En su enfrentamiento con Bogotá, el gobierno Chávez ha asumido la tesis de que los hechos de violencia fronteriza, muchos de ellos de carácter estrictamente delincuencial,  son ejecutados por “paramilitares”. Estos “paramilitares”, según Caracas, actuarían según un plan mayor concertado por los gobiernos de EEUU y Colombia. La tesis fue esgrimida esta semana por el canciller de Chávez, Nicolás Maduro y está siendo repetida por múltiples voceros oficiales en lo que pareciera ser una campaña comunicacional. Incluso las altas tasas de criminalidad que presentan las principales ciudades del país, y que constituye uno de los temas que más erosionan la popularidad presidencial, está siendo achacado a “los paramilitares” por publicistas de mensajes oficialistas.

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Uno de los objetivos de la campaña comunicacional oficial sobre el paramilitarismo sería abrir un proceso contra el gobernador del fronterizo estado Táchira, el opositor Cesar Pérez Vivas, cuya victoria no ha sido asimilada por el oficialismo. En uno de sus usuales programas televisivos, el presidente Chávez auguró que Pérez Vivas tendría que pedir asilo en Perú, lo cual ha sido interpretado en la oposición venezolana como el arranque de una ofensiva oficialista para defenestrar al electo gobernador del Táchira.   

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A juicio de analistas consultados en Caracas y Bogotá, pareciera que la acción de Venezuela hacia Colombia se ha encasillado en la hipótesis de un conflicto incluso de carácter bélico.

En el alto gobierno colombiano se tiene la impresión de que Chávez  ha optado por no mejorar las relaciones con el vecino y, en contrario, está ordenando acciones específicas contra Colombia. La más reciente de ella habría sido la suspensión de las revisiones fito-sanitarias a los productos colombianos en trámite de ingreso a Venezuela, con lo cual esas mercancías rápidamente perecederas ven imposibilitado su ingreso al país. Ante la ausencia de instancias bilaterales para tratas estos temas, Colombia optó por llevarlo a consideración de la Organización Mundial de Comercio.   

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La zona fronteriza venezolano colombiana, en su sección Táchira - Norte de Santander, se ha convertido en los últimos años en escenario para la acción de pequeños ejércitos de diverso signo y propósitos, que ya abiertamente compiten por hegemonías territoriales.

Una lista parcial de esas organizaciones incluye a las guerrillas del ELN y las Farc (alabadas esta semana por diputados oficialistas venezolanos); la guerrilla pro chavista de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, exguerrilleros colombianos organizados en grupos delincuenciales, grupos herederos de las liquidadas Autodefensas de Colombia entre los cuales se menciona en la prensa colombiana a la organización  “Águilas Negras”, mafias binacionales asociadas al comercio ilegal de gasolina, bandas de delincuentes comunes y, por supuesto, las líneas locales del narcotráfico internacional. A todo ello se debe sumar la inmensa masa de población dedicada al comercio fronterizo, a las hormigas (caleteros, maleteros, pimpineros, trocheros, etc.) que viven del transporte local de mercancías, los cuales se han convertido en ilegales de la noche a la mañana, debido a las restricciones que Chávez ha impuesto al comercio con Colombia.

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El texto del acuerdo “complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad” entre Colombia y EEUU fue difundido por el gobierno colombiano esta semana. El documento establece en su Preámbulo que los dos países se disponen a “enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”. El terrorismo, las drogas, la “delincuencia organizada transnacional” y el comercio ilegal de armas son parte de los blancos del acuerdo. El acuerdo, que permite el uso de bases militares colombianas a fuerzas de EEUU, se inscribe en lo que el propio texto define como una “relación estratégica de seguridad”. El acuerdo transciende, según los más diversos analistas, el combate al narcotráfico y al terrorismo interno colombiano.

La difusión del acuerdo ha desatado una nueva ola de críticas por parte de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, así como muestras de malestar desde Brasilia. Venezuela se propone mantener viva su campaña contra este acuerdo: el viernes la cancillería venezolana logró incluir el tema en la agenda del Grupo de Río que deberá reunirse el próximo mes de febrero en México. Colombia calificó la decisión del Grupo de Río como un acto de injerencia.

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Las numerosas adquisiciones militares y pactos militares entre países de la región y con potencias extraregionales, están caldeando el escenario suramericano. De la aparente armonía que privaba en el 2008 que permitió la creación de un Consejo de Defensa Suramericano para adelantar tareas comunes, al cabo de un año la situación es radicalmente distinta. Perú siente que Chile se está armando en su contra y que apoya el armamentismo ecuatoriano. Venezuela acusa a Colombia porque el pacto con EEUU, a juicio de Caracas, es para atacar la revolución bolivariana. Además, Venezuela denuncia los acuerdos militares de Colombia con Israel. Colombia, por su parte, señala los acuerdos de Hugo Chávez con Rusia, Irán, Bielorrusia y China como amenazas. Brasil, en tanto, adelanta su acuerdo estratégico militar con Francia y Rusia amplia su clientela bélica en la región con recientes anuncios de compras por parte de Ecuador y Bolivia.

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Dos iniciativas paralelas están circulando en Suramérica para la firma de un acuerdo que limite los riesgos de un escenario bélico regional. Perú está insistiendo en el marco de Unasur en la firma de un compromiso en esa dirección. El texto inicial propuesto por el peruano Alan García se denominaba “Pacto de No Agresión”, nombre que poco gustó en Santiago de Chile. Perú cambió su propuesta al de “Protocolo de paz y de cooperación”.

Simultáneamente Brasil  está promoviendo su propia versión de un “Pacto de No Agresión” que debería ser debatido y asumido en el contexto de Unasur. A juicio de la cancillería brasileña, el “pacto” debería aliviar las tensiones surgidas en Suramérica tanto por el acuerdo de Colombia con EEUU como los firmados por Venezuela con Rusia e Irán. Brasil propone un compromiso según el cual los países firmantes no atacarán a sus vecinos apoyados en alianzas militares con potencias extraregionales.  Aparte del acuerdo para el uso de bases militares colombianas por EEUU, la diplomacia brasileña se ha referido a los temores que provocan los acuerdos de Chávez con países ajenos a la región y que no cuentan con garantías de no agresión a los vecinos. Brasil está promoviendo la idea de que los acuerdos militares firmados por los países suramericanos sean consignados ante el Consejo de Defensa Suramericano para conocimiento de todos los miembros.

Como se recordará, Venezuela y Rusia suscribieron en julio del 2009 un “Estatuto” que rige la cooperación militar entre ambos países. El contenido de dicho “Estatuto” permanece en secreto.

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País