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La organización independiente SÚMATE, provista
de suficientes instrumentos de análisis y una importante
experticia en materia electoral, cuantifica en más de un
millón y medio de votos los logrados por el régimen en
esta última medición electoral mediante mecanismos
fraudulentos. Hablamos de cedulación múltiple, inflación
del REP, inhabilitaciones masivas, votaciones forjadas y
otros mecanismos de falsificación electoral. Si a ellos se
le suman los obtenidos mediante la presión, la
intimidación y el brutal comercio electorero del Poder
estatal – hablamos de más de tres millones de burócratas,
becarios y subvencionados dependientes del Estado
obligados o requeridos a votar siguiendo las órdenes del
Supremo – tenemos que parte sustancial de las votaciones
alcanzadas por el teniente coronel Hugo Chávez no se
corresponden con la libre voluntad de los ciudadanos. Y
sus resultados electorales reales y objetivos son
sustancialmente menores, cuantitativa y cualitativamente
considerados, que las votaciones alcanzadas por la
oposición democrática. Ello a despecho de las apariencias,
capaces de encandilar no sólo a personajes ignorantes de
nuestras circunstancias y políticamente interesados en
cosechar las simpatías del poderoso petro-estado chavista,
sino a un vasto sector de la propia oposición democrática.
Pronta a dejarse empujar a las horcas caudinas del aparato
electoral del régimen de manos atadas, en un rasgo de
pusilanimidad verdaderamente lamentable.
Bastaría señalar la insólita y desaforada
campaña proselitista adelantada por el presidente de la
república y los funcionarios de Estado mediante la
malversación de su gigantesco aparato de control y
manipulación, civil y uniformado, así como del
aprovechamiento indebido de miles y miles de millones de
dólares, para reconocer la absoluta irregularidad de éste
y otros procesos electorales. Haciendo uso de un Poder
discrecional que violenta toda las normativas, ante la
anuencia y la complicidad de las autoridades del Consejo
Nacional Electoral y todos los poderes del Estado –
declarados en vacaciones para que se dedicaran a la
campaña electoral - , el presidente de la república habló
más de 240 horas mediante más de cuarenta cadenas
nacionales de radio y televisión en un lapso no mayor a un
mes de campaña, promocionándose él e imponiendo su
enmienda contra viento y marea. Si a ese abuso tiránico,
se suman los contenidos transmitidos, se tiene una
violación flagrante a la constitución. A despecho de lo
que crea – o quiera hacer creer - el cantautor español
Juan Manuel Serrat, estas elecciones fueron absolutamente
antidemocráticas y muchísimo más cercanas a las celebradas
en regímenes totalitarios, como las de Mugabe en Zimbabue
o las de los hermanos Castro en Cuba, que en sistemas
democráticos.
Finalmente, y a los efectos de valorar la
importancia de la celebración de elecciones para
caracterizar la naturaleza democrática o antidemocrática
de un régimen socio-político, es imposible pasar por alto
la función legitimadora que pueden cumplir determinados
procesos electorales – Hitler es el más preclaro ejemplo
-, cuando se les celebra más como una farsa o una comedia
plebiscitaria que como un serio, transparente y respetuoso
enfrentamiento de ideas y programas. Las elecciones, en
Venezuela, pertenecen antes al primer tipo que al segundo.
Sirven de coartada al sistemático vaciamiento de contenido
democrático de nuestras instituciones y al entronizamiento
vitalicio de un régimen ya profundamente antidemocrático.
Así la izquierda regional y mundial y algunos
gobiernos cómplices e interesados en el intercambio
comercial con el petro estado venezolano – el caso Sarkozy
es sencillamente patético – pretendan soslayarlo, en
Venezuela se vota, pero no se elige. Y cuando se elige, se
lo hace bajo condiciones excepcionales. Es el caso que
quisiéramos someter a consideración.
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Ninguna elección realizada en
Venezuela, por lo menos desde el Referéndum Revocatorio
del 15 de agosto de 2004 hasta hoy, se ha realizado bajo
cumplimiento de las normas establecidas. Todos ellos se
han celebrado bajo imposiciones del régimen, en los lapsos
y condiciones convenientes a sus propósitos y bajo el
arbitrio de una institución electoral descaradamente a su
servicio. Pues entre las instituciones copadas por el
régimen desde que asaltara electoralmente el Poder, la
primera de ellas fue el Consejo Nacional Electoral, del
cual se separó antes del Referéndum Revocatorio a todos
los empleados y funcionarios que no fueron adeptos al
gobierno. Bajo tales parámetros y contando con ese
instrumento, el registro Electoral Permanente (REP) que
administra los listados de votantes ha sido inflado y
modificado a capricho de los funcionarios al servicio
irrestricto del régimen, tanto mediante la incorporación
de votantes provistos de numerosas cédulas de identidad
falsificadas, nacionalizaciones irregulares y reajustes de
los circuitos para acomodar los registros regionales de
acuerdo a las necesidades del régimen. Ninguna casualidad
que la institución encargada de la identidad de los
venezolanos, la DIEX, esté en manos de funcionarios
cubanos. Los mismos que organizan los operativos de
cedulación en los barrios populares y otorgan cédulas de
identificación violando todas las normas. Los mismos que
han asesorado todos los procesos electorales desde
entonces, y a quienes Chávez debe su permanencia en el
cargo, como lo reconociera sin ambages en una reunión de
alto nivel celebrada en los meses de noviembre y diciembre
de 2004 en los espacios de Fuerte Tiuna. El REP es
inauditable, constituye una caja negra y jamás ha sido
abierto a la oposición y puesto al servicio de la
controlaría ciudadana. Es asombroso que la oposición
democrática venezolana no haya hecho del rechazo de tales
condiciones cuestión de honor y tampoco haya insistido en
la necesidad ineludible de modificarlas. Como también es
asombroso que aún bajo tales condiciones haya logrado dos
éxitos estratégicos, que pudieron haber sido sin duda
mayores de cumplirse condiciones electorales decentes y
aceptables.
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Difícilmente podrían comprender los
observadores extranjeros que no se trata principal y
esencialmente de fraudes cometidos el día de las
elecciones mediante la adulteración de las cifras: se
trata de procesos esencialmente fraudulentos, de
situaciones fraudulentas, de un continuo, inalterado y
sofisticadísimo proceso de falsificación de los procesos
electorales. Que comienzan por la alteración de las bases
del registro, la fijación de las fechas a conveniencia del
presidente de la república, el uso indiscriminado de todos
los poderes del Estado para intimidar a la oposición,
controlar a los empleados del Estado, amenazar a la
ciudadanía y aplastarla mediante el uso de cadenas
nacionales de radio y televisión, obsequios y regalos,
sueldos extras y compromisos de toda naturaleza.
Bajo condiciones tan antidemocráticas y
represivas es simplemente asombroso que la oposición haya
ganado el 2 de diciembre – hasta hoy no se conocen los
resultados definitivos, que esta vez se dieron a conocer
en cuestión de pocas horas - y haya obtenido las
gobernaciones y alcaldías más importantes del país el 23
de noviembre. Es más: que superando la intimidación y los
abusos haya aumentado su votación y haya superado –
formal, oficialmente – los cinco millones de electores.
Ninguna exageración que bajo tales condicionantes haya
quienes afirman que el 15 de febrero la oposición obtuvo
la mayoría de votos, repitiendo el expediente del 2 de
diciembre de 2007. Y que esta vez el gobierno se haya
visto obligado a imponer sus condiciones.
No estamos en un escenario festivalero:
estamos en la arena sobre la que se decide la vida o la
muerte de un sistema social y político.
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Dos son las razones de los éxitos estratégicos
de la oposición democrática, así se hayan cumplido de
manera limitada – si hasta hoy no se conocen los
resultados del 2D y los del 23N dejan serias dudas, no se
hable de los del 15-F -: el sistemático deterioro del
régimen, con su crisis interna y la quiebra de su alianza
fundamental, por una parte. Todo lo cual acompañado por el
desgaste y el desprestigio de diez años de desastroso
gobierno. Y por la otra, el fortalecimiento de la
oposición, acrecentada con la incorporación del movimiento
estudiantil y los sectores desafectos del chavismo. Así
como sus políticas unitarias, si bien limitadas a ciertas
regiones. Ambos procesos son concomitantes y se encuentran
en pleno desarrollo, de modo que, como lo hemos sostenido
en reiteradas ocasiones, el 15.F no logrará modificar sus
datos estructurales. Chávez perdió el tren de la historia.
La oposición tiene el futuro a su favor.
La brutal caída de los precios del petróleo
coincide con una desaceleración de la economía, que ya
mostraba signos de una acuciante crisis en medio de la
bonanza de los precios en julio pasado. De allí la
inflación de 2008, la más alta de América Latina y una de
las más altas del mundo. Si esta desaceleración y este
alto proceso inflacionario sucedió bajo los más altos
precios del petróleo venezolano, muchísimo mayor serán los
efectos de la crisis con la pérdida de entre el 60 y el
70% de los ingresos en dólares causados por la baja del
precio de la canasta venezolana, que cae de $125 a
mediados de 2008 a los $26 o $30 actuales. Los economistas
hablan de estanflación. Los analistas sociales de un
panorama verdaderamente pavoroso. El gobierno no podrá
cubrir las importaciones, lo cual traerá consigo
desabastecimiento e inflación. No podrá tampoco continuar
con sus desaforados gastos fiscales, viéndose en la
obligación de recortar el gasto social, las misiones y los
regalos. Tendrá necesariamente que cortar la entrega de
petróleo subsidiado y donaciones a gobiernos extranjeros.
O persistir en sus graves errores y desatar un proceso de
consecuencias verdaderamente impredecibles.
Aún peor: no podrá honrar una ingente cantidad
de compromisos adquiridos. Y así se niegue a devaluar,
tendrá que hacerlo vía indirecta a través de la pérdida de
valor del dinero y la consiguiente presión inflacionaria.
Dada la naturaleza del régimen y la personalidad del
caudillo, ya se asoma la radicalización de la apuesta. Lo
que terminará generando una agudización de los conflictos
laborales y sociales. Por ahora, el caudillo toma el atajo
de la radicalización. Lo conducirá ineluctablemente al
abismo.
Es en ese contexto que se celebrarán los
próximos procesos electorales, si es que llegan a tener
lugar y no se ven interrumpidos por graves confrontaciones
políticas. Bajo el empuje de una pérdida creciente de
popularidad por parte del presidente de la república y su
movimiento político, así como del fortalecimiento de la
oposición democrática. Cambia el escenario, cambian los
protagonistas, cambian las condiciones. Ese será el tema
de nuestro próximo artículo.