A propósito de la reconstrucción histórica que viene publicando la revista Zeta en su edición aniversaria, retomamos un hecho poco conocido de la política de finales del siglo XX. Se trata de la conspiración cívico-militar para derrocar al gobierno de Ramón J. Velásquez. Actos de terrorismo, bombitas aquí y allá, planes de establecer un gobierno de emergencia fueron parte de los hechos. El general (retirado) Iván Jiménez Sánchez ofrece una larga narración de estos episodios en su libro de 1996 Los golpes de Estados desde Castro hasta Caldera.

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En aquella circunstancia ocurrió algo que, visto en perspectiva, no deja de ser curioso. El gobierno de EEUU y el naciente chavismo coincidieron en el rechazo a la aventura militar para derrocar a Velásquez. Así como Chávez abortó (desde la cárcel de Yare) el protagonismo de generales y almirantes en el cuartelazo del noviembre de 1992, igualmente un año después rechazaba el golpe promovido por la alta jerarquía militar contra el gobierno provisional. Simultáneamente desde el norte, el recién inaugurado gobierno de Bill Clinton alertó a Velásquez sobre los planes de su ministro de Defensa, quien en un viaje a Washington habría sondeado la posición de EEUU para un golpe. Ni el gobierno de EEUU ni los presos de Yare creyeron conveniente dar cuerda al plan golpista de 1993.

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El presidente Alvaro Uribe viajó esta semana a Washington. Tal como se esperaba, fue a reunirse con los sectores sindicales y parlamentarios que están obstaculizando la aprobación del Tratado de Libre Comercio EEUU-Colombia y que están frenando los aportes de ayuda militar para el Plan Colombia. Los más diversos analistas coinciden que Uribe no logró sensibilizar a los demócratas a favor de su causa. Su reunión con el presidente Bush fue todo lo rutinaria que podía ser. Bush quien tiene él mismo problemas para hacer frente a la mayoría parlamentaria del Partido Demócrata, no pareciera en capacidad de conciliar una posición bipartidista para continuar apoyando los esfuerzos de Uribe.

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Por ahora pareciera que Uribe, y con él los planes de ayuda de EEUU para la guerra interna colombiana, cayó en desgracia a los ojos de la nueva mayoría demócrata, más interesada en bloquear a Bush que en los intereses geopolíticos regionales. En su mejor estilo paisa de actuar, Uribe ha dicho que pretender regresar a EEUU cuantas veces sea necesario para lograr la aprobación del TLC. Pero él bien sabe que las puertas de las oficinas de Washington no suelen estar abiertas fácilmente.

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La presencia de Luís Alberto Moreno (actual Presidente del BID) al frente de la embajada de Colombia en Washington, le proporcionó a los gobiernos de Andrés Pastrana y al primer mandato de Uribe, una situación excepcional en sus relaciones con importantes e impenetrables grupos de poder estadounidenses. Las crónicas sociales comentaban que Moreno y su esposa (la venezolana Gabriela Febres), por ejemplo, viajaban de Washington a New York para presenciar un juego de beibol por la TV en casa de los Clinton. Este nivel de reracionamiento entre el gobierno colombiano y la capital del Imperio ya no pareciera existir.

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Como lo adelantáramos la semana pasada, Caracas y Bogotá estaban planeando una reunión de sus cancilleres para reactivar la agenda bilateral. La visita del canciller venezolano Nicolás Maduro a Bogotá se producirá mañana lunes.

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Tal como están las cosas para Uribe, la visita del emisario de Hugo Chávez le proporcionará - ironía aparte - un poco de aire tras su amarga experiencia en Washington esta semana que concluye. Bush y Chávez coinciden tendiéndole puentes al presidente colombiano. El primero está casi de salida. El segundo juega a mantener el cómodo status actual en las relaciones con Colombia.

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El asesinato, en julio del 2006, de un alto ejecutivo venezolano empleado de una empresa de computación estadounidense fue el detonante de un proceso de deterioro de las condiciones para invertir en Venezuela. La muerte del ejecutivo cuando se dirigía al aeropuerto de Maiquetía, puso de manifiesto a las empresas extranjeras, la necesidad de proteger a sus funcionarios con los altos costos que ellos significan.

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Asignar carros blindados o dictar cursos de seguridad para las familias de los gerentes locales son ya normales en las prácticas de empresas extranjeras. Venezuela ha sido incluida en la lista de países que los departamentos de seguridad de varias trasnacionales consideran como no aptas para viajes de los altos ejecutivos. Aunque con los niveles de negocios que el gobierno garantiza, las empresas están asumiendo los gastos de seguridad como parte de los costos. El problema se agudiza cuando la inseguridad se traduce en muerte, ya que pocas empresas están ganadas para colocar a sus altos ejecutivos en situaciones de riesgo mortal. Como fue en su momento en Colombia, las empresas comienzan a pagar primas extras para conseguir que sus empleados viajen a Caracas.

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Los hombres de negocios aterrizan en Caracas sólo para hacer negocios. Los hoteles de cinco estrellas están copados durante la semana, y quedan vacíos los sábados y domingos.

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Costo adicional, difícil de entender por las casas matrices de las empresas extranjeras es el de las donaciones obligadas que deben realizarse como parte del contrato para proveer servicios o bienes a los organismos públicos. Por su puesto que estas donaciones en definitiva se convierten en costos que se cargan al producto.

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Tanto en Quito como en Montevideo están pensando en sumarse al esquema que Néstor Kirchner logró con Hugo Chávez: emitir bonos de deuda respaldados con el potencial petrolero venezolano. Pero el anuncio presidencial del retiro de Venezuela del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y muy especialmente del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha hecho tambalear la imagen de Venezuela como seguro pagador de su deuda. Venezuela puede dejar de ser la muleta para que otros países emitan cómodamente su propia deuda.

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Brasil forzó la barra y se salió con las suyas en cuanto al Banco del Sur. El proyecto original de Chávez de construir una especie de fondo monetario regional, fue vencido por Brasilia quien sólo accedió a participar en un banco de financiamiento de desarrollo. El organismo será utilizado por Brasil como parte de sus programas de cooperación con el vecindario que actualmente ejecuta directamente por medio de su Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País