En Bogotá se evalúa la
posibilidad de retirar a su Embajadora en Caracas,
María Luisa
Chiappe, quien asumió el cargo ya hace un año. El gobierno
de Hugo Chávez ha roto todo tipo de comunicación con la
misión diplomática colombiana: ninguna autoridad venezolana
recibe a la Embajadora y la Cancillería no otorga
credenciales a funcionarios diplomáticos y consulares
colombianos. Simultáneamente, el Embajador de Chávez en
Bogotá, Gustavo Márquez, no reconoce al gobierno de Alvaro
Uribe, negándose a atender convocatorias oficiales.
En respuesta,
esta semana Bogotá ordenó a sus diplomáticos, alrededor del
mundo, abstenerse de atender invitaciones que las misiones
diplomáticas venezolanas pudieran hacerles.
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El alto
gobierno colombiano, quien ha endurecido su discurso contra
Caracas en los últimos días, no querría cerrar las puertas
de su Embajada en Caracas. Sin embargo, en Bogotá temen que
Venezuela expulse a la embajadora Chiappe, repitiéndose el
episodio de marzo del 2008 cuando Chávez expulsó al
embajador Fernando Marín.
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Como parte de
los nuevos temas que Cuba y Venezuela han incorporado al
ALBA, está la unificación de los programas de educación
universitaria. Este es uno de los asuntos sobre los cuales
se tomarían decisiones esta semana en Caracas.
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La petrolera PDVSA se
encuentra en estado de mora con innumerables proveedores de
bienes y servicios, tanto venezolanos como empresas
extranjeras. En las últimas semanas se han registrado
huelgas de trabajadores por falta de pagos, paralización de
operaciones de taladros y, anuncios de empresas extranjeras
que aprestan maletas para retirarse de Venezuela.
Son tales las deficiencias
financieras de PDVSA, y por lo tanto del fisco venezolano,
que esta semana el ministro de Energía y Petróleo de
Venezuela, en un inusual viaje a Washington, no dudó en
ofrecer a EEUU, la participación en lotes petroleros de la
Faja del Orinoco que actualmente el gobierno venezolano
entrega en concesiones bajo la figura de “empresas mixtas”.
La entrega de estas concesiones petroleras representa
ingresos de divisas al gobierno venezolano.
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En julio del 2008, el
presidente Rafael Correa y Chávez cortaron una cinta para
inaugurar simbólicamente la “Refinería Eloy Alfaro” que
decidieron construir en la costera provincia de Manabí en
Ecuador. Al cabo de dos años, se sabe que ni Ecuador ni
Venezuela cuentan con recursos para ejecutar la obra. Un
pool de bancos europeos y japoneses que supuestamente
financiarían no se habría concretado. El gobierno
ecuatoriano está procurando financiamiento de Corea del Sur,
mientras Pdvsa no está en condiciones de honrar el
compromiso. El total de la inversión seria de US$ 12 mil
millones, de la cual Venezuela tendría que aportar el 49%.
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En mayor del 2005, Chávez
anunció en Brasilia la construcción de la refinería “Abreu
de Lima” que se levanta en el estado brasileño de
Pernambuco. Pdvsa no ha pagado la primera cuota de su
participación en el proyecto conjunto con Petrobras. Según
reiteró esta semana la empresa brasileña, Pdvsa no ha
cumplido las reiteradas ofertas de abonar US$ 490 millones.
El total del desembolso que debería hacer Pdvsa para este
proyecto es de un poco más de US$ 2.000 millones los cuales
no están en la caja de la petrolera venezolana.
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En marzo de 2007, Chávez de
visita en Nicaragua anunció la construcción de una refinería
en el departamento de León y una planta procesadora de
aluminio, entre otras obras. En diciembre de ese mismo año,
Venezuela aportó US$ 250 millones para el arranque de obras.
Esta semana el diario La Prensa de Managua reportó que en el
sitio donde se construiría la refinería ya bautizada como
"El Supremo Sueño de Bolívar" no está realizándose ningún
trabajo. Esta misma semana Chávez visitó Managua y ofreció
construir una planta regasificadora y una planta
petroquímica.
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Las negociaciones en
materia militar entre EEUU y Brasil continúan, tras la firma
del acuerdo de cooperación en materia de defensa entre ambos
países.
El lunes 12 de abril, el
Ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobin, y el
Secretario de Defensa de EEUU, Robert Gates, suscribieron en
Washington un acuerdo que revive las relaciones formales
entre los aparatos militares de ambos países.
Las negociaciones del
acuerdo se mantuvieron en virtual secreto durante meses y
una vez difundida la noticia, Brasil se apresuró a ofrecer
explicaciones sobre el alcance de dicho documento, estando
aún frescos los ataques que desde la cancillería brasileña
emanaron contra el acuerdo EEUU-Colombia, firmado en octubre
del 2009, que permite el uso de bases colombianas a
militares estadounidenses. El gobierno de Lula da Silva
quiso esta vez clarificar los términos del acuerdo marcando
las diferencias con respecto al firmado por Alvaro Uribe.
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La cancillería brasileña
afirmó que el contenido del acuerdo fue adelantado a sus
socios de Unasur, antes de la firma. Igualmente Itamaraty
subrayó que se había incluido una “cláusula de garantía” que
expresamente hace constar que “en la ejecución de las
actividades de cooperación”, los firmantes se comprometen a
respetar la “integridad e inviolabilidad territorial y no
intervención en asuntos internos de otros Estados”.
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El acuerdo firmado por
Brasil con EEUU es, en buena medida, similar al suscrito en
julio de 2008 con Colombia. Ambos son de carácter genérico y
norman visitas, intercambios de instructores, facilitación
de “iniciativas comerciales relacionadas con el área de
Defensa”, e “implementación y desarrollo de programas y
proyectos de aplicación de tecnología de defensa”. Incluso
las redacciones en portugués de numerosos párrafos de los
dos acuerdos son similares.
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Según diversas fuentes, las
actuales negociaciones entre Brasil y EEUU en materia de
defensa están orientadas a dos aspectos específicos:
comercio de armas y uso compartido de instalaciones
militares.
El Departamento de Defensa
de EEUU estaría pronto a adquirir un importante lote de
aviones para operaciones de reconocimiento y ataque ligero,
pensando especialmente en el frente de Afganistán. Desde el
año pasado Brasil está pujando para que Washington opte por
el Super Tucano producido por Embraer. Diversos medios
mencionan cifras de entre cien y doscientas aeronaves lo
cual, de concretarse, daría un fuerte impulso a la industria
militar brasileña.
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La creación de una
“base-oficina” en Río de Janeiro, al mando de un oficial
brasileño y con presencia de personal militar de EEUU, sería
el otro tema en negociación entre Brasilia y Washington.
Esta “oficina”, con tareas de inteligencia y coordinación
formaría una red con una similar ya existente en Key West el
estado de Florida, EEUU. Las tareas de esta red serían de
control de Atlántico contra tráfico de drogas, armas y
contra terrorismo. EEUU quiere compartir con Brasil el
monitoreo de Atlántico Sur, mientras personal brasileño
operaría en Key West.
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Artículo publicado originalmente en el diario El
Nuevo País |