Las revelaciones del ex fiscal Hernando Contreras han
destapado la cloaca político-judicial más inmunda que
haya existido jamás en Venezuela. Ni con los dictadores
Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez la justicia
estuvo más corrompida, podrida, emporcada y prostituida
como lo ha estado bajo el gobierno de Hugo Chávez.
Quien desde Miraflores le ha ordenado a sus tres o
cuatro lacayos encargados del caso Anderson encubrir,
distorsionar, mentir e inventar tanto como les fuera
necesario para impedir el esclarecimiento del crimen del
fiscal Danilo Anderson. Adobado y cocinado en los
tenebrosos subterráneos del Poder. Bajo la mano peluda
de un chambón de tanta prosapia, que dejó sus huellas
digitales entintadas en sus personales excrementos.
De dichas revelaciones queda claro el
talante criminal, mafioso, asesino y descarado de una
fiscalía arrodillada de la manera más obscena ante el
poderoso de turno. La bajeza y la ruindad de un pobre
infeliz elevado al rango de fiscal general de la
república para servir de alcahuete a los siniestros
manejos del jefe de gobierno, escudado en la mediocridad
de su poesía, la estupidez de sus declaraciones y la
inmundicia de su cobardía. Pero no es sólo Isaías
Rodríguez: son sus fiscales. No sólo la fiscalía: el TSJ,
dispuesto a poner jueces a la orden de la mentira y la
persecución. Y desde luego de los cuerpos policiales y
de seguridad, convertidos en tribunales expeditos y
ejecutores sumarios. De la Disip y de la DIM, del CICPC
y del ministerio del interior salieron, según revela el
ex fiscal Hernando Contreras, las órdenes y las
indicaciones precisas que acabaron con la vida de Juan
Carlos Sánchez y Antonio López. No se conformaron con el
asesinato: de ellos salió la decisión de humillar y
encarcelar a Haydée Castillo y su esposo, convirtiendo
los establecimientos de justicia en prostíbulos que
avergüenzan al gentilicio.
Forjamiento de actas, compra de testigos
acusadores, manipulación de expedientes y la aterradora
potestad del presidente de la república para decidir a
quien acusar, a quien perseguir, a quien encarcelar. De
creer en las declaraciones de Hernando Contreras, la
reunión en que altos funcionarios de los llamados
cuerpos de seguridad del Estado deciden el nombre de las
figuras a exterminar causa estremecimiento. Si ello es
cierto, y habría que averiguarlo con la mayor urgencia,
hemos estado viviendo estos diez años bajo el reinado
del horror. Involucrados: desde Nicolás Maduro – que
corre a dotar en minutos de identidad y pasaporte al
llamado “testigo estrella” – hasta Yoraco Bauza e Isaías
Rodríguez, los directores de la Disip y la DIM y los
funcionarios que ocupaban los ministerios respectivos.
Brilla en esas tareas de tenebrosa criminalidad el
nombre de Jesse Chacón Escamillo.
Más impresionante que la aterradora
narración de hechos tan obscenos y escandalosos es el
silencio de la presidenta de la Asamblea Nacional Cilia
Flores, de la fiscal Luisa Ortega Días, de la presidente
del TSJ Luisa Estela Morales. Los diputados Mario Isea,
Carlos Escarrá, Earle Herrera y otros se prodigaron en
denuncias contra Miguel Henrique Otero y Alberto
Federico Ravel, acusados de magnicidas y golpistas. Se
precipitaron luego a amenazar a Manuel Rosales porque le
regaló un carro a un compadre y hasta tuvieron el tupé
de convocarlo a una indagatoria parlamentaria. Hoy
guardan el más estricto silencio. Para nuestro asombro,
también la dirigencia opositora guarda silencio. Los
tres temas que más angustian a los venezolanos – la
inseguridad, la corrupción y la inmoralidad – están
ausentes de la campaña electoral. ¡Pobre Venezuela, qué
bajo has caído!
Huele a podrido en Venezuela. Cuando esta
pesadilla dantesca llegue a su fin, habrá que fumigarla
de cabo a rabo.