Recientemente
se cumplieron 10 años del genocidio en Ruanda, y aún se sigue buscando la verdad
histórica. Sin embargo, la tardía, incompleta y parcial reacción de la comunidad
internacional, constituye en la actualidad un ejemplo claro de intromisión en
los asuntos internos de un Estado. A través de una intervención militar, se
arrestó a los genocidas, y la ONU hasta creó el Tribunal Internacional por
Ruanda (TPIR). Decisiones estas tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU,
dentro del marco del derecho de injerencia humanitario.
Los
orígenes del deber de injerencia, se remontan a 1987, cuando en una conferencia
de prensa en París, un grupo de abogados y dirigentes de organizaciones
humanitarias, reivindicaron el deber de injerencia como un asunto de ética.
Es
sabido, que la ONU está fundada precisamente sobre el principio de no
injerencia, según reza el artículo 7 de la Carta. En consecuencia, no existía la
manera de sustraer de los asuntos internos de un Estado miembro, el monopolio
que éste ejercía sobre el respeto de los Derechos Humanos. Pero gracias al
jurista francés René Cassin, se abrió una brecha que llevó a que la ONU
adoptara, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en diciembre de
1948.
Lo que
comenzó como un simple derecho de vigilancia, con el tiempo se ha ido
convirtiendo en acciones de intervención territorial; ejercidas en un primer
tiempo por las llamadas ONG Sin Fronteras.
En los
últimos años, la ONU ha tomado diversas resoluciones, y si bien no todas se han
puesto en práctica, algunas sí han logrado resultados concretos. Tal es el caso
de la operación “Turquesa”, que con retraso permitió detener el genocidio en
Ruanda; la OTAN en el Kosovo detuvo la depuración étnica. Recientemente, la
intervención en Haití, que no solo buscaba se respetaran los Derechos Humanos,
sino algo muy importante, restablecer la democracia en dicho país. Sin embargo,
conflictos actuales como el de Chechenia, siguen a la espera de una resolución.
En la
Venezuela de hoy, las fuerzas represivas del Estado han asesinado a 14 personas,
desde que comenzaron las protestas del 27 de febrero; así mismo el informe
forense del joven Juan Carlos Zambrano, revela que su muerte se produjo como
consecuencia de las torturas a las que fue sometido en un campamento militar en
el Zulia. Igualmente, las intenciones del presidente Hugo Chávez de saltarse la
normativa Constitucional vigente; constituyen junto a las violaciones de los
Derechos Humanos, dos elementos que encajan dentro de una fatal lógica represiva
y antidemocrática.
Pareciera que el presidente Chávez, olvidó que según la
Constitución del 99, todo ciudadano afectado por la violación de sus derechos
fundamentales, puede acudir (Art. 31) ante organismos internacionales, a los
fines de obtener amparo por sus derechos. Así como también, entre los deberes y
derechos políticos de todos los venezolanos está la revocación del mandato
presidencial.
Así
las cosas, la reciente resolución formulada por el senador colombiano Enrique
Gómez Hurtado, y que el Senado de su país aprobó por mayoría, a través de la
cual se solicita la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela; constituye
sin duda un precedente en la historia de la democracia venezolana.
Si
Chávez piensa seguir adelante con sus propósitos autoritarios, debe tener
presente que en la actualidad la injerencia, es leída y entendida, por la
comunidad internacional y en particular por el Consejo de Seguridad de la
ONU, como un deber y un derecho.
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