En Bogotá algunos cospiretas acarician la idea de iniciar un proceso formal para destituir a Uribe. No faltan quienes ya sacan cuentas de los votos que podrían reunirse en el Congreso para aprobar la apertura de una investigación formal que lleve a un eventual proceso de impeachment.

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El movimiento contra Uribe junta bajo la misma carpa a los más variados sectores. La izquierda legal que repunta en las encuestas, y que se opone a los tratados de libre comercio con EEUU. Los líderes del liberalismo víctimas del uribismo que le arrebató los votos y le desmembró el partido. Las FARC que han sido objeto de una sostenida estrategia militar que la ha obligado a replegarse a las soledades de la frontera ecuatoriana.

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La conspiración contra Uribe, según algunos, alcanza hasta las intimidades de su régimen. El vicepresidente Francisco Santos ha sido señalado de auspiciar la caída de su jefe. El papel que medios de comunicación propiedad de la familia Santos ha tenido en la divulgación del escándalo de la para-política, juega a favor de esa tesis que fue desmentida por el propio Uribe. El ex director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Noguera, fue quien denunció a Santos.

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La figura de un Vicepresidente electo fue implantada en Colombia en la Constitución de 1991. El primer presidente electo bajo esa modalidad fue Ernesto Samper quien fue objeto de un proceso en el Congreso que buscaba destituirlo. En la conspiración contra Samper estaba de lleno su propio Vicepresidente.

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En el intento de derrocar a Samper (1996) vía un proceso en el Congreso, estaba involucrada a fondo la dirigencia histórica del partido conservador y el gran empresariado de Medellín. Una de las piezas claves fue el Embajador de EEUU en Bogotá, Myles Frechette quien denunciaba que la campaña electoral de Samper había recibido dinero del narcotráfico.

En la conspiración contra Uribe nuevamente está presente la mano de EEUU, pero esta vez no es el gobierno estadounidense sino la oposición de ese país. Y en esta ocasión quienes han ido a buscar apoyo en Washington para desplazar a Uribe han sido -curiosamente- hombres de la izquierda pro-chavista colombiana.

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El fortalecimiento del Partido Demócrata en el Congreso de EEUU, es consecuencia -entre otros aspectos- del apoyo que empresarios y sindicatos le dieron a sus candidatos. El tema de la apertura comercial mediante la firma de tratados de libre comercio, se ha convertido en un asunto álgido en regiones de EEUU que temen la competencia de los productos extranjeros. El amor al proteccionismo y el rechazo al libre comercio son exclusivos de los radicales de izquierda latinoamericana.

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De acuerdo con el diario bogotano El Tiempo, el senador Gustavo Petro ha estado viajando a EEUU durante los últimos meses, bajo el ala protectora de sindicatos estadounidenses, entre ellos el United Steelworkers. En la agenda de Petro han figurado reuniones con congresistas del Partido Demócrata. Dos temas han sido abordados en estos encuentros. El interés común de la izquierda colombiana y del Partido Demócrata de impedir la aprobación del tratado de libre comercio Colombia-EEUU y de frenar la ayuda militar estadounidense para el Plan Colombia.

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Los voceros de la izquierda colombiana esgrimen como argumentos contra Uribe los temas de violación de derechos humanos y los vínculos entre el uribismo y las Autodefensas Unidas de Colombia (los paramilitares). Ambos asuntos encuentran oídos atentos entre los parlamentarios demócratas que han sumado el tema colombiano a la lista de dardos contra el gobierno de Bush.

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La lista de personajes con los cuales se ha reunido el senador Petro incluye nombres de parlamentarios estadounidenses que suelen opinar contra la política de Bush hacia el gobierno venezolano, o incluso algunos que han mostrado franca simpatía hacia el gobierno de Chávez. Uno de ellos es Donald Payne, representante por Nueva Jersey cuya foto con Petro fue divulgada recientemente. En el 2005, durante una sesión en el Congreso, Payne se refirió a los programas de alfabetización de Chávez y pidió un tratamiento menos estricto para el gobierno venezolano.

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La presión sobre Uribe se incrementa desde el exterior. Ayer en entrevista con El Nuevo País, Fernando Gerbasi afirmó que los gobiernos de Venezuela y Ecuador comienzan a aplicar sutilmente una tenaza sobre Colombia. Rafael Correa quien mantiene una abierta y creciente confrontación con Uribe alrededor del “Plan Colombia” estaría actuando en coordinación con Caracas. Gerbasi fue embajador venezolano ante Colombia en dos ocasiones y se le considera experto en asuntos de la política de ese país.

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Ante la campaña en su contra que se realiza en EEUU, Uribe se dispone a viajar a Washington. La visita a la Casa Blanca servirá para re-confirmar el apoyo de Bush. Pero Uribe también se propone conversar con las cabezas visibles de dos de las fuerzas anti-Bush que ahora le son adversas al gobierno colombiano: con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y con John Sweeney, de federación sindical AFL-CIO.

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En su encuentro en Isla de Margarita, Chávez y Uribe decidieron -una vez más- motorizar las relaciones bilaterales que permanecen más o menos estancadas. Salvo el gasoducto transguajiro, los demás planes de integración están parados. El pragmatismo de ambos sigue privando y el colombiano busca darle piso legal a las relaciones comerciales. Aunque los temas de seguridad (presencia de opositores venezolanos en Colombia y de guerrilleros colombianos en Venezuela) seguramente estará en la agenda a tratar.

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El canciller venezolano, Nicolás Maduro, viajará a Brasilia este fin de semana. El propósito es reencauzar las relaciones con Brasil. Ni Lula ni Chávez se distancian en lo personal, pero las agendas de política regional tienden a separarlos. Renovar la lista de temas comunes sería el objetivo de Chávez. Luego de su viaje a Brasilia, Maduro tendrá que ir a Bogotá, viaje que los cancilleres de Chávez suelen rehuir sistemáticamente.

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País