Hugo Chávez juega fuerte para garantizar la permanencia de Evo Morales en la presidencia de Bolivia. El arranque en fuerte de la campaña del presidente en busca de su reelección se produjo el viernes pasado en el estadio olímpico de La Paz. Morales arengó a sus seguidores y anunció la entrega de dos centenas de ambulancias donadas por el gobierno venezolano. Noticias llegadas desde los departamentos del oriente boliviano, donde la Oposición mantiene su fortaleza, dan cuenta de operaciones cívico-militares venezolanas orientadas a granjear apoyos a Morales, mediante obras públicas y programas sociales. Para acallar las críticas por la falta de pagos de Venezuela a los exportadores bolivianos, esta semana Caracas creó un fondo rotatorio de US$ 20 millones.

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La crisis política desatada en Honduras ante el intento del presidente Manuel Zelaya de forzar una reforma constitucional, puso en el tapete el tema de la obediencia debida por parte de los militares latinoamericanos. Igualmente evidenció el entramado de acuerdos de mutua asistencia política que el Eje La Habana-Caracas ha venido formando con los miembros del esquema ALBA.

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El presidente Zelaya, quien debería entregar la presidencia el próximo mes de enero, escenificó una voltereta política durante su mandato. De ser un reconocido representante de la élite gobernante de su país, fue aproximándose a los gobiernos de Cuba y Venezuela, para finalmente asociarse al ALBA. El viernes pasado, en conversación televisada en vivo desde Caracas y Tegucigalpa, Zelaya dijo a Chávez que su aspiración es instaurar en su país "la misma democracia" que impera en Venezuela.

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Zelaya no contó con el apoyo de las fuerzas armadas en su plan para abrir paso a su propia reelección. El general  Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto,  rehusó dar órdenes para que los militares atendieran los detalles logísticos en la consulta promovida por Zelaya. La consulta es calificada de ilegal por instituciones tan variadas como la Sala Constitucional y la Iglesia. La actitud de Vásquez fue apoyada por el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, órganos que alegaron el correcto proceder del jefe castrense al negarse a cumplir una orden ilegal emitida por su Comandante. La “obediencia debida” no funcionó en este caso.

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En coro, los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba calificaron la acción del general hondureño como un golpe contra Zelaya. Chávez, como ya lo hizo en septiembre pasado contra un alto general boliviano, emitió gruesos calificativos sobre  Vásquez. Chávez señaló a Vásquez por no atender al criterio de la “obediencia debida”. A nivel de varias cancillerías de la región este hecho fue evaluado como una nueva injerencia directa y ostensiva de Venezuela en la política de uno de sus socios. El presidente venezolano incluso protestó porque CNN dedicó más tiempo a cubrir la muerte de Michael Jackson que a los hechos en Honduras. Mientras tanto, desde Tegucigalpa, diversos reportes daban cuenta de apoyo organizativo y financiero  que   Cuba y Venezuela habrían proporcionado a Zelaya para la consulta por él ideada.

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El caso hondureño fue llevado por Zelaya a la OEA en procura de una decisión que avalara la consulta sobre la reforma constitucional. El argumento del “golpe de Estado” no convenció al grueso de países de la región y la resolución del Consejo Permanente de la OEA del viernes 26 de junio se limitó a hacer un llamado “a todos los actores políticos y sociales para que sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de Derecho”. Casi al calco, los países miembros y asociados del Mercosur emitieron un escueto comunicado “haciendo un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales para que contribuyan a la gobernabilidad democrática”. Sobre la consulta de Zelaya, la OEA y Mercosur se lavaron las manos y no dijeron nada.

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Las relaciones de Hugo Chávez con el régimen iraní son el epicentro conflictivo de la actual diplomacia de EEUU hacia Venezuela. Esta apreciación quedó confirmada con las declaraciones del nuevo jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), el general Douglas M. Fraser.

Esta semana, con motivo de su ascenso a nuevo cargo y rango, Fraser conversó con la prensa sobre las tareas que asume y su percepción de la región en la cual actuará. Los temas críticos expuestos por Frase fueron tres: la presencia de Irán en Latinoamérica de la mano de Venezuela, las relaciones de Irán con organizaciones terroristas y el armamentismo venezolano. La ecuación de Fraser pareciera simple: Venezuela estaría, a los ojos del aparato militar de EEUU, relacionada con las organizaciones terroristas internacionales vía Irán.  

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Según fuentes del gobierno venezolano, Chávez esperaba que con la victoria de Barack H. Obama se redujeran las declaraciones duras de funcionarios de EEUU hacia el gobierno venezolano. Pero pareciera difícil que el propio presidente Obama -de estar interesado en hacerlo- pueda impedirlo. De hecho, el cambio de mando del SOUTHCOM, se produjo en presencia del Secretario de Defensa, Robert Gates, dándole al acto un contenido político, más que simplemente formal administrativo. Fue en ese escenario donde el general Fraser se expresó sobre las relaciones de Irán y Venezuela.

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En septiembre pasado, Chávez expulsó de Venezuela al embajador estadounidense Patrick Duddy, alegando la supuesta injerencia de EEUU en Bolivia. En reciprocidad, Washington declaró persona no grata al embajador de Chávez en Washington, Bernardo Álvarez, con lo cual las misiones diplomáticas quedaron en manos de encargados de negocios. A raíz de las conversaciones personales entre Obama y Chávez en abril pasado en Puerto España, los dos gobiernos acordaron reestablecer embajadores. Con no disimulada euforia, Chávez se apresuró a mencionar a Roy Chaderton como su nuevo embajador en EEUU, obviando los usuales mecanismos diplomáticos para este tipo de designaciones. Se comenta en mentideros de Washington que el nombre de Chaderton es mal visto puertas adentro del Departamento de Estado.

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Tras varias semanas de negociaciones, EEUU y Venezuela acordaron resolver la ausencia de embajadores. El esquema escogido fue el de restablecer en sus cargos a los antiguos embajadores. Con ello, Washington buscaría impedir un inconveniente debate en el Congreso de EEUU sobre la posición de Obama ante Chávez. Al mismo tiempo, impedir que el Departamento de Estado eventualmente vete al candidato propuesto por Chávez para ocupar la jefatura de la Misión venezolana en Washington.

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País