Vladimir
Putin se quejaba el pasado jueves porque la “cooperación”
entre Venezuela y Rusia habría recaído y se mostraba
confiado que la próxima visita de Hugo Chávez a Moscú sirva
para invertir esa tendencia. Según la propia prensa rusa, el
Presidente venezolano viajará a Moscú en julio para cerrar
nuevas compras de armamento. Diversas fuentes insisten en
que Chávez compraría una flota de aviones caza Sukhoi-35,
una versión más reciente del Su-30 del cual ya compró dos
docenas.
En tanto, Rusia ofrece a Brasil construir es su territorio
un centro para mantenimiento de aviones Sukhoi, pensando en
Venezuela como cliente. Lula lo está pensando...
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Alberto Acosta, quien presidió la Asamblea Constitucional
ecuatoriana hasta esta semana y su carnal amigo y actual
presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantiene su plan
original para la toma del poder por vía constitucional,
siguiendo al calco la estrategia de Hugo Chávez durante su
primer gobierno.
La Asamblea Constitucional tiene plazo hasta el 26 de julio
para concluir su trabajo, el cual no se ha limitado a la
redacción de un texto constitucional. Amparado en una teoría
similar a la usada por Hugo Chávez y Luis Miquilena en
Venezuela, los constituyentes disolvieron el Parlamento (en
el cual el Gobierno no tenía miembros) y se abrogaron
funciones legislativas y de control del Ejecutivo.
Siguiendo el ejemplo venezolano, Correa y los suyos se
proponen crear un “congresillo” de entre los miembros de la
Asamblea Constituyente, el cual operaría hasta que sea
electo un nuevo congreso con base en la nueva
constitución...en caso de que se apruebe en el respectivo
referendo. Ese “congresillo” que en la práctica prolonga el
lapso y extiende las funciones para las cuales fueron
electos los constituyentistas, es exactamente lo mismo que
ejecutó Chávez en Venezuela incluso bajo la denominación.
La receta de la supraconstitucionalidad de las asambleas
constituyentes se convierte así en un atajo para que
gobiernos coyunturalmente fuertes ejecutan reformas
radicales.
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Las tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia
volvieron a incrementarse, pese a las gestiones promovidas
por una comisión binacional impulsada por el Centro Carter.
El presidente Correa, en declaraciones al diario
izquierdista Página 12 de Buenos Aires, se refirió una
semana atrás al tema del ataque colombiano al campamento de
las Farc. Una vez más Correa enunció su tesis sobre que el
bombardeo al campamento no fue realizado por naves
colombianas sino de un tercer país.
Ante estas declaraciones se produjo un intercambio de
disparos verbales desde las respectivas cancillerías,
durante el cual Ecuador amenazó con un boicot comercial a
Colombia. Correa aseguró que no normalizará relaciones con
Bogotá mientras Alvaro Uribe sea el presidente colombiano.
En medios del gobierno colombiano existe la percepción de
que Correa mantendrá el tema de conflicto con Colombia, con
vistas al referendo que debería efectuarse en los próximos
meses a propósito de la nueva constitución. Correa logró
mejorar su alicaída popularidad cuando se plantó duro ante
Uribe luego del ataque al campamento de las Farc. Pero esta
mejora de la popularidad habría resultado pasajera.
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El empeño brasileño por fortalecerse como productor de
armamentos lo ha colocado recientemente incluso como
proveedor de las florecientes empresas de mercenarios que
EEUU viene utilizando masivamente en Irak y, al parecer, ya
en algunas zonas latinoamericanas. Reportes brasileños
señalan que la empresa Embraer, con la necesaria anuencia
del gobierno Lula, vendió a la empresa Blackwater
(contratista del Pentagono) un número no precisado de
aviones de combate Super Tucanos. Los mismos que ya vendiera
a Colombia y que Ecuador ha incluido en su lista de compras
bélicas. La diferencia entre Blackwater, Colombia y Ecuador
es que la primera es una empresa y no un Estado. La primera
tiene mercenarios, los segundos tienen soldados. En todo
caso, el gobierno brasileño no tiene objeciones para que su
país sea proveedor de unos y otros.
Convertirse en un proveedor de armamentos a escala global es
ya definitivamente uno de los objetivos del actual gobierno
brasileño. El entroncamiento entre la industria militar y el
gobierno es abierto, y el aparato diplomático brasileño se
está colocando en la dirección de promover los productos
bélicos de su país. La más reciente demostración de ello se
produjo esta semana a raíz de la visita del canciller
brasileño, Celso Amorim a Argelia. Amorim cerró un negocio
con el ministro argelino de Defensa, Abdelmalek Guenaiza
para la provisión de aviones militares, equipos de
transporte, armamento y municiones. La venta se concretó
luego de varios viajes de altos funcionarios argelinos a
Brasil por incitación de Brasilia.
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La onda armamentista subregional cobra cuerpo. Ya es oficial
que Ecuador comprará 24 aviones Super Tucanos de fabricación
brasileña. A ello se agregarían seis aviones caza de
fabricación israelí, así como equipos de radar. El
equipamiento estará destinado a cubrir su frontera norte. Ya
Ecuador había decidido comprar dos fragatas misilísticas de
segunda mano a Chile.
Las noticias sobre las compras de armas por el gobierno de
Rafael Correa, coinciden con su anuncio de reformar la
estructura militar de su país. Los primeros anuncios señalan
que Correa busca bajarle relevancia institucional a las
fuerzas armadas de su país, en la misma tónica como ocurrió
en el cono sur tras el final de las dictaduras militares.
Dos semanas atrás, la ministra de Defensa de Argentina,
Nilda Garré, visitó Quito y fue atendida por su homólogo
Javier Ponce. En esa ocasión, los dos gobiernos acordaron
que Argentina asesorará a Ecuador en la reestructuración de
sus fuerzas armadas. El asesoramiento incluiría la creación
de una Secretaría de Inteligencia, según se desprende de
declaraciones de la señora Garré.
En el alto gobierno ecuatoriano priva una visión no
militarista, e incluso antimilitarista que los aproxima a
posiciones que ganaron fuerza en Argentina y Brasil tras el
final de las dictaduras, referentes a la retoma del control
civil sobre lo militar.
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El gobierno de Evo Morales, que estatizó la industria de
hidrocarburos en mayo del 2005, enfrenta serios problemas
para atender sus compromisos con Brasil y Argentina en
materia de suministro de gas. Bolivia presenta incluso
problemas para cubrir su propio consumo interno. De hecho
Argentina ha optado por comprar gas a Trinidad y Tobago para
suplir las deficiencias de los envíos bolivianos.
Las ofertas venezolanas de invertir para expandir la
producción gasífera y tender gasoductos hacia Paraguay y
Argentina no se han concretado. Los brasileños dejaron de
invertir y las reglas del juego impuestas por el Gobierno
son poco claras para que una empresa extranjera se anime a
invertir en el país, según la opinión de expertos
bolivianos.
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Artículo publicado originalmente en el diario El
Nuevo País |