El viceministro de relaciones exteriores brasileño debió asumir la virtual vocería del gobierno de Venezuela el jueves pasado, ante la negativa del Embajador venezolano de participar en un panel en el Senado donde se repasarían objeciones a la aprobación del Protocolo Venezuela-Mercosur.

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La Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa (CRE) realizó su última sesión de consulta, antes de votar el ingreso de Venezuela al Mercosur. La sesión fue dividida en dos tandas, la primera de las cuales contó con la presencia de dos venezolanos opositores al régimen de Hugo Chávez, hecho que molestó a la misión diplomática venezolana. El embajador de Chávez en Brasilia, general retirado Julio García Montoya, declinó asistir a la tanda vespertina en la cual serían analizados aspectos económicos. García anunció su ausencia mediante una carta enviada vía fax la cual originó molestia entre senadores presentes, quienes decidieron devolverla por vía diplomática. Hostil, impertinente, arrogante, políticamente inhábil y no civilizada fueron algunos de los calificativos vertidos por miembros de la CRE a propósito de la carta del diplomático.

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El embajador Samuel Pinheiro Guimarães Neto, segundo de la Cancillería brasileña, (su cargo oficial es Secretario General) y reconocido amigo del proyecto chavista, fue quien respondió las consideraciones presentadas por el senador Tasso Jereissati, quien es el relator del proyecto de aprobación del Protocolo Venezuela-Mercosur. Las objeciones de Jereisatti y otros asistentes estuvieron referidas a la discrecionalidad en el otorgamiento de divisas en Venezuela, a la falta de transparencia en las negociaciones Lula-Chávez sobre el Protocolo, al cierre del mercado venezolano a productos brasileños (sector automotriz), y a la falta de compromisos precisos por Venezuela en reglas de comercio vigentes ya en Mercosur.

Fue Pinheiro Guimarães quien hizo público que Caracas presentó “hace cerca de una semana”, una lista de productos sensibles que no ingresarían al compromiso Venezuela-Mercosur del Arancel Externo Común. En medios empresariales venezolanos y brasileños consultados se desconoce el contenido de esa lista.

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Tras la conversación privada (sólo en presencia de una traductora) entre Barack H. Obama y Hugo Chávez en Trinidad en abril pasado, se comentó de forma insistente - en medios diplomáticos y políticos- que el estadounidense habría enunciado una suerte de lista de quejas del nuevo gobierno de EEUU para con el régimen venezolano. Algunos llegaron a referirse a “cinco condiciones” que privarían en el ánimo de Obama avanzar en una aproximación a Chávez más allá del formal intercambio de embajadores.

Todo señala que esa lista existe y fue recitada nuevamente por un alto funcionario de EEUU, esta vez en público, ante las cámaras del canal venezolano Globovisión.

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La encargada de difundir la lista de Obama fue la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en entrevista con el periodista venezolano Leopoldo Castillo difundida el martes 07 de agosto: “No queremos interferencia en asuntos de otros países”, “queremos una democracia vibrante”, “queremos ver líderes que sean efectivos y ayuden a crear mejores oportunidades económicas para la gente”, “creemos que hay modos de que funcione que no son anti-democráticos y que serían muy efectivos para ganarse la buena opinión de la gente (...) dejando espacio para la crítica constructiva”. El quinto tema sería la estrecha relación entre Venezuela e Irán.

El asunto de la “interferencia en asuntos internos” fue remachado por EEUU al día siguiente, esta vez por el aspirante a Subsecretario para América Latina, Arturo Valenzuela. En su comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el chileno-estadounidense afirmó que “probablemente hubo influencia significativa por parte de Venezuela en la situación de Honduras”. Valenzuela, a quien la diplomacia venezolana en Washington había evaluado como un personaje accesible, se estrenó señalando acusaciones hacia Chávez.

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La rueda de prensa ofrecida por Chávez el viernes 10 de junio a periodistas oficiales y extranjeros, confirmó versiones procedentes del interior del gobierno venezolano: el mandatario asumió el caso hondureño como su principal tarea de gobierno. Detalles sobre su actividad en los últimos días, narrados por el propio Chávez, señalan que sigue los eventos en vivo por TV, dirigiendo hasta el tratamiento mediático de su canal internacional (Telesur) a los eventos hondureños. La pauta de trabajo de Chávez, en las últimas dos semanas, ha estado determinada por lo que va ocurriendo en Honduras. Chávez, según su propia confesión, habría entrado incluso en contacto telefónico personalmente con el gobierno de EEUU, siendo atendido por el secretario para Latinoamérica Thomas Shannon.

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Chávez anunció la creación de un fondo para cubrir los gastos del derrocado mandatario hondureño. El gobierno venezolano está cubriendo desde el pasado 28 de junio, los gastos “logísticos” de Zelaya y su comitiva, en su constante desplazamiento entre EEUU y Centroamérica. Incluso el periplo a EEUU y El Salvador del presidente paraguayo Fernando Lugo y su canciller Héctor Lacognata, en el marco de la fracasada Operación ALBA, corrió a cuenta de Venezuela. Un viceministro venezolano (Francisco Arias Cárdenas,) sirve de attaché a Zelaya, a quien se suma personal de apoyo dispuesto por Caracas.

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La entrevista de Clinton a Globovisión fue objeto de un comunicado oficial del gobierno Chávez, que la calificó como “acto inamistoso”.

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El gobierno Lula otorgó a Honduras un crédito del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a favor del consorcio Odebrecht. Los recursos están destinados para la construcción de una hidroeléctrica que “reduzca la dependencia hondureña de hidrocarburos”. Según el designado embajador brasileño en Honduras (no ha tomado posesión del cargo), Mário da Graça Roiter, esa dependencia habría llevado a que Manuel Zelaya se aproximara a Venezuela e ingresara al ALBA.

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Venezuela expandió la acción de su personal militar en Bolivia. La unidad de ingeniería militar que actuaba en el oriental departamento de Beni, está realizando operaciones en el departamento de Pando, luego que el gobierno de Evo Morales desplazara y encarcelara a las autoridades regionales acusándolas de una masacre. Un intenso programa de movilización de colonos hacia este departamento fronterizo, controlado por la Oposición, fue iniciado por Morales y se concretará en los próximos meses con apoyo venezolano. La oposición boliviana sostiene que con estos movimientos demográficos, el gobierno pretende alterar el padrón electoral con vistas a las elecciones presidenciales de diciembre próximo.

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País