El foco de la atención política suramericana, rápidamente se está dirigiendo hacia Ecuador.

El proceso iniciado con el triunfo de Rafael Correa y su reciente toma de posesión, está generando expectativas en los analistas internacionales. Pero a despecho de lo que quisiera el nuevo mandatario y sus cercanos colaboradores, esa atención no la provocan las probables novedades que encierre este gobierno. Al contrario, el motivo del interés en Ecuador es el de confirmar que se estaría produciendo la repetición, con las debidas actualizaciones, del esquema de toma del poder que la izquierda radical latinoamericana viene cumpliendo en Venezuela y Bolivia.

La franquicia bolivariana

Si no fuera por la gravedad del tema, y por hechos de la historia ecuatoriana, casi anecdótica resulta la información según la cual el presidente de Ecuador afirmó que teme por su vida. Además, ante las diferencias con el Congreso por el grave asunto de la convocatoria a una Constituyente, Correa comenzó a hablar de “conspiración” para derrocarlo. Es decir, a dos semanas de estar en la Presidencia, las palabras magnicidio y conspiración golpista ya han sido incorporadas por Correa en el debate nacional de su país.

Las similitudes con Evo Morales comienzan a saltar a la vista. Debe recordarse que el mismo día de su toma de posesión, Morales informó que recurriría a los servicios de inteligencia cubanos para garantizar la seguridad del palacio presidencial de La Paz. Hugo Chávez se encargó de darle dramatismo a la situación de Morales, anunciando supuestos planes para atentar contra la vida del boliviano. Así, la entrega de dos helicópteros Super-Puma de la Fuerza Aérea venezolana a Bolivia, fueron inicialmente explicados por Chávez, como una forma de garantizarle la seguridad a Morales en sus viajes.

Correa, quien es economista y sabe de finanzas internacionales, junto a sus ministros de economía, ya han comenzado a engranarse con el modelo de ayuda económica otorgada por Venezuela. Si bien los acuerdos de cooperación entre los dos países se encontrarían en etapa de precisiones por parte de comisiones creadas a ese fin, ya fue anunciada una solicitud que Correa hará a Caracas para un préstamo por mil millones de dólares.

Neutralizar al parlamento

El martes 30 de enero, Quito fue escenario de acciones callejeras violentas. Grupos de distintas tendencias fueron hasta el edificio que sirve de sede al Congreso, para exigir la aprobación de la convocatoria a elecciones para una asamblea constituyente. La prensa reseñó que los parlamentarios debieron abandonar el edificio ante las amenazas de los manifestantes. Heridos y destrozos formaron parte del saldo del día.

Correa tras los sucesos expuso sus consideraciones: "No es fácil, en estas manifestaciones masivas puede haber infiltrados, gente que quiera crear el caos. Estamos jugando con fuego, como lo dijo el propio presidente del Congreso, así que le corresponde a ellos, los que iniciaron ese fuego, apagarlo". "No hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, sino entre trece millones de ecuatorianos y 100 diputados". Y finalmente Correa reiteró su disposición para designar un tribunal electoral para que organice el plebiscito sobre la Constituyente, convocado por él para el 18 de marzo.

Correa se presentó como candidato con dos propuestas que hacían que el actual pleito con el Congreso fuera absolutamente predecible. Su partido no presentó candidatos a los puestos legislativos por lo cual carece de una bancada propia en el parlamento. Correa y su entorno planearon un escenario en el cual el Congreso perdería relevancia de facto, ya que -y esa fue la segunda oferta electoral-, en caso de ganar las elecciones el gobierno convocaría a una Asamblea Constituyente.

Ya desde mediados del año 2006, el equipo de Correa contaba con estudios jurídicos contentivos de los argumentos que usarían para calificar la Asamblea Constituyente como un poder originario, con capacidad para decidir sobre todos los poderes constituidos. Cuando Correa lanzó su candidatura, el plan de su grupo era provocar una Constituyente, que colocada por encima de los poderes existentes, procediera a modificarlos. En pocas palabras, el Plan de Correa como ya lo había sido el de Chávez y Morales era disolver el Congreso o en todo caso neutralizarlo, mientras una constituyente empujada por la popularidad del recién electo, procedería a modificar tanto la Constitución como los poderes electos previamente.

El jueves pasado, el ministro del Interior, Gustavo Larrea, afirmó que su gobierno desea dialogar con el Congreso, “comprometiéndose a no disolverlo y esperando que a su vez la oposición deje de obstruir la consulta sobre una Constituyente". El asunto central es que los miembros del Congreso, electos hace unos pocos meses en elecciones populares, estiman -y tienen elementos para ello- que la iniciativa de reforma constitucional propuesta por Correa significará su pronta disolución. Por ello, la oposición parlamentaria estaría procurando definir un camino propio de reformas constitucionales.

Correa dijo el jueves en relación a la crisis política que “Entonces, que se resuelva esa pugna, que esos 13 millones demuestren que son los mandantes”. En suma, el presidente ecuatoriano está jugando la carta de movilizar gente a la calle para imponer su proyecto político. La experiencia de movilizaciones callejeras que condujo al golpe de estado contra Lucio Gutiérrez en el 2005, forma parte de los activos políticos de quienes rodean a Correa.

BOCADILLOS

La compra de sistemas de defensa anti aérea fue anunciada por el presidente Chávez el año pasado. Su visita a Rusia habría tenido entre otros propósitos, conocer directamente las opciones ofrecidas por ese país. El jueves 25 de enero, el ministro de Defensa, general Raúl Baduel anunció que el gobierno había optado por la adquisición de los misiles antiaéreos Tor-M1 de fabricación rusa, lo cuales según la agencia de noticias brasileña Estadao tendrían un costo de US$ 290 millones. La compra fue confirmada el martes tanto por el gobierno ruso como por el general Alberto Müller Rojas y por el propio presidente venezolano. Müller adicionó que la compra alcanzaría a doce baterías de este tipo de misiles.

Según la agencia brasileña, el misil que adquiere Venezuela tarda ocho segundos para detectar un objetivo. Sus sensores pueden rastrear hasta 48 blancos simultáneamente, incluyendo misiles en vuelo en un radio de 25 kilómetros. Misiles como éstos fueron vendidos recientemente por Rusia a Irán, y el primer lote habría sido entregado dos semanas atrás.
 

*	Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País