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Lula vende armas a mercenarios de EEUU
que operan en Irak

por Edgar C. Otálvora
domingo, 29 junio 2008


Vladimir Putin se quejaba el pasado jueves porque la “cooperación” entre Venezuela y Rusia habría recaído y se mostraba confiado que la próxima visita de Hugo Chávez a Moscú sirva para invertir esa tendencia. Según la propia prensa rusa, el Presidente venezolano viajará a Moscú en julio para cerrar nuevas compras de armamento. Diversas fuentes insisten en que Chávez compraría una flota de aviones caza Sukhoi-35, una versión más reciente del Su-30 del cual ya compró dos docenas.

En tanto, Rusia ofrece a Brasil construir es su territorio un centro para mantenimiento de aviones Sukhoi, pensando en Venezuela como cliente. Lula lo está pensando...

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Alberto Acosta, quien presidió la Asamblea Constitucional ecuatoriana hasta esta semana y su carnal amigo y actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantiene su plan original para la toma del poder por vía constitucional, siguiendo al calco la estrategia de Hugo Chávez durante su primer gobierno.

La Asamblea Constitucional tiene plazo hasta el 26 de julio para concluir su trabajo, el cual no se ha limitado a la redacción de un texto constitucional. Amparado en una teoría similar a la usada por Hugo Chávez y Luis Miquilena en Venezuela, los constituyentes disolvieron el Parlamento (en el cual el Gobierno no tenía miembros) y se abrogaron funciones legislativas y de control del Ejecutivo.

Siguiendo el ejemplo venezolano, Correa y los suyos se proponen crear un “congresillo” de entre los miembros de la Asamblea Constituyente, el cual operaría hasta que sea electo un nuevo congreso con base en la nueva constitución...en caso de que se apruebe en el respectivo referendo. Ese “congresillo” que en la práctica prolonga el lapso y extiende las funciones para las cuales fueron electos los constituyentistas, es exactamente lo mismo que ejecutó Chávez en Venezuela incluso bajo la denominación.

La receta de la supraconstitucionalidad de las asambleas constituyentes se convierte así en un atajo para que gobiernos coyunturalmente fuertes ejecutan reformas radicales.

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Las tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia volvieron a incrementarse, pese a las gestiones promovidas por una comisión binacional impulsada por el Centro Carter. El presidente Correa, en declaraciones al diario izquierdista Página 12 de Buenos Aires, se refirió una semana atrás al tema del ataque colombiano al campamento de las Farc. Una vez más Correa enunció su tesis sobre que el bombardeo al campamento no fue realizado por naves colombianas sino de un tercer país.

Ante estas declaraciones se produjo un intercambio de disparos verbales desde las respectivas cancillerías, durante el cual Ecuador amenazó con un boicot comercial a Colombia. Correa aseguró que no normalizará relaciones con Bogotá mientras Alvaro Uribe sea el presidente colombiano. En medios del gobierno colombiano existe la percepción de que Correa mantendrá el tema de conflicto con Colombia, con vistas al referendo que debería efectuarse en los próximos meses a propósito de la nueva constitución. Correa logró mejorar su alicaída popularidad cuando se plantó duro ante Uribe luego del ataque al campamento de las Farc. Pero esta mejora de la popularidad habría resultado pasajera.

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El empeño brasileño por fortalecerse como productor de armamentos lo ha colocado recientemente incluso como proveedor de las florecientes empresas de mercenarios que EEUU viene utilizando masivamente en Irak y, al parecer, ya en algunas zonas latinoamericanas. Reportes brasileños señalan que la empresa Embraer, con la necesaria anuencia del gobierno Lula, vendió a la empresa Blackwater (contratista del Pentagono) un número no precisado de aviones de combate Super Tucanos. Los mismos que ya vendiera a Colombia y que Ecuador ha incluido en su lista de compras bélicas. La diferencia entre Blackwater, Colombia y Ecuador es que la primera es una empresa y no un Estado. La primera tiene mercenarios, los segundos tienen soldados. En todo caso, el gobierno brasileño no tiene objeciones para que su país sea proveedor de unos y otros.

Convertirse en un proveedor de armamentos a escala global es ya definitivamente uno de los objetivos del actual gobierno brasileño. El entroncamiento entre la industria militar y el gobierno es abierto, y el aparato diplomático brasileño se está colocando en la dirección de promover los productos bélicos de su país. La más reciente demostración de ello se produjo esta semana a raíz de la visita del canciller brasileño, Celso Amorim a Argelia. Amorim cerró un negocio con el ministro argelino de Defensa, Abdelmalek Guenaiza para la provisión de aviones militares, equipos de transporte, armamento y municiones. La venta se concretó luego de varios viajes de altos funcionarios argelinos a Brasil por incitación de Brasilia.


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La onda armamentista subregional cobra cuerpo. Ya es oficial que Ecuador comprará 24 aviones Super Tucanos de fabricación brasileña. A ello se agregarían seis aviones caza de fabricación israelí, así como equipos de radar. El equipamiento estará destinado a cubrir su frontera norte. Ya Ecuador había decidido comprar dos fragatas misilísticas de segunda mano a Chile.

Las noticias sobre las compras de armas por el gobierno de Rafael Correa, coinciden con su anuncio de reformar la estructura militar de su país. Los primeros anuncios señalan que Correa busca bajarle relevancia institucional a las fuerzas armadas de su país, en la misma tónica como ocurrió en el cono sur tras el final de las dictaduras militares. Dos semanas atrás, la ministra de Defensa de Argentina, Nilda Garré, visitó Quito y fue atendida por su homólogo Javier Ponce. En esa ocasión, los dos gobiernos acordaron que Argentina asesorará a Ecuador en la reestructuración de sus fuerzas armadas. El asesoramiento incluiría la creación de una Secretaría de Inteligencia, según se desprende de declaraciones de la señora Garré.

En el alto gobierno ecuatoriano priva una visión no militarista, e incluso antimilitarista que los aproxima a posiciones que ganaron fuerza en Argentina y Brasil tras el final de las dictaduras, referentes a la retoma del control civil sobre lo militar.

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El gobierno de Evo Morales, que estatizó la industria de hidrocarburos en mayo del 2005, enfrenta serios problemas para atender sus compromisos con Brasil y Argentina en materia de suministro de gas. Bolivia presenta incluso problemas para cubrir su propio consumo interno. De hecho Argentina ha optado por comprar gas a Trinidad y Tobago para suplir las deficiencias de los envíos bolivianos.

Las ofertas venezolanas de invertir para expandir la producción gasífera y tender gasoductos hacia Paraguay y Argentina no se han concretado. Los brasileños dejaron de invertir y las reglas del juego impuestas por el Gobierno son poco claras para que una empresa extranjera se anime a invertir en el país, según la opinión de expertos bolivianos.
 

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  Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País


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