalización y enemigos jurados del Nuevo Partido
Laborista de Tony Blair.
La literatura que esa gente ha
introducido en la página web de JFC es claramente
controlada por ideólogos de extrema izquierda. En realidad,
es pura propaganda pro Farc, anti democracia, anti Alvaro
Uribe, anti gobierno colombiano, anti Plan Patriota, anti
fuerzas armadas. Estas últimas son presentadas como un
ejército de sádicos asesinos de maestros de escuela y de
inocentes sindicalistas.
Esos contenidos de intoxicación pretenden
aparecer bajo los ropajes de la acción sindical más legítima
y de la defensa de los derechos humanos en Colombia.
En realidad, Justice for Colombia es un
dispositivo bien estructurado de guerra política,
desinformación y manipulación de la opinión pública
británica en general, y del medio sindical británico en
particular. JFC cuenta con el apoyo de periodistas del
diario The Guardian.
El restringido y semi secreto núcleo que
dirige esa organización probablemente vibra de placer con
sus operaciones en Colombia, pues son nostálgicos de los
buenos tiempos de la KGB soviética y de los excelentes
golpes que ésta le propinaba al mundo libre en tiempos de
Breznev y Andropov.
Pero como ese juego se terminó, al menos
en Europa, ellos se concentran ahora sobre países del Tercer
Mundo que no cayeron en la órbita soviética pero que son
prácticamente indefensos ante las ofensivas de los
combatientes “antiimperialistas”. Estos paladines
disimulados del “comunismo del siglo XXI”, llevan a cabo esa
ofensiva empleando los viejos métodos de la Guerra Fria.
Tales métodos son conocidos por los gobiernos europeos, pero
no, desafortunadamente, por las autoridades de Colombia, y
de otros países en vías de desarrollo, que no saben cómo
hacerle frente a esas operaciones.
Veamos primero qué dice la página web de
JFC. Allí se practica el elogio sin límites de las Farc y
del Eln, así como del buen Tirofijo, “el guerrillero más
viejo del mundo”. Manuel Marulanda es presentado como el
"fundador de las Farc", lo cual es inexacto, y como un
hombre de paz y de diálogo, lo cual es una mentira enorme.
Justice for Colombia no dice una sola
palabra, claro está, sobre los crímenes, masacres,
secuestros y demás atrocidades cometidas durante más de 40
años por esa banda armada comunista, declarada organización
terrorista por la Unión Europea. En cambio, presenta los
esfuerzos de defensa de Colombia como "masivas violaciones
de los derechos humanos".
El mensaje central de JFC, repetido una y
otra vez, con leves variantes, en sus intervenciones, es
éste: “Colombia tiene uno de los peores historiales en el
asunto de derechos humanos en el mundo. Entre numerosas
violaciones, han sido asesinados 4 000 sindicalistas en los
últimos 15 años y se asesinan a más sindicalistas en
Colombia que en todo el resto del mundo. Una mayoría de
estos asesinatos se atribuye a las fuerzas armadas
colombianas y a los paramilitares apoyados por el Estado.”
Ese mensaje es una obra maestra de
propaganda estalinista. La cifra de 4 000 sindicalistas
asesinados no es cierta. Es una invención de la CUT, una
central obrera dirigida por el Partido Comunista. JFC oculta
la enorme parte de responsabilidad de las bandas armadas en
las violaciones de los derechos humanos en Colombia. La
frase que dice que “una mayoría” de esos asesinatos “se
atribuye a las fuerzas armadas colombianas y a los
paramilitares apoyados por el Estado”, es pura
desinformación.
JFC no dice que quien “atribuye” a las
fuerzas armadas esos crímenes son las propias Farc. Lo que
hace JFC es un ejercicio de ventriloquía: ellos retoman las
mentiras de las Farc y hacen creer que son otros quienes las
dicen.
Los asesinatos de sindicalistas y otras
categorías civiles cometidos por las Farc y el Eln son
contados, por JFC, como crímenes del Estado. Las matanzas
cometidas por los paramilitares son atribuidos a las
fuerzas armadas de Colombia pues para JFC los paramilitares
“son apoyados por el Estado”. Eso es totalmente errado.
En ningún momento JFC admitirá que en los
últimos diez años los paramilitares de extrema derecha
fueron objeto de la acción represiva de las fuerzas armadas
colombianas y que en los cinco últimos años 31 000 de esos
paramilitares fueron desarmados y desmovilizados por la
acción gubernamental y que sus jefes están en la cárcel o
fueron abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. En
ningún momento JFC dirá a sus amigos británicos que la
desmovilización de los paramilitares y la política de
firmeza contra los aparatos terroristas mejoró la situación
de la seguridad de la población y ayudó a mejorar la
economía del país.
En ningún momento JFC dirá que la mayor
parte de los asesinatos de miembros de la Unión Patriótica,
un partido fundado por las Farc, así como contra civiles y
ex guerrilleros, fueron la obra de las mismas Farc y de los
carteles de la droga. En ningún caso JFC dirá que las Farc
asesinan miembros de otras guerrillas, como el Eln ahora, y
de otros movimientos armados, como el Epl y el Quintín Lame,
en el pasado.
Con esa propaganda de un cinismo sin
límites JFC intenta modelar la opinión pública británica la
cual ignora todo lo que se relaciona con el calvario
cuotidiano que sufren los colombianos a causa de las Farc.
Las apreciaciones de JFC sobre la vida
politica colombiana son falsificaciones. Los asesinatos de
los carteles de la droga son mostrados como crímenes del
Estado colombiano. Dicen, por ejemplo, que Jaime Pardo Leal,
ex candidato de la UP, fue “asesinado por el ejército
colombiano”. Al pie de una enorme foto de Pablo Escobar,
aseguran que el presidente Alvaro Uribe era un amigo “muy
cercano” del jefe del cartel de Medellin, y que Alberto
Uribe, el padre del presidente Uribe, asesinado por las Farc
(hecho que es desde luego ocultado) es injuriado como un
"reconocido traficante de drogas". Esas calumnias son
repugnantes.
Para no perder totalmente su credibilidad
ante los sectores informados, organismos como Human Rights
Watch y Ammesty International matizan sus apreciaciones,
hacen la distinción entre civiles y combatientes, reconocen
que los terroristas se disimulan a veces entre la población
y que algunos utilizan los sindicatos para ocultar sus
actos. Esas dos Ong llegan incluso, de manera muy
esporádica, a criticar la acción criminal de las Farc y del
Eln, y a señalarlas como autoras de muertes de civiles. Ese
no es el caso de JFC. El panorama que esa organización
presenta de Colombia es simple: el Estado, el gobierno y las
fuerzas armadas son los culpables.
No se sabe quien es verdadero jefe de
Justice for Colombia. Brendan Barber, secretario general del
TUC (Trades Union Congress), aparece como el presidente de
JFC. Ese cargo es, sin embargo, una ficción. Esa posición ni
siquiera es mencionada en la detallada biografia de Barber
que la página web del TUC ofrece, donde se explica que
Barber “is an avid supporter of Everton Football Club”.
Tampoco se sabe quien es el tesorero de
JFC. En todo caso sí se sabe que esta curiosa Ong tiene
mucho dinero. Pues su oficina principal está ubicada en un
sector carísimo de Londres y desde 2002 ha organizado y
pagado doce viajes a Colombia, y no de uno o dos delegados
sólamente sino de nutridas delegaciones que recorren el pais
a sus anchas, en toda libertad, y con la venia de las
autoridades colombianas, y durante una o varias semanas.
¿De dónde salen los miles de libras
esterlinas que cuestan esa oficina y esos viajes y las
operaciones de promoción de JFC en Gran Bretaña y en Europa?
¿De los sindicatos ingleses? La prensa británica debería
interesarse por ese expediente.
Algunos de los delegados de JFC incluso
han recorrido las montañas de Sumapaz y otras localidades
específicas que poco tienen que ver con la situación de los
sindicatos y si mucho que ver con las zonas que las Farc
consideran bajo su influencia. Las campañas de JFC son un
excelente pretexto para facilitar el turismo revolucionario
de extremistas británicos y los contactos directos con
actores subversivos.
Sin embargo, activistas y dirigentes del
Polo Democrático, entre quienes se destacan Wilson Borja,
Alex Lopez y Carlos Gaviria, hacen parte de los
interlocutores más frecuentes de Justice for Colombia. En
noviembre de 2003, Wilson Borja dictó una charla en Londres,
con el patrocinio de JFC y del diario The Guardian.
El tema fue: “Conflict in Colombia: Britain’s Secret war?”.
En cambio, los dirigentes del Partido Comunista de Colombia,
sector dirigente del PD, se cuidan mucho de aparecer en las
fotos de los encuentros y eventos de JFC.
No obstante, la prensa comunista es
mostrada como la única libre de Colombia, pues el resto de
ésta es, según JFC, "duramente controlada", sobre todo el
diario El Tiempo. Voz proletaria y hasta una
version en ingles de Voz es recomendada por la página
web en cuestión.
Los propagandistas de JFC utilizan el
método de la información truncada. Jamás publican noticias
ni de la prensa colombiana ni de la prensa internacional,
pues ese tipo de información, con hechos reales y completos,
con fechas y nombre de autor, es un peligro para su trabajo
de intoxicación.
La obsesión de ellos es sembrar en la
cabeza de la ciudadanía británica la idea de que el gobierno
colombiano es una especie de atroz dictadura civil sin
control alguno, que dispone a su antojo de unas fuerzas
armadas y de policia que asesinan a los miembros de la
oposición civil, y, sobre todo, a los maestros de escuela,
a los alumnos y a los sindicalistas. Y que en Colombia
existen “prisioneros políticos”, es decir, maestros de
escuela, educadores y sindicalistas que son encarcelados,
torturados y asesinados por ser maestros de escuela,
educadores y sindicalistas.
Los secuestradores y guerrilleros
encarcelados por haber cometido todo tipo de crímenes no
existen para JFC, o existen sólo bajo la etiqueta de
“prisioneros políticos”. Desde luego, la información acerca
de dónde, cuándo, cómo y por qué esos individuos fueron
capturados y juzgados, no aparece jamás en los documentos y
discursos lanzados en los actos y “conferencias” de JFC.
Los oradores que van de Colombia a hablar
ante las reuniones de JFC evocan asesinatos de maestros y de
“activistas políticos” en abstracto, sin dar nombres,
fechas, lugares, ni otros detalles que permitirían a
cualquier persona verificar ulteriormente la exactitud de
tales afirmaciones.
Hace unos días, un individuo presentado
como “dirigente” de un sindicato colombiano, habló ante un
congreso de ATL (un sindicato británico de educadores). Su
discurso fue una copia fiel del discurso tipo de JFC sobre
el supuesto asesinato de educadores. El tono y la opacidad
de las “informaciones” presentadas eran idénticos al de JFC.
¿Por qué asesinan a los maestros en Colombia? se preguntó el
orador. Su respuesta: “Porque es un sector organizado que
hace denuncias”. El agregó algo que no podía faltar: que en
Colombia los educadores y los jóvenes son asesinados “por
las opiniones que tienen acerca de la pobreza social”. El
hombre aseguró, además, que las “escuelas son utilizadas por
el Ejército como campamentos militares”.
En ningún momento ese supuesto “testigo”
dió el menor dato sobre la fecha, lugar y circunstancias de
tales matanzas y abusos. Lo que no olvidó fue recitar las
fórmulas convenidas contra el presidente Uribe y pedir que
la ayuda militar británica a Colombia fuera suspendida.
Cuando se habla así ante un auditorio es
claro que el orador no busca convencer a nadie. Tales
actores no tratan de explicar nada. Lo que pretenden es
asestar impúnemente unas cuantas mentiras vagas y doloristas
a un auditorio dispuesto a creer lo que oye. Por
indiferencia, o por creer en el conocido estereotipo que
dice que todos los gobiernos del Tercer Mundo son represivos
y culpables de violaciones de los derechos humanos, el
auditorio sale convencido de que Colombia es victima de una
violencia oficial, de una politica de Estado de
exterminación de la población.
El grupo JFC oculta todas los datos
estadisticos, no controvertidos por nadie en Colombia, sobre
los progresos espectaculares en materia de seguridad que el
Estado y la sociedad civil han logrado en los últimos cinco
años, gracias a la política de seguridad democrática. El
grupo JFC oculta, en particular, el hecho importante de que
el Estado colombiano tiene un programa bastante exitoso de
protección de sindicalistas, creado en 1997, el cual redujo
considerablemente los atentados contra los sindicalistas. El
JFC oculta también el hecho de que el DAS gastó 11 millones
de dólares en 2007 y empleó 502 funcionarios en la
protección de una buena parte de los dirigentes sindicales
colombianos[1].
Veamos ahora la trayectoria de algunos de
los miembros del “comité director” de JFC.
Simon Steyne, secretario confederal del
TUC (Trade Union Congress), que se presenta como “miembro de
la OIT”, es conocido por su heróica campaña europea, a
finales de los 90, contra la pijama Pocahontas, la cual era
símbolo, según él, de la “explotación de los obreros”.
Steyne es un admirador del coronel Hugo Chavez Frias. Este
lo recibió en mayo de 2006, en el palacio de Miraflores,
cuando Steyne fue a confesarle su admiración ante el
“progreso social hecho por el gobierno bolivariano”.
Steyne estuvo en Cali en febrero de 2004
y poco le faltó para ser “testigo” de un atentado
antisindical. En efecto, cinco horas después de la salida de
Steyne y de su comitiva, un joven, luego de ser amenazado de
muerte por desconocidos, colocó a la entrada de Sintraemcali,
un petardo que no estalló. ¿Atentado real o autoatentado? No
se sabe. Ese sindicato acusó, en todo caso, al gobierno de
ser el instigador de tal incidente.
Mary Bousted,
secretaria general de ATL, también visitó a Colombia durante
un viaje organizado por JFC para dirigentes del TUC. Al
regresar a Londres ella escribió un artículo en donde afirma
que desde que el presidente Uribe llegó al poder,
“453 sindicalistas fueron asesinados” por “trabajar con un
sindicato, hablar contra la injusticia social y denunciar
los abusos perpetrados por el Estado contra los ciudadanos
más pobres”. Esa interpretación monstruosa de la realidad
la reforzó con otro acto: no dijo nada acerca de las Farc,
ni de las matanzas, éstas si muy reales, de campesinos,
maestros de escuela, indígenas, alcaldes, concejales
municipales y diputados departamentales que ellas cometen a
diario. Probablemente para Bousted los crímenes que cometen
la guerrillas “de izquierda” no son crímenes.
Es evidente que Mary Bousted no fue a
Colombia a tratar de descubir con sus propios ojos una
realidad. Ella fue a beber las mentiras que le dirían los
activistas de izquierda. Esa negación del acto de examinar
imparcialmente, con honestidad, lo que ocurre en Colombia es
el acto fundador de los dirigentes de JFC. Sus
interlocutores abusaron de ella, para fanatizarla. Su
descripción de Colombia prueba que lo lograron.
Sally Kosky, es dirigente de Unite, otro
sindicato de profesores. Ella es víctima, como Bousted, de
un enfoque manipulador. Ella asegura que en Colombia hay
“320 mujeres presas politicas, muchas de ellas
sindicalistas”. Dice que el ejército colombiano “viola a las
mujeres, como parte de sus ataques terroristas en compañía
de los paramilitares”. Asegura que desde que Alvaro Uribe
fue elegido presidente de la República la violación de los
derechos humanos aumentó “un 600%” y que “68 mujeres
sindicalistas fueron asesinadas”. Sally Kosky nunca explica
de dónde saca esas cifras alucinantes.
Sally Kosky tampoco dice nada acerca de
las Farc, entidad fantasma para ella pues la única vez que
la mencionó fue para decir que “el ejército y sus aliados
los paramilitares de extrema derecha” usan esa organización
como pretexto para “torturar y asesinar sindicalistas”.
Steve Jones es otro dirigente de JFC.
Miembro del sindicato de los trabajadores de la
comunicación, el es simpatizante del partido marxista
británico SWP, que dirige campañas contra los gobiernos de
Gordon Brown, Romano Prodi y otros “agentes del
neoliberalismo”, como el mismo Lula del Brasil. En cuanto a
Hugo Chávez y su epígono boliviano, Morales, el SWP no
ahorra sus elogios. Este es amigo también de los zapatistas
mexicanos y del mayor grupo troskista francés, la LCR.
Gemma Tumelty es lider del National Union
of the United Kingdom (NUS). Ella
se dice miembro del Partido Laborista pero no fue aceptada
como candidata de la rama estudiantil de ese partido pues es
conocida por sus posiciones anti Tony Blair. Ella trabaja
con el TUC y hace parte de la directiva de JFC.
Brian Caton, un socialista radical, es
secretario general de una asociación de guardianes de
prisión.
Louise Richards, es la jefa de un
movimiento que se hace llamar War on Want, conocido en
Colombia por sus campañas contra las flores colombianas.
Ella dirige campañas también contra Coca Cola en India y
contra las privatizaciones en Francia y en Estados Unidos,
con el argumento de que esas privatizaciones “aumentan la
pobreza”. Ella es ardiente partidaria de que el gobierno
británico boicotee y sancione a Israel. Ella cree que esas
sanciones “fortalecerán el proceso de paz con los
palestinos”. El presidente Uribe es descrito por ella como
un dictador de extrema derecha. Louise Richards visitó a
Colombia en febrero de 2004.
Paul Noon, también trabaja con el TUC y
es el “general secretary” de Prospect, un pequeño sindicato
que agrupa ingenieros y tecnólogos profesionales. El no
vaciló en lanzar una campaña de difamación contra el
embajador de Colombia en Gran Bretaña, Alfonso López
Caballero, en noviembre de 2004, porque éste se atrevió a
exigirles visa a un grupo de activistas de JFC que quería
entrar al país.
Maggie Bowden, es una abogada retirada
que admira a Fidel Castro y al presidente Chávez y que
sostiene estrechos contactos con la embajada de Venezuela en
Londres. Ella funge como secretaria general de Liberation,
un grupúsculo “antiimperialista” y “anticolonialista”. Ella
estuvo involucrada en 1997 en un obscuro asunto de policía
en Suiza. Uno de sus recomendados, un tal Anup Chetia,
quería hablar ante la subcomisión de derechos humanos de
Naciones Unidas en Ginebra, para denunciar supuestas
“atrocidades” que, según él, el ejército indio había
cometido. Al final, se descubrió que contra ese individuo
había una orden de captura de Interpol pues él había huído
de India luego de ser inculpado por asesinato y extorsión de
fondos. La organización de Maggie Bowden no sólo había
patrocinado la intrusión de ese prófugo en los locales de la
ONU sino que le había ayudado a utilizar una doble
personalidad: su pasaporte de Bangladesh y su visa suiza
estaban a nombre de John David Salomar. Luego de ser
interrogado por la seguridad de la ONU, Chetia se escabulló
y desapareció sin dejar rastro. Maggie Bowden nunca pudo
explicar por qué ella había apoyado a Anup Chetia[2].
Estos son algunos de los activistas que
se interesan por “la justicia” en Colombia.
¿Cómo es posible que la embajada de
Colombia en Gran Bretaña haya permitido que ese grupúsculo
se constituyera sin denunciarlo desde el comienzo, sobre
todo ante las bases del Partido Laborista y del movimiento
sindical británico, y ante la opinión pública colombiana,
como un instrumento de desinformación ?
¿Cómo es posible que la Embajada de
Colombia en Gran Bretaña no haya intentado acudir a la
justicia para sancionar a los autores de la violenta campaña
de intimidaciones, calumnias e injurias lanzadas por JFC
contra el jefe de Estado colombiano y su familia?
Por esa negligencia, JFC se consolidó y
logró impresionar y movilizar a líderes importantes del
laborismo británico, como Tony Lloyd y Mike Griffiths,
quienes son los que están ejerciendo hoy presión sobre el
primer ministro Gordon Brown.
El mal está hecho pero no todo está
perdido. Si Colombia reacciona, y logra hacer llegar
información equilibrada a la opinión pública británica y a
sus autoridades sobre el combate de la democracia colombiana
por su supervivencia, sobre el terrorismo marxista y el
drama de los secuestros y de los atentados, Gordon Brown
estará en mejores condiciones para resistir la presión de
los grupos extremistas de su país.
[2]
Ver la declaración de Arundhati Ghose, ex embajador de
India ante la oficina de la ONU en Ginebra, intitulado
Terrorists, Human Rights and the United Nations.
Consultable en Internet.
* |
Periodista
colombiano,
autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme
de combat".
Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de
2005. |