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Los aliados de Chávez controlan el Estado ecuatoriano
por Edgar C. Otálvora
martes, 4 diciembre 2007


Esta semana se produjo la concreción del principal proyecto político del gobierno ecuatoriano. En una edificación mandada a construir por el presidente Rafael Correa en la población de Montecristi, muy lejos de la siempre políticamente violenta Quito, fue instalada una Asamblea Constituyente. El órgano, con mayoría de votos en manos del gobierno, designó al economista Alberto Acosta como su Presidente.

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Alberto Acosta es considerado, por muchos, como el padre intelectual del proyecto político que llevó a Rafael Correa a la Presidencia de Ecuador. La designación de Acosta como Presidente de la Asamblea Constituyente es apenas una consecuencia lógica de la jugada a cuatro manos que Correa y Acosta vienen realizando desde varios años atrás.

Esto significa que aparte de la mayoría aplastante con que cuenta el gobierno entre los asambleístas, la conducción del proceso de redacción y aprobación del nuevo texto constitucional quedó en manos de uno de los cerebros del proyecto.

Acosta, procedente de una prominente y rica familia ecuatoriana, cursó estudios en Alemania federal. Ha estado conectado con la izquierda pro fidelista, por lo cual fue usual asistente en eventos latinoamericanos organizados por Cuba o por el gobierno de Hugo Chávez en los últimos años. En el 2006 fue jurado del Premio Casa de las Américas en Cuba.

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Con sorpresa puede constatarse que lo ocurrido en los últimos meses en Ecuador es el cumplimiento fiel de un guión redactado desde antes de que Correa se presentara a las elecciones presidenciales del 2006. Correa, Acosta, ambos economistas de formación, y un grupo graneado de intelectuales y profesionales, formaron inicialmente el Foro Ecuador Alternativo, desde el cual abrieron fuegos contra la política económica de dolarización de la economía.

Este grupo fue parte de las organizaciones que contribuyeron a crear el clima de opinión pública que llevó al alzamiento de la clase media quiteña y al derrocamiento del gobierno de Lucio Gutiérrez. Incluso antes de estructurarse el Frente Amplio-Alianza País, nombre con el cual Correa se presentó en las elecciones del año pasado, ya este grupo contaba con las líneas maestras para un revolcón de la sociedad ecuatoriana.

Quienes en Ecuador esperaban que, dada la condición de economista de izquierda de Correa, su primera medida en el gobierno fuera la desdolarización, se equivocaron. En el proyecto Correa-Acosta ese punto apareció como un tema secundario, en tanto que el verdadero esqueleto de su proyecto, anunciado a lo largo de la campaña, es modificar el Estado ecuatoriano. Durante los primeros meses del gobierno de Correa, Acosta se encargó del ministerio de Energía, cargo al cual renunció para postularse a la Asamblea.

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Ya antes de las elecciones presidenciales del 2006, el grupo de Correa-Acosta tenía en su poder los estudios jurídicos referidos a la Asamblea Constituyente. Parte de las consideraciones de esos análisis pasaban revista por la experiencia exitosa para Hugo Chávez en 1999 y en las dificultades que Evo Morales desde el comienzo ha tenido para imponer el esquema de cambio a la izquierda vía Asamblea Constituyente.

Los juristas que asesoraron a Correa y Acosta le aseguraron que debía ser convocada una asamblea con carácter originario, no sujeto al control de los poderes constituidos y con capacidad para cambiarlo todo desde el mismo momento que fuera instalada.

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Con estos informes en la mano, Correa y Acosta armaron su proyecto político. Presentarían su candidatura presidencial, no presentarían candidatos al Congreso sabiendo que sólo lograrían una baja representación. Jugaron y ganaron a obtener un rotundo éxito electoral que le permitiría, como en efecto ocurrió, convocar a las elecciones de una asamblea constituyente. Obteniendo mayoría en esa asamblea, se procedería a disolver al Congreso, como ya ocurrió el jueves pasado, en la primera sesión de los constituyentes.

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El plan tenía un elemento adicional. Correa colocaría su cargo a disposición de la Asamblea, la cual lo debía ratificar en el cargo. Desde el jueves pasado, el Presidente ecuatoriano no detenta el poder en razón de los votos que obtuvo en el 2006, sino por la decisión de la Asamblea donde sus seguidores son mayoría. Correa mandó para la casa a la oposición que controlaba el parlamento, el cual, como en Venezuela en el año 1999, fue objeto de un claro golpe de Estado.

Al cumplirse a la perfección su plan, Ecuador está en este momento en manos de los doctores Correa y Acosta. El primero preside el poder Ejecutivo. El segundo controla todo el aparato del Estado. Aparte de disolver al parlamento y confirmar en el cargo a su compañero Rafael Correa, ya Acosta procedió a remover a altos funcionarios y a juramentar a los reemplazos. El Fiscal de la Nación y el Superintendente de Bancos y Seguros fueron de las primeras cabezas que rodaron en el inicio de esta revolución a la ecuatoriana.

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El tema de la aparición de pruebas de vida de los secuestrados VIP que las Farc mantienen en su poder, dará mucho que hablar en las próximas semanas. Aparte del impacto emocional que causan las imágenes de Ingrid Betancourt, queda pendiente por analizar el manejo que las Farc han dado al asunto de los secuestrados, en términos de su agenda internacional.

Las pruebas de vida, fotos, videos y documentos escritos, estaban reunidos en varios CDs, lo cual da cuenta de la capacidad tecnológica que la guerrilla maneja.

Lo que pudo ser un golpe positivo para la imagen internacional de las Farc en caso de que voluntariamente (y en un escenario favorable como Caracas o París) hubieses entregado las pruebas de vida, se convirtió en un duro golpe publicitario contra las Farc.
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El fin de semana pasada, los seguidores de Evo Morales en la Asamblea Constituyente boliviana, realizaron un conjunto de maniobras para aprobar en primera discusión, un texto de la que sería la nueva Constitución boliviana.

La constitución de Evo Morales incluye la reelección perpetua del Presidente. Igualmente relativiza el derecho a la propiedad privada, al hacerlo depender de que “ésta cumpla una función social” y de que “no sea perjudicial al interés colectivo”.
 

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  Artículo publicado originalmente en el diario El Nuevo País


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