“Que florezcan cien rosas”
Mao
Citar a Mao en este contexto no presupone
rasgo de ironía alguna: todo lo contrario. Permitir y
propiciar el florecimiento de iniciativas de la sociedad
civil que apunten a conformar el más amplio abanico de
acciones políticas posibles que confluyan en el magno
objetivo común de enfrentar la grave crisis que vivimos
y resolverla haciendo acopio del mayor caudal de fuerzas
y propósitos no puede ser más que un acto necesario,
pertinente y plausible. Pero sobre todo altamente
democrático.
Es obedeciendo a ese propósito que un grupo
de venezolanos independientes de toda militancia
partidista, pero hondamente preocupados por el curso que
lleva la Nación nos hemos reunido y organizado para
llevar a cabo un objetivo que nos parece prioritario y
de gran trascendencia histórica, así no haya sido
suficientemente destacado por los partidos políticos de
oposición: subrayar la vigencia de la soberana decisión
asumida por el pueblo venezolano el 2 de diciembre y, en
concordancia, exigir de parte del presidente de la
república respeto irrestricto a dicha decisión. Asunto
en extremo problemático, dada su manifiesta voluntad de
burlar dicha decisión soberana imponiendo por vías
anticonstitucionales lo que no logró imponernos mediante
el recurso a la susodicha reforma constitucional.
Es evidente que al hacerlo, el grupo que
suscribe los tres documentos ya publicados – en Caracas
el 19 de abril, en Maracay el 14 de mayo y en Valencia
el 21 de mayo último pasado – no puede sustraerse del
marco general en que nuestro reclamo tiene lugar. A
saber: la profunda crisis política, económica y social
que aqueja a la sociedad venezolana, respecto de la cual
se torna imperativo una toma de posición y una voz de
alerta. Es el significado de sendos documentos,
enmarcados no sólo por la sistemática violación a los
principios constitucionales sino por hechos de extrema
gravedad, nacional e internacional, que les son
concomitantes, como es el caso de las revelaciones del
contenido de los archivos de las computadoras personales
de Raúl Reyes, el segundo dirigente más importante de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC,
que involucran al presidente de la república, a algunos
de sus ministros, a altos oficiales de nuestra Fuerza
Armada Nacional y a destacados políticos de la alianza
gubernativa. Así como a denunciar la evasión de toda
explicación ante nuestra opinión pública por parte del
principal involucrado, el propio presidente de la
república. Ello supone no sólo una grave
irresponsabilidad ante la comunidad internacional, sino
una burla al país. Hechos de tanta gravedad como los
allí manifestados, jamás acontecidos en nuestro país ni
en ningún otro de la región, ameritan la máxima atención
y estudio de parte de la dirigencia política opositora.
De allí también el énfasis acordado al ultraje a las
regiones subyacente en la decisión presidencial de
atropellar los logros de la descentralización y el
llamado a los sectores institucionalistas de nuestra
Fuerza Armada Nacional ante el daño incalculable que
provoca a la Nación la politización de dicha
institución, como lo destacáramos en el llamado
manifiesto de Carabobo.
En ninguno de los documentos mencionados se
hizo mención crítica a la labor de los partidos
políticos de oposición y su natural y lógica aspiración
de participar en el próximo proceso electoral. Muy por
el contrario. Se ha hecho hincapié, en cambio, en el
hecho más que palmario que el M2D no es un partido
político, no tiene aspiración ni ambición de participar
en dicho proceso electoral con candidaturas propias o
ajenas y no extiende su competencia más allá de acordar
una visión critica sobre el lamentable y crítico estado
de la situación nacional y la imperiosa necesidad de
activar todos los mecanismos de alerta y acción
políticas del conjunto de las organizaciones e
individualidades de la sociedad civil venezolana para
impedir la consumación de una dictadura totalitaria en
nuestro país.
Huelga señalar, asimismo, que comprendemos
la problemática de diversa índole que enfrentan los
partidos políticos y la concreción de sus actividades al
logro de sus objetivos, particulares y generales. Hoy en
día principalmente encaminados a enfrentar dicho proceso
electoral. Y no aspiramos sino a que se concrete la
máxima unidad posible, se superen las controversias y se
enrumbe su acción bajo la inspiración de los sagrados
intereses nacionales. Recuperando por su intermedio los
espacios de gobernaciones y alcaldías, vitales en el
proceso general de restablecimiento del orden
democrático en el país.
De modo que existe perfecta compatibilidad
entre dicha acción y la nuestra, sin menoscabo de
ninguna de ellas. Lo cual tampoco exime a unos y otros
del derecho y la conveniencia de expresar sus puntos de
vistas discordantes sobre mecanismos de acción referidos
al modo y manera como dichos partidos enfrentan la
coyuntura electoral y la situación política general.
Muchos de ellos cuestionados de manera pública y notoria
por los propios dirigentes de dichos partidos. Y
respecto de los cuales no tenemos otra aspiración que
verlos superar sus dificultades y contradicciones. En
bien de dichos partidos y del resultado general al que
todos aspiramos: fortalecer la oposición y contribuir de
manera categórica e indiscutible a la superación de la
crisis.
Consideramos importante resaltar, sin
embargo, que partimos de algunas consideraciones
esenciales que pueden ser disímiles a las mantenidas por
algunos líderes opositores: caracterizamos al régimen
como un gobierno de facto, vale decir: situado al margen
del orden constitucional. Creemos que dada la actual
dinámica impuesta por el presidente de la república, su
estrategia imposibilita una salida electoral, pacífica y
consensuada a la grave crisis que vivimos.
Particularmente en función del lamentable estado de
control presidencial sobre las instancias y arbitrios
electorales, que nos adeudan hasta el día de hoy los
resultados definitivos del 2D. Y alertamos
consiguientemente a la ciudadanía para que, sin dejarse
chantajear por las amenazas y prácticas violentas y
totalitarias del régimen, active todos los mecanismos
constitucionales para propiciar una salida a la grave
situación que vivimos. Sin menoscabo de la paz, la
soberanía y la convivencia democrática de la Nación.
En consecuencia, no cejaremos en nuestro
esfuerzo por defender la vigencia de la Carta Magna y
combatir las prácticas violatorias del régimen a su
espíritu y su letra. Ni tampoco rebajaremos nuestra
acción al cumplimiento de las agendas políticas del
régimen. El problema de Venezuela se llama Hugo Rafael
Chávez Frías. Combatirlo por todos los medios que la
constitución establece y garantiza es nuestra divisa.
Debiera ser, asimismo, la de todos los partidos
políticos y el pueblo democrático en su conjunto.