La pugna entre autonomistas y el gobierno boliviano fue asumida por la izquierda radical latinoamericana como una batalla donde estaría en juego el proyecto de expansión del chavismo bolivariano. Para Caracas, que ha invertido ingentes recursos para sostener a Morales en el gobierno, es una prueba de fuego sobre su capacidad de influir en el destino boliviano.

Bolivia como país satelital del Eje La Habana-Caracas, es conceptualizada por el chavismo venezolano como una extensión territorial, como una ampliación del perímetro físico en el cual se materializa la revolución bolivariana. Bolivia dejó de ser la “hija dilecta del Libertador” para convertirse en la hija dilecta de la revolución chavista y Caracas actúa en consecuencia.

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El grueso aparato propagandístico internacional del Eje La Habana-Caracas fue activado desde hace varias semanas para desprestigiar al movimiento autonómico boliviano. El esquema utilizado ha sido el de recurrir a intelectuales de proyección internacional y a las organizaciones políticas de izquierda para denunciar el autonomismo acusándolo de racismo, secesionismo, traición a la patria, movimiento oligárquico y maniobra pitiyanqui. Los dirigentes autonómicos, por su parte, han tenido mala prensa y sus consignas no han sido digeridas internacionalmente.

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El presidente Evo Morales hizo suyo el discurso chavista que ha presentado el autonomismo como la principal amenaza que enfrenta el gobierno boliviano. La convocatoria al referendo para votar el estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz, así como los de Tarija, Beni y Pando (estos tres últimos previstos para junio) tratan de ser presentados internacionalmente como virtuales golpes de Estado contra Morales. Incluso, Fidel Castro publicó esta semana un editorial con esa argumentación. El éxito de la campaña ha sido limitado hasta ahora, ya que la secesión se ve en Washington, Brasilia y otras capitales regionales, como un hecho poco probable.

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Morales internacionalizó el asunto del referendo, buscando frenarlo. No lo logró, pero ha despertado en las cancillerías del vecindario la preocupación por una oleada de violencia civil en Bolivia.

El autonomismo se ha convertido en una de las formas de rechazo al proyecto político de Morales, materializado en el proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente en ausencia de la oposición. La Constitución de Morales está pendiente de ser sometida a referendo y su consideración amenaza con agregar leña al explosivo y cada vez más radicalizado cuadro político boliviano.

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Los temores sobre aumento de la violencia interna en Bolivia se vieron agudizados en los últimos días, ante la radicalización de posiciones por parte de “organizaciones sociales” que respaldan al gobierno Morales. Los llamados “ponchos rojos”, por ejemplo, estarían llamando al inicio de tomas masivas de tierras como mecanismo para profundizar la revolución.

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El pasado viernes, el canciller boliviano, David Choquehuanca, viajó expresamente a Washington para solicitar a la OEA que se pronunciara en contra del referendo autonómico. Tras tensiones entre los bandos en que se divide la OEA, el organismo se pronunció dando el esperado apoyo al gobierno de Morales y rechazando cualquier acto anticonstitucional que ponga en peligro la integridad territorial del país. Pese al fuerte apoyo de Caracas, Morales no logró arrancarle a la OEA una expresa desaprobación de los referendos autonómicos.

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Durante la sesión de la OEA para tratar el caso boliviano el pasado viernes, habría quedado en evidencia un nuevo giro en la organización. EEUU y Canadá alegaron que el asunto de los referendos bolivianos es un tema interno de ese país y no ameritaba un pronunciamiento. La posición de Venezuela, México y obviamente Bolivia, fue la de generar una declaración del organismo. Finalmente privó la posición de aprobar un pronunciamiento pero sin emitir opinión sobre el movimiento autonómico. Países caribeños que en los últimos tiempos acompañaban la línea de Chávez, el viernes optaron por acercar posiciones a Washington.

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El regusto por el armamentismo ha prendido fuerte en la región y Brasil está en la línea de sacar provecho de ello. El gobierno ecuatoriano anda en trámites para ampliar su poderío aéreo y habría optado por comprar aviones de la empresa brasileña Embrear. El pedido sería de una veintena de Supertucanos, similares a los que Brasil entregó a Colombia el año pasado y que habrían sido usados en la Operación Fénix contra el campamento de Raúl Reyes de las Farc.

Se desconocen detalles de los adminículos extras que el presidente Rafael Correa habría pedido para sus nuevos aviones de guerra. Pero existe la percepción de que la compra ecuatoriana responde al deseo de equipararse con la adquisición colombiana que incluyó tecnología avanzada para ataque nocturno y para lanzamiento y guía de misiles.

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Otro país que anda en procura de material bélico volante, aunque parezca mentira, es Bolivia. El gobierno de Evo Morales ha dejado saber su propósito de adquirir helicópteros que permitan transportar tropas y carga. Pese a las restricciones presupuestarias que Bolivia suele alegar ante sus socios políticos, Morales habría decidido gastar parte de su presupuesto en adquirir equipos. El argumento oficial es que Bolivia no quiere depender de Brasil o Argentina en caso de eventos naturales como las recientes inundaciones.

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Brasil militarizará la Amazonía como el mecanismo escogido para frenar la presencia extranjera, especialmente en las regiones delimitadas bajo control indígena. En Brasilia circula un proyecto de ley que será presentado en breve por el gobierno Lula para consideración del Congreso. De aprobarse la ley, en lo sucesivo la actuación de organizaciones extranjeras en la llamada Amazonía Legal Brasileña, estará sujeta a aprobación previa del Ministerio de Defensa de ese país. A las acusaciones sobre presencia de miles de organizaciones extranjeras que realizan biopiratería y compras ilegales de terrenos en la Amazonía, recientemente en Brasilia se ha comentado intentos de penetración política extranjera en las reservas indígenas situadas en la frontera con Venezuela y Colombia.

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La presencia iraní en Latinoamérica está implicando erogaciones para ese país. El apoyo político boliviano o nicaragüense a las posiciones iraníes ante EEUU tiene su contraparte en la llamada “cooperación”. En septiembre del 2007, Irán firmó acuerdos con Evo Morales para proveerle ayuda por US$ 1.100 millones. Esta semana, durante su discurso del primero de mayo, el presidente nicaragüense Daniel Ortega hizo saber que pidió dinero a Irán para financiar proyectos agrícolas.

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País