La lista de sanciones de EEUU contra el gobierno de Hugo Chávez está incrementándose rápidamente. La semana pasada, este Informe adelantó la decisión de EEUU de establecer serias condiciones a las empresas navieras que atienden puertos venezolanos, con lo cual Venezuela se une a Cuba en la lista de restricciones al flujo naviero en la región. La decisión que atañe al flujo naviero se suma a restricciones en ventas de material bélico con tecnología estadounidense, sanciones a bancos venezolanos vinculados con Irán y, la inclusión de altos funcionarios venezolanos en la lista Clinton de narcotráfico y terrorismo.

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A mediados de semana, el Servicio de Guardacostas de EEUU confirmó su decisión de condicionar el ingreso a puertos estadounidenses de barcos que previamente hubiesen tocado en puertos venezolanos. En lo sucesivo, las navieras cuyos barcos pretendan ingresar en aguas de EEUU y que tengan a Venezuela entre los últimos cinco destinos atendidos, deberán entregar un informe de seguridad al Servicio de Guardacostas. En ese informe deberán referirse las medidas tomadas por la naviera para proteger la embarcación durante su estadía en puerto venezolano. En la práctica, las navieras deberán contratar servicios privados de seguridad para cuidar el ingreso a la nave. El informe deberá ser entregado previo al ingreso a aguas estadounidenses, por lo cual el gobierno de EEUU podría rechazar el ingreso de las embarcaciones que no cumplan con las normas de seguridad exigidas. El criterio de EEUU es que Venezuela no hace lo necesario para cuidar sus puertos de posibles acciones de grupos terroristas.

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Los primeros pasos del nuevo gobierno de EEUU en materia internacional, develan que el lobby del gobierno venezolano no habría resultado efectivo al interior del equipo de Barack H. Obama.

El aparato de relaciones exteriores de Obama se está nutriendo de personas que operaron durante el gobierno de Bill Clinton desde la Casa Blanca y no desde el Departamento de Estado. De lo que se desprende de las declaraciones ante el Senado de EEUU de la señora Hillary Clinton y de su segundo a bordo en el Departamento de Estado, James Steinberg, el gobierno Obama mantiene a Chávez en la lista de enemigos de EEUU donde lo colocó el gobierno Bush.

La cercanía con Irán y la activa beligerancia contra Israel de Chávez, lejos de ganarle amigos en el nuevo gobierno, estaría sumándose a las razones de choque. En contrapartida, el discurso anti Alvaro Uribe de los demócratas ha ido diluyéndose en las primeras declaraciones del gobierno Obama, al tiempo que Israel y Colombia tienden a estrechar sus vínculos..

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Algunos analistas consideraban que la presencia del gobernador de Nuevo México, Bill Richardson en el gabinete de Obama, serviría como puente entre Caracas y Washington. Richardson, miembro del entorno político próximo a Obama durante su campaña electoral, viajó a Caracas para entrevistarse con Chávez en abril del 2008. En medio de las tensiones entre Caracas y la Casa Blanca, la presencia de Richardson en el Palacio de Miraflores fue evaluada como un adelanto de lo que sería un gobierno demócrata en sus relaciones con Chávez. En aquellos días los demócratas, con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la cabeza, arrugaban la cara a Álvaro Uribe y buscaban el apoyo de Chávez para liberar a tres estadounidenses secuestrados por las Farc. Pelosi incluso recibió, vestida con un traje de color rojo, a la diputada colombiana Piedad Córdoba, quien actuaba como vocera de Chávez para las negociaciones con las Farc.

Richardson quien fue postulado por Obama al cargo de Secretario de Comercio debió declinar, con lo cual quedó formalmente fuera del nuevo gobierno. Chávez habría perdido la única opción de conectarse directamente con la nueva Casa Blanca.

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El embajador de Colombia en Venezuela, Fernando Marín Valencia, se habría enterado por la prensa de su destitución. Alvaro Uribe, durante una reunión pública con empresarios, anunció que estaba pensando designar a la actual presidenta de la Cámara Colombo-Venezolana, María Luisa Chiappe, como nueva jefe de la misión diplomática colombiana en Caracas.

La inusual informalidad para anunciar el cambio de Embajador en Venezuela, llamó la atención del cuerpo diplomático asentado en Bogotá. Se dio por descontado que Valencia Marín Valencia había caído en desgracia ante el mandatario colombiano, quien no prestó atención a normas de ceremonial internacional. Se cuenta que la ex canciller y embajadora Noemi Sanin habría apadrinado la designación de Chiappe.

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Ayer sábado se produjo en Cartagena de Indias una nueva reconciliación en la tormentosa relación entre Álvaro Uribe y Hugo Chávez. A un año de la virtual declaración de guerra de Chávez contra Colombia, las aguas han regresado a su usual nivel de confrontación política de bajo nivel entre ambos mandatarios.

La precisión de reglas claras para el comercio bilateral sigue siendo una preocupación para el empresariado colombiano. El alto nivel de las ventas colombianas a Venezuela actualmente depende de la discrecionalidad legal venezolana y de los humores presidenciales. Tras la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, y ante el vacío normativo existente, el comercio bilateral se realiza bajo las viejas normas andinas oficialmente denunciadas por Venezuela. Colombia aspira a la reanudación de las negociaciones con Caracas, para definir un tratado bilateral de comercio.

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Esta semana que comienza tendrá lugar en Belem do Pará, Brasil, una nueva versión del Foro Social Mundial. Está prevista la presencia de los mandatarios de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Paraguay, además de Lula da Silva.

El estado de Pará está actualmente en manos de un gobierno del oficialista PT, lo que sirvió como criterio para escoger a Belem como sede del evento creado y tradicionalmente realizado en Porto Alegre, en el sureño estado de Rio Grande do Sul. La pérdida de control del PT de Porto Alegre hizo que el globalizado evento “antiglobalización” se trasladara a Belem.

En abril pasado, aprovechando una visita de Chávez a Belem, la gobernadora paraense, Ana Julia Carepa, solicitó apoyo venezolano para la realización del Foro. Fuentes consultadas en Pará sugieren que el gobierno venezolano se habría comprometido a financiar la realización del evento.

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Analistas políticos de bando y bando en Bolivia coinciden que, sean cuales fueran los resultados del referendo sobre el proyecto de Constitución elaborado por el gobierno de Evo Morales, la conflictividad social continuará. Estudios jurídicos sobre la constitución propuesta por Morales, advierten sobre el establecimiento de un virtual régimen etnocrático con visos de racismo inverso.
 

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País