Inicio | Editor | Contáctenos 
 

¿Quien es Justice for Colombia?
Eduardo Mackenzie
martes, 2 octubre 2007


Justice for Colombia, la Ong inglesa que se empeña en obligar al primer ministro Gordon Brown a anular la asistencia militar británica a Colombia, no es una Ong como las otras, es un grupo controlado políticamente por el Communist Party of Great Britain (PCGB), formación auto-liquidada en 1991 pero reconstruida parcialmente después bajo el nombre de Partido Comunista de la Gran Bretaña (comité central provisional).  

La dirección nacional de Justice for Colombia (JFC) está integrada por 28 conocidas personalidades, la fina flor del sindicalismo “revolucionario” británico. Algunos de ellos son conocidos por las autoridades de varios países que los han visto desplegar sus talentos.

 

Entre los jefes de  Justice for Colombia se encuentran miembros del PCGB (una secta leninista extremadamente minoritaria pero muy activa en Gran Bretaña) como la abogada Maggie Bowden, al lado de sindicalistas de variado pelambre, militantes anticapitalistas y antiglobalización y enemigos jurados del Nuevo Partido Laborista de Tony Blair.

 

La literatura que esa gente ha introducido en la página web  de JFC es claramente controlada por ideólogos de extrema izquierda. En realidad, es pura propaganda pro Farc, anti democracia, anti Alvaro Uribe,  anti gobierno colombiano,  anti Plan Patriota, anti fuerzas armadas. Estas últimas son presentadas como un ejército de sádicos asesinos de maestros de escuela y de inocentes sindicalistas.

 

Esos contenidos de intoxicación pretenden aparecer bajo los ropajes de la acción sindical más legítima y de la defensa de los derechos humanos en Colombia.

 

En realidad, Justice for Colombia es un dispositivo bien estructurado de guerra política, desinformación y manipulación de la opinión pública británica en general, y del medio sindical británico en particular. JFC cuenta con el apoyo de periodistas del diario The Guardian.

 

El restringido y semi secreto núcleo que dirige esa organización probablemente vibra de placer con sus operaciones en Colombia, pues son nostálgicos de los buenos tiempos de la KGB soviética y de los excelentes golpes que ésta le propinaba al mundo libre en tiempos de Breznev y Andropov.

 

Pero como ese juego se terminó, al menos en Europa, ellos se concentran ahora sobre países del Tercer Mundo que no cayeron en la órbita soviética pero que son prácticamente indefensos ante las ofensivas de los combatientes “antiimperialistas”.  Estos paladines disimulados del “comunismo del siglo XXI”, llevan a cabo esa ofensiva empleando los viejos métodos de la Guerra Fria. Tales métodos son conocidos por los gobiernos europeos, pero no, desafortunadamente, por las autoridades de Colombia, y de otros países en vías de desarrollo, que no saben cómo hacerle frente a esas operaciones.

 

Veamos primero qué dice la página web de JFC. Allí se practica el elogio sin límites de las Farc y del Eln, así como del buen Tirofijo, “el guerrillero más viejo del mundo”. Manuel Marulanda  es presentado  como el "fundador de las Farc", lo cual es inexacto, y como un hombre de paz y de diálogo, lo cual es una mentira enorme.

 

Justice for Colombia  no dice una sola palabra, claro está, sobre los crímenes, masacres, secuestros y demás atrocidades cometidas durante más de 40 años por esa banda armada comunista, declarada organización terrorista por la Unión Europea. En cambio, presenta los esfuerzos de defensa  de Colombia como  "masivas violaciones de los derechos humanos".

 

El mensaje central de JFC, repetido una y otra vez, con leves variantes, en sus intervenciones,  es éste: “Colombia tiene uno de los peores historiales en el asunto de derechos humanos en el mundo. Entre numerosas violaciones, han sido asesinados 4 000 sindicalistas en los últimos 15 años y se asesinan a más sindicalistas en Colombia que en todo el resto del mundo. Una mayoría de estos asesinatos se atribuye a las fuerzas armadas colombianas y a los paramilitares apoyados por el Estado.”

 

Ese mensaje es una obra maestra de propaganda estalinista. La cifra de 4 000 sindicalistas asesinados no es cierta. Es una invención de la CUT, una central obrera dirigida por el Partido Comunista. JFC oculta la enorme parte de responsabilidad de las bandas armadas en las violaciones de los derechos humanos en Colombia. La  frase que dice que “una mayoría” de esos asesinatos “se atribuye a las fuerzas armadas colombianas y a los paramilitares apoyados por el Estado”, es pura desinformación.

 

JFC no dice que quien “atribuye” a las fuerzas armadas esos crímenes son las propias Farc. Lo que hace JFC es un ejercicio de ventriloquía: ellos retoman las mentiras de las Farc y hacen creer que son otros quienes las dicen.  

 

Los asesinatos de sindicalistas y otras categorías civiles cometidos por las Farc y el Eln son contados, por JFC, como crímenes del Estado. Las matanzas cometidas por los paramilitares son  atribuidos a las fuerzas armadas de Colombia pues para JFC los paramilitares “son apoyados por el Estado”. Eso es totalmente errado.

 

En ningún momento JFC admitirá que en los últimos diez años los paramilitares de extrema derecha fueron objeto de la acción represiva de las fuerzas armadas colombianas y que en los cinco últimos años 31 000 de esos paramilitares fueron desarmados y desmovilizados por la acción gubernamental y que sus jefes están en la cárcel o fueron abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. En ningún momento JFC dirá a sus amigos británicos que la desmovilización de los paramilitares y la política de firmeza contra los aparatos terroristas mejoró la situación de la seguridad de la población y ayudó a mejorar la economía del país.

 

En ningún momento JFC dirá que la mayor parte de los asesinatos de miembros  de la Unión Patriótica, un partido fundado por las Farc, así como contra civiles y ex guerrilleros, fueron la obra de las mismas Farc y de los carteles de la droga. En ningún caso JFC dirá que las Farc asesinan miembros de otras guerrillas, como el Eln ahora, y de otros movimientos armados, como el Epl y el Quintín Lame, en el pasado.  

 

Con esa propaganda de un cinismo sin límites JFC intenta modelar la opinión pública británica la cual  ignora todo lo que se relaciona con el calvario cuotidiano que sufren los colombianos a causa de las Farc.

 

Las apreciaciones de JFC sobre la vida politica colombiana son  falsificaciones.  Los asesinatos de los carteles de la droga son mostrados como crímenes del Estado colombiano. Dicen, por ejemplo, que Jaime Pardo Leal, ex candidato de la UP, fue “asesinado por el ejército colombiano”. Al pie de una enorme foto de Pablo Escobar, aseguran que el presidente Alvaro Uribe era un amigo “muy cercano”  del jefe del cartel de Medellin, y que Alberto Uribe, el padre del presidente Uribe, asesinado por las Farc (hecho que es desde luego ocultado) es injuriado como un "reconocido traficante de drogas". Esas calumnias son repugnantes.

 

Para no perder totalmente su credibilidad ante los sectores informados, organismos como Human Rights Watch y Ammesty International matizan sus apreciaciones, hacen la distinción entre civiles y combatientes, reconocen que los terroristas se disimulan a veces entre la población y que algunos utilizan los sindicatos para ocultar sus actos. Esas dos Ong llegan incluso, de manera muy esporádica, a criticar la acción criminal de las Farc y del Eln, y a señalarlas como autoras de muertes de civiles. Ese no es el caso de JFC. El panorama que esa organización presenta de Colombia es simple: el Estado, el gobierno y las fuerzas armadas son los culpables.

 

No se sabe quien es verdadero jefe de Justice for Colombia. Brendan Barber, secretario general del TUC (Trades Union Congress), aparece como el presidente de JFC. Ese cargo es, sin embargo, una ficción. Esa posición ni siquiera es mencionada en la detallada biografia de Barber que la página web del TUC ofrece, donde se explica que Barber “is an avid supporter of Everton Football Club”.

 

Tampoco se sabe quien es el tesorero de JFC. En todo caso sí se sabe que esta curiosa Ong tiene mucho dinero. Pues su oficina principal está ubicada en un sector carísimo de Londres y desde 2002 ha organizado y pagado doce viajes a Colombia, y no de uno o dos delegados sólamente sino de nutridas delegaciones que recorren el pais a sus anchas, en toda libertad, y con la venia de las autoridades colombianas, y durante una o varias semanas.

 

¿De dónde salen los miles de libras esterlinas que cuestan esa oficina y esos viajes y las operaciones de promoción de JFC en Gran Bretaña y en Europa? ¿De los sindicatos ingleses? La prensa británica debería interesarse por ese expediente.

 

Algunos de los delegados de JFC incluso han recorrido las montañas de Sumapaz y otras localidades específicas que poco tienen que ver con la situación de los sindicatos y si mucho que ver con las zonas que las Farc consideran bajo su influencia. Las campañas de  JFC son un excelente pretexto para facilitar el turismo revolucionario de extremistas británicos y los contactos directos con actores subversivos.

 

Sin embargo, activistas y dirigentes del Polo Democrático, entre quienes se destacan Wilson Borja, Alex Lopez y Carlos Gaviria, hacen parte de los interlocutores más frecuentes de Justice for Colombia. En noviembre de 2003, Wilson Borja dictó una charla en Londres, con el patrocinio de JFC y del diario The Guardian. El tema fue: “Conflict in Colombia: Britain’s Secret war?”. En cambio, los dirigentes del Partido Comunista de Colombia, sector dirigente del PD, se cuidan mucho de aparecer en las fotos de los encuentros y eventos de JFC.

 

No obstante, la prensa comunista es mostrada como la única libre de Colombia, pues el resto de ésta es, según JFC, "duramente controlada", sobre todo el diario El Tiempo. Voz proletaria y hasta una version en ingles de Voz es recomendada por la página web en cuestión.

 

Los propagandistas de JFC utilizan el método de la información truncada. Jamás publican noticias ni de la prensa colombiana ni de la prensa internacional, pues ese tipo de información, con hechos reales y completos, con fechas y nombre de autor, es un peligro para su trabajo de intoxicación.

 

La obsesión de ellos es  sembrar en la cabeza de la ciudadanía británica la idea de que el gobierno colombiano es una especie de atroz dictadura civil sin control alguno, que dispone a su antojo de unas fuerzas armadas y de policia que asesinan a los miembros de la oposición civil, y, sobre todo, a  los maestros de escuela, a los alumnos y a los sindicalistas. Y que en Colombia existen “prisioneros políticos”, es decir, maestros de escuela, educadores y sindicalistas que son encarcelados, torturados y asesinados por ser maestros de escuela, educadores y sindicalistas.

 

Los secuestradores y guerrilleros encarcelados por haber cometido todo tipo de crímenes no existen para JFC, o existen sólo bajo la etiqueta de “prisioneros políticos”. Desde luego, la información acerca de dónde, cuándo, cómo y por qué esos individuos fueron capturados y juzgados, no aparece jamás en los documentos y  discursos lanzados en los actos y “conferencias” de JFC.

 

Los oradores que van de Colombia a hablar ante las reuniones de JFC evocan asesinatos de maestros y de “activistas políticos” en abstracto, sin dar nombres, fechas, lugares, ni otros detalles que permitirían  a cualquier persona verificar ulteriormente la exactitud de tales afirmaciones.

 

Hace unos días, un individuo presentado como “dirigente” de un sindicato colombiano, habló ante un congreso de ATL (un sindicato británico de educadores). Su discurso fue una copia fiel del discurso tipo de JFC sobre el supuesto asesinato de educadores. El tono y la opacidad de las “informaciones” presentadas eran idénticos al de JFC. ¿Por qué asesinan a los maestros en Colombia? se preguntó el orador.  Su respuesta: “Porque es un sector organizado que hace denuncias”.  El agregó algo que no podía faltar: que en Colombia los educadores y los jóvenes son asesinados “por las opiniones que tienen acerca de la pobreza social”. El hombre aseguró, además, que las “escuelas son utilizadas por el Ejército como campamentos militares”.

 

En ningún momento ese supuesto “testigo” dió el menor dato sobre la  fecha, lugar y circunstancias de tales matanzas y abusos. Lo que no olvidó fue recitar las fórmulas convenidas contra el presidente Uribe y pedir que la ayuda militar británica a Colombia fuera suspendida.

 

Cuando se habla así ante un auditorio es claro que el orador no busca convencer a nadie. Tales actores no tratan de explicar nada. Lo que pretenden es asestar impúnemente unas cuantas mentiras vagas y doloristas a un auditorio dispuesto a creer lo que oye. Por indiferencia, o por creer en el  conocido  estereotipo que dice que todos los gobiernos del Tercer Mundo son represivos y culpables de violaciones de los derechos humanos, el auditorio sale convencido de que Colombia es victima de una violencia oficial, de una politica de Estado de exterminación de la población.

 

El grupo JFC oculta todas los datos estadisticos, no controvertidos por nadie en Colombia, sobre los progresos espectaculares en materia de seguridad que el Estado y la sociedad civil han logrado en los últimos cinco años, gracias a la política de seguridad democrática. El grupo JFC oculta, en particular, el hecho importante de que el Estado colombiano tiene un programa bastante exitoso de protección de sindicalistas, creado en 1997, el cual redujo considerablemente los atentados contra los sindicalistas. El JFC oculta también el hecho de que el DAS gastó 11 millones de dólares  en 2007 y empleó 502 funcionarios en la protección de una buena parte de los dirigentes sindicales colombianos[1]

 

Veamos ahora la trayectoria de algunos de los miembros del “comité director” de JFC.

 

Simon Steyne, secretario confederal del TUC (Trade Union Congress), que se presenta como “miembro de la OIT”, es conocido por su heróica campaña europea, a finales de los 90,  contra la pijama Pocahontas, la cual era símbolo, según él, de la “explotación de los obreros”. Steyne es un admirador del coronel Hugo Chavez Frias. Este lo recibió en mayo de 2006, en el palacio de Miraflores, cuando Steyne fue a confesarle su admiración ante el “progreso social hecho por el gobierno bolivariano”.

 

Steyne estuvo en Cali en febrero de 2004 y poco le faltó para ser “testigo” de un atentado antisindical. En efecto, cinco horas después de la salida de Steyne y de su comitiva, un joven, luego de ser amenazado de muerte por desconocidos, colocó a la entrada de Sintraemcali, un petardo que no estalló. ¿Atentado real o autoatentado? No se sabe. Ese sindicato acusó, en todo caso, al gobierno de ser el instigador de tal incidente.

 

Mary Bousted, secretaria general de ATL, también visitó a Colombia durante un viaje organizado por JFC para dirigentes del  TUC. Al regresar a Londres ella escribió un artículo en donde afirma que desde que el presidente Uribe llegó al poder, “453 sindicalistas fueron asesinados” por  “trabajar con un sindicato, hablar contra la injusticia social y denunciar los abusos perpetrados por el Estado contra los ciudadanos más pobres”.  Esa interpretación monstruosa de la realidad la reforzó con otro acto: no dijo nada acerca de las Farc, ni de las matanzas, éstas si muy reales, de campesinos, maestros de escuela,  indígenas, alcaldes, concejales municipales y diputados departamentales que ellas cometen a diario. Probablemente para Bousted los crímenes que cometen la guerrillas “de izquierda” no son crímenes.

 

Es evidente que Mary Bousted no fue a Colombia a tratar de descubir con sus propios ojos una realidad. Ella fue a beber las mentiras que le dirían los activistas de izquierda. Esa negación del acto de examinar imparcialmente, con honestidad, lo que ocurre en Colombia es el acto fundador de los dirigentes de JFC.  Sus interlocutores abusaron de ella, para fanatizarla.  Su descripción de Colombia prueba que lo lograron. 

 

Sally Kosky, es dirigente de Unite, otro sindicato de profesores. Ella es víctima, como Bousted, de un enfoque manipulador. Ella asegura que en Colombia hay “320 mujeres presas politicas, muchas de ellas sindicalistas”. Dice que el ejército colombiano “viola a las mujeres, como parte de sus ataques terroristas en compañía de los paramilitares”. Asegura que desde que Alvaro Uribe fue elegido presidente de la República la violación de los derechos humanos aumentó “un 600%” y que “68 mujeres sindicalistas fueron asesinadas”. Sally Kosky nunca explica de dónde saca esas cifras alucinantes.

 

Sally Kosky tampoco dice nada acerca de las Farc, entidad fantasma para ella pues la única vez que la mencionó fue para decir que “el ejército y sus aliados los paramilitares de extrema derecha” usan esa organización como pretexto para “torturar y asesinar sindicalistas”.

 

Steve  Jones es otro dirigente de JFC. Miembro del sindicato de los trabajadores de la comunicación, el es simpatizante del partido marxista británico SWP, que dirige campañas contra los gobiernos de Gordon Brown, Romano Prodi y otros “agentes del neoliberalismo”, como el mismo Lula del Brasil. En cuanto a Hugo Chávez y su epígono boliviano, Morales, el SWP no ahorra sus elogios. Este es amigo también de los zapatistas mexicanos y del mayor grupo troskista francés, la LCR.

 

Gemma Tumelty es lider del National Union of the United Kingdom (NUS). Ella se dice miembro del Partido Laborista pero no fue aceptada como candidata de la rama estudiantil de ese partido pues es conocida por sus posiciones anti Tony Blair. Ella trabaja con el TUC y hace parte de la directiva de JFC.

 

Brian Caton, un socialista radical, es secretario general de una asociación de guardianes de prisión.

 

Louise Richards, es la jefa de un movimiento que se hace llamar War on Want, conocido en Colombia por sus campañas contra las flores colombianas. Ella dirige campañas también contra Coca Cola en India y contra las privatizaciones en Francia y en Estados Unidos, con el argumento de que esas privatizaciones “aumentan la pobreza”. Ella es ardiente partidaria de que el gobierno británico boicotee y sancione a Israel. Ella cree que esas sanciones “fortalecerán el proceso de paz con los palestinos”. El presidente Uribe es descrito por ella como un dictador de extrema derecha. Louise Richards visitó a Colombia en febrero de 2004.

 

Paul Noon, también trabaja con el TUC y  es el “general secretary” de Prospect, un pequeño sindicato que agrupa ingenieros y tecnólogos profesionales. El no vaciló en lanzar una campaña de difamación contra el embajador de Colombia en Gran Bretaña, Alfonso López Caballero, en noviembre de 2004, porque éste se atrevió a exigirles visa a un grupo de activistas de JFC que quería entrar al país.

 

Maggie Bowden, es una abogada retirada que admira a Fidel Castro y al presidente Chávez y que sostiene estrechos contactos con la embajada de Venezuela en Londres. Ella funge como secretaria general de Liberation, un grupúsculo “antiimperialista” y “anticolonialista”. Ella estuvo involucrada en 1997 en un obscuro asunto de policía en Suiza. Uno de sus recomendados, un tal Anup Chetia, quería hablar ante la subcomisión de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra, para denunciar supuestas “atrocidades” que, según él, el ejército indio había cometido. Al final, se descubrió que contra ese individuo había una orden de captura de Interpol pues él había huído de India luego de ser inculpado por asesinato y extorsión de fondos. La organización de Maggie Bowden no sólo había patrocinado la intrusión de ese prófugo en los locales de la ONU sino que le había ayudado a utilizar una doble personalidad: su pasaporte de Bangladesh y su visa suiza estaban a nombre de John David Salomar. Luego de ser interrogado por la seguridad de la ONU, Chetia se escabulló y desapareció sin dejar rastro. Maggie Bowden nunca pudo explicar por qué ella había apoyado a Anup Chetia[2].

 

Estos son algunos de los activistas que se interesan por “la justicia” en Colombia.

 

¿Cómo es posible que la embajada de Colombia en Gran Bretaña haya permitido que ese grupúsculo se constituyera sin denunciarlo desde el comienzo, sobre todo ante las bases del Partido Laborista y del movimiento sindical británico, y ante la opinión pública colombiana, como un instrumento de desinformación ?

 

¿Cómo es posible que la Embajada de Colombia en Gran Bretaña  no haya intentado acudir a la justicia para sancionar a los autores de la violenta campaña de intimidaciones, calumnias e injurias lanzadas por JFC contra el jefe de Estado colombiano y su familia?

 

Por esa negligencia, JFC se consolidó y logró impresionar y movilizar a líderes importantes del laborismo británico, como Tony Lloyd y Mike Griffiths, quienes son los que están ejerciendo hoy presión sobre el primer ministro Gordon Brown.

 

El mal está hecho pero no todo está perdido. Si Colombia reacciona, y logra hacer llegar  información equilibrada a la opinión pública británica y a sus autoridades sobre el combate de la democracia colombiana por su supervivencia, sobre el terrorismo  marxista y el drama de los secuestros y de los atentados, Gordon Brown estará en mejores condiciones para resistir la presión de los grupos extremistas de su país. 

 


 

[1] Programa del DAS para proteger a los sindicalistas colombianos:

http://www.colombianembassy.co.uk/news_ing_1.htm

[2]  Ver la declaración de Arundhati Ghose, ex embajador de India ante la oficina de la ONU en Ginebra, intitulado Terrorists, Human Rights and the United Nations. Consultable en Internet.

 

*

Periodista colombiano, autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme de combat".
Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de 2005.


© Copyright 2007 - WebArticulista.net - Todos los Derechos Reservados.