A Asdrúbal Aguiar

 

Muerto el perro no se ha acabado la rabia. Encuentra otros juristas de ocasión, prestos a asumir la tarea de barnizar de legalidad lo ilegal y darle una mínima coherencia jurídica a la barbarie imperante, edulcorando el asalto totalitario en curso. Es lo que pretende con su ominoso batiburrillo ideológico el magistrado Arcadio Delgado: legitimar con su ferretería jurisprudente el saqueo sistemático a los bienes de la nación, el robo a los bienes privados travestido de expropiación, la autocrática concentración de todos los poderes en manos del ejecutivo, la anulación de toda civilidad con el consiguiente entronizamiento del militarismo  gobernante y el sometimiento de la ciudadanía al control policial de un llamado "Estado total". Pretendiendo borrar de paso la naturaleza intrínseca, inmanentemente dictatorial del socialismo en curso, absolutamente ajeno a una auténtica socialdemocracia.

Hay algo de bandolerismo intelectual y de descaro político en el desparpajo con que nuestro sedicente magistrado reivindica el totalitarismo schmittiano para legitimar el totalitarismo bolivariano y el tortuoso curso que parece anunciarse tras bambalinas. El mismo que llevara a Carl Schmitt a identificar la ley y todo el sistema jurídico alemán con Adolph Hitler y a subsumir la juridicidad de la Alemania nazi a su impune voluntad asesina, como quedara de manifiesto luego de la tristemente célebre  Nacht der langen Messer, la "Noche de los cuchillos largos". Decidido a congraciarse con la Wehrmacht, las fuerzas armadas alemanas, celosas del papel preponderante adquiridas por la SA, la Sturm Abteilung o milicias de ataque creadas como fuerza de choque por Hitler para aterrorizar a la ciudadanía alemana y hacerse con el Poder de la República de Weimar, el Führer ordenó  a las SS, su policía política, descabezarla asesinando a sus máximos líderes, comenzando por Ernst Röhm, su fiel alabardero y compañero de luchas desde los comienzos de su carrera política,  en una brutal redada asesina cumplida con saña entre la noche del 30 de junio y el 2 de julio de 1934. Uno de los tantos golpes de Estado encubiertos dados desde el incendio del Reichstag.

En esas dramáticas horas de Walpurgis, fueron asesinados por los menos 85 miembros de las SA, cifra posiblemente muy inferior a los cientos de asesinados en todo el país entre los más fieles y combativos seguidores de Hitler. Víctimas propiciatorias de su acercamiento a la Reichswehr, hasta entonces renuente a someterse al poder absoluto del caudillo. Y miles de “milicianos civiles” fueron hechos prisioneros. Ante el asombro de la sociedad alemana, ya por entonces férreamente controlada por el caudillo, el pensador y jurista alemán Carl Schmitt – ferozmente antiliberal y fundamento constitucional del nazismo desde que por oportunismo se sumara al carromato totalitario – consideró que dado “el estado de excepción” en que se encontraba Alemania, el Führer constituía la esencia de su juridicidad: la justicia descansaba en el caudillo: “el auténtico líder siempre es también juez. De su capacidad de líder deriva su capacidad de juez. Quien pretenda separar ambas capacidades o incluso oponerlas entre sí convierte al juez en líder opositor o en instrumento del mismo y busca desquiciar al estado con la ayuda de la Justicia”. Schmitt no hacía más que expresar jurídicamente lo que Hitler exclamara exultante, emborrachado por la euforia de sangre del amanecer de esas siniestras 24 horas de puñales asesinos ante el congreso: “¡El tribunal supremo del pueblo alemán durante esas 24 horas fui yo mismo!”. William Schirer, el periodista norteamericano y gran cronista de esos años de terror presente en esa ominosa sesión del parlamento nazi comenta: “Los diputados se pusieron en pie para vitorearlo”. ¿Es lo que, en versión farsesca, intenta el Tribunal Supremo de Justicia permitiendo que el caudillo se exprese en calidad de magistrado supremo de la Nación en un acto del que debió permanecer estrictamente alejado?

Tras el sedicente Estado Total del magistrado Delgado, de innegable raigambre mussoliniana, se esconde, desde luego, una aberración jurídico política. Y la voluntad implícita de aplastar toda diferencia específica, homogeneizar la totalidad social y someter la sociedad a la voluntad del teniente coronel. El magno proyecto del nazismo y del estalinismo. Citar a Hobbes ante tamaña aberración de naturaleza política demuestra un consistente analfabetismo jurídico y filosófico. La división de la sociedad entre sus distintos grupos, clases y estamentos, así como la especificidad individual del sujeto, es originaria y anterior al Estado moderno, surgido como una necesidad ante la complejidad de la socialización misma, como lo señala el pensador inglés en el Leviatán, que fundamenta su existencia precisamente en la necesidad de regular y dirimir las diferencias de dicha socialización y el bellum omnia contra omnem en que quedaría librada a su suerte de no mediar un árbitro imparcial y supremo, la guerra de todos contra todos. Hegel, en su Filosofía del Estado y del Derecho lo expresaría de manera categorial, al subsumir las distintas instancias de la existencia real bajo las dos grandes categorías de Estado (Staat) y sociedad civil (bürgerliche Gesellschaft).

No es ninguna contradicción que el intento por convertir a nuestro ágrafo teniente coronel en magistrado supremo de la Nación intentado por el tribunal supremo de justicia al concederle el derecho de palabra en un acto de su estricta competencia, tenga lugar en las vísperas del 4 de febrero y preceda a la celebración estrictamente militar del vigésimo aniversario de un acto anticonstitucional, antidemocrático y de clara naturaleza dictatorial como el golpe de estado militar del 4 de febrero de 1992 y con cuyos fastos pretende coronar su trabajo de zapa y terminar por destruir la arquitectura democrática y constitucional intrínseca al actual ordenamiento jurídico de nuestra Nación.

Comete un acto de criminal y suicida irresponsabilidad el magistrado Arcadio Delgado: sacando a relucir a Carl Schmitt para legitimar 20 años después un golpe de estado fracasado e imponer un régimen totalitario a todas luces ilegítimo, reconoce la eventual legitimidad del que podría acontecer para resolver el virtual estado de excepción  a que nos empuja su ferretería intelectual y los hechos que lo sustentan. Carl Schmitt sirve para legitimar el resultado de un golpe, como también para darle derecho de nacimiento al que está siempre latente.

La oposición democrática no pisará el palito de sus desvaríos: Chávez saldrá por la puerta que entró, sin necesidad de empujarlo a la salida por los medio ilícitos con que anunciara su epifanía desde el Museo militar. La prueba la obtendrá este 12 de febrero. La ruta de nuestro destino la decidimos nosotros, los ciudadanos emancipados, no piratas de la jurisprudencia, asaltantes uniformados y oportunistas de postín como el magistrado Arcadio Delgado. En todo caso, y para su ilustración, le recomiendo la lectura de mi ensayo Crisis y Estado de Excepción en la Venezuela Actual. Leer a Carl Schmitt. Allí comprobará que está invocando un cuchillo de doble filo. Las tiranías no trepidan en asesinar a quienes ya no le sirven. Sirva la prueba de esa terrible Noche de los Cuchillos Largos.           

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