Es
evidente que los diálogos con el ELN,
después a atravesar por varios períodos críticos,
han llegado a un punto muerto. Las interferencias contra
ese proceso han aumentado y hasta podrían haber cambiado de
naturaleza. Estas no vienen, como algunos podrían imaginar,
del gobierno. Por el contrario, éste continúa en la línea
optimista de “avanzar con mucha rapidez” hacia un acuerdo
con el ELN, como lo reiteró el Alto Comisionado para la Paz,
Luis Carlos Restrepo.
La
interferencias avanzan de manera obscura e indirecta. La
irrupción de un grupo civil que se dice autorizado a ocupar
la escena y a lanzar propuestas en nombre del ELN ha
contribuido al enrarecimiento aún mayor del clima de los
diálogos en La Habana.
En efecto, un
sector que se auto-bautiza como “garante de la paz”, aunque
no representa sino a él mismo, lanzó de manera intempestiva
en Bogotá, el pasado 11 de diciembre, una “hoja de ruta”
ultimatista que desconcertó al mismo Luis Carlos Restrepo.
Ese mismo día,
el ELN lanzó un comunicado que debería ser examinado con
atención pues es un velado ultimátun al gobierno. Allí la
citada guerrilla advierte que “para continuar adelante en la
salida negociada” es necesario que las instituciones del
país sean “depuradas” y que los poderes locales y regionales
sean “revocados” por haber sido “construídos por medio de
la presión y la corrupción ‘narcoparamilitar’”.
Tal descripción
de las instituciones del país es inexacta y tendenciosa y
desconoce el hecho de que la Fiscalía y la Corte Suprema de
Justicia investigan al respecto y no necesitan ser empujadas
por un grupo fuera de la ley para hacer su trabajo. Para
exigir tal cosa, el ELN debería tener, al menos, una cierta
legitimidad. Cosa que está lejos de tener. ¿Qué autoridad
moral puede tener un grupo armado que se erige sobre una
montaña de cadáveres y que le ha propinado violencias y
atrocidades al país durante 42 años de manera idéntica
(aunque en mayor escala) que los paramilitares?
Ese mismo día,
los “garantes de la sociedad civil”, presentaron una “hoja
de ruta” arrogante que también vale la pena descifrar, pues
sus miras son de largo alcance. Ese texto gira en torno de
dos temas: la propuesta de que el gobierno cree un “fondo
para la reconciliación” mediante la creación de un nuevo
impuesto (como si los gravámenes pudieran ser erigidos por
capricho y como si los contribuyentes pudieran ser aún más
exprimidos), y un cronograma de actividades que, de ser
acogido, abriría el camino hacia un triunfo político
inmerecido del ELN, hacia la legitimación de éste y el
reconocimiento del conflicto interno (es decir, la
sacralización de la ideología marxista y la justificación
de sus crímenes). ¿Todo eso a cambio de qué? A cambio de que
el grupo subversivo revele dónde ha plantado sus minas
antipersonales. Si el negocio es así, éste merece revisión.
El segundo paso
propuesto (que excluye todo acuerdo sobre el punto cardinal
del cese de los secuestros y la liberación de los rehenes y
demás víctimas en poder del ELN) consistiría en realizar un
cese el fuego “bilateral” --para paralizar en todo el país a
la fuerza pública-- y la realización de una “convención
nacional” de perfiles obscuros y que tiene todas las trazas
de ser un acto destinado a sacar a flote un nuevo partido
político dominado por el ELN.
Ante esas
descomunales muestras de generosidad del ELN, el gobierno
debería, según los “garantes”, darse por bien servido y
acatar lo que ellos aconsejan.
El ELN intenta,
en realidad, por la vía de un ramillete de propuestas
precisas y de un diálogo en el extranjero que no llega a
nada, elevarse a las altas esferas de una dignidad
imaginaria en la que el grupo terrorista aparecería
simplemente como un adversario político e incluso como el
censor de las instituciones democráticas, como el juez de un
gobierno elegido y, en fin, como el fiscal de las
autoridades regionales, de la sociedad civil y hasta de los
paramilitares.
En esto se ve
que ciertas experiencias complicadas de negociación “de paz”
en Europa, inspiran a los ideólogos del ELN. No se puede
dejar de ver las similitudes que hay entre lo que se prepara
en La Habana y lo que ETA está tratando de sacar adelante en
España mediante su negociación con el gobierno de Rodríguez
Zapatero. La reconstrucción de un frente político (como
Batasuna) buscado por ETA con urgencia, la obsesión de que
España acepte pedirle finalmente perdón al pueblo vasco, es
imitado por el ELN cuando éste avanza la idea de buscar en
Colombia “nuevos consensos de nación” a través de una
asamblea “constituyente”, y la gestación de un “nuevo
gobierno incluyente” que se dote de un “nuevo modelo
económico” y de una “nueva doctrina de seguridad” y que,
finalmente, “propenda por la integración continental”.
A todas luces se
ve que “el nuevo gobierno incluyente” sería un régimen
policiaco en el que la dirección estaría en manos del ELN y
que tendría como prioridad sacar a Colombia del mundo libre,
desmantelar la democracia y la economía liberal para
embarcarnos a todos en la miseria y en la violencia de la
llamada “democracia dirigida”, que el señor Chávez construye
con ayuda de sus aliados Putín y Ahmadinejad.
En un frenesí
irresistible de unilaterismo, el grupo de “garantes de la
paz” pide, además, que sea conformada una comisión especial
“de la verdad” para que los paramilitares (y sólo ellos)
“informen los hechos y secretos” de su acción pasada. En
otras palabras, los “garantes” sueñan con ver transformado
el ELN en una entidad normativa y depositaria de las
intimidades de la desmovilización paramilitar. Aspiran a que
la memoria popular acepte de que las guerrillas marxistas
nunca fueron responsables de estos largos años de
violencias.
Explicada en
rueda de prensa por el activista Moris Ackerman, ex líder de
las Juventudes Comunistas que se presenta hoy bajo la
etiqueta de “empresario independiente”, la sorprendente
propuesta rechaza igualmente la extradición de colombianos a
Estados Unidos y pide la “legalización del consumo de
droga”, medida ésta última que tendrá por efecto, según
Ackerman, la abolición de la “transnacional del crimen”.
Tales
ineptitudes poco dicen sobre el origen y naturaleza del
grupo de “garantes”. Este incluye un núcleo de ocho
activistas
cuyo estatuto en el diálogo de
La Habana es confuso pues no parece estar representado en él
aunque actúa bajo la orientación de un dirigente “histórico”
del ELN, Francisco Galán. Moris Ackerman también hizo
parte, en agosto de 2006, de la “comisión de facilitación”
que pretendía obtener de las FARC la liberación de sus
rehenes políticos.
Con el
planteamiento de los “garantes”, el diálogo en La Habana
mostró en todo caso una vez más su carácter dilatorio y
propagandístico. El empleo anti-negociador de un ultimátum,
el tono de “todo o nada”, con una inclinación hacia “nada”,
más que hacia “todo”, permite ver que el ELN trata de
forzarle la mano al gobierno para que se suicide, al mismo
tiempo que pone, en últimas, el socialismo como único
horizonte para un pacto de desmovilización definitivo.
¿Y que hacen las
FARC ante esto? Reacias a todo diálogo con el gobierno,
éstas nunca han visto con buenos ojos el diálogo de La
Habana. En algunas regiones del país, las FARC han atacado
militarmente a unidades del ELN, en el marco de la
tradicional disputa de ellos por los territorios ricos en
cultivos ilícitos. El diálogo de La Habana y un eventual
pacto entre el gobierno y el ELN aislaría aún más a las
FARC, política y militarmente. ¿Cual es pues la acción de
éstas frente al diálogo gobierno-ELN? Ese elemento no está
muy claro del todo, pero no sería excesivo pensar que ellos
lo critican y lo obstruyen. La radicalización de esos
diálogos, para meter la insidiosa línea de “todo o nada”, o
de “objetivo cero”, como dicen los etarras, como lo deja ver
la hoja de ruta del 11 de diciembre, conviene a esa
estrategia de obstrucción.
El peligro de
una radicalización del diálogo en La Habana fué tan evidente
que Luis Carlos Restrepo optó por mostrarse incómodo ante
las propuestas de los “garantes”. El principal negociador
del gobierno se quejó de que éstos estaban abandonando su
papel inicial para convertirse en actores políticos. En
cuando al ELN, Restrepo replicó que “en lugar de hacer
propuestas públicas debería más bien “avanzar en hechos
concretos de paz”.
Sin descartar
la idea (eventual) de un cese al fuego, Restrepo calificó la
actitud de la guerrilla de “ambigua”. El alto funcionario
declaró que mientras el ELN por un lado hace política, “por
el otro continúa cometiendo delitos”. “Desde que nos
sentamos [a dialogar] en La Habana [el ELN] ha secuestrado
54 personas, casi una por semana, y está cobrando un millón
de dólares por cada una”, precisó Restrepo. No contento con
esa clavada de puntilla, el Alto Comisionado de la Paz
reiteró que existen pruebas de “la alianza
ELN-narcotráfico”.
En cuando a la
irrupción oficiosa de los “garantes”, el Alto Comisionado de
la Paz no dejó de señalar que éstos tratan de crear un
“espacio paralelo” que puede “hacerle daño al proceso de
paz”.
Dedicados a
transcribir lacónicamente lo que dicen los activistas del
ELN (sin investigar si éstos tratan de llegar a un acuerdo
con el gobierno o construir, por el contrario, un nuevo
partido al servicio de la acción armada, sin analizar
críticamente y en detalle todas esas variantes), los média
anuncian como hechos lo que hasta ahora no son más que
promesas. El ELN, por ejemplo, promete
realizar un “desminado humanitario” en la población de
Samaniego (Nariño) y liberar allí a dos policías.
Habrá que ver si eso es cierto. Habrá que ver si esa
promesa no es el triste preámbulo de nuevos ataques contra
la población. Los colombianos sabemos muy bien que cuando la
guerrilla anuncia una medida “positiva”, ella está al mismo
tiempo preparando nuevas barbaridades.
Cuanto
quisiéramos estar equivocados y ver que las actividaes de la
“Casa de Paz” en Medellín son genuinas muestras que querer
poner punto final a esa máquina de muerte y de secuestros
que es el ELN.
* |
Periodista
colombiano,
autor del libro: "Les Farc, ou l'échec d'un communisme
de combat".
Editions Publibook, Paris, 593 páginas, diciembre de
2005. |