Las revelaciones del ex fiscal Hernando Contreras han destapado la cloaca político-judicial más inmunda que haya existido jamás en Venezuela. Ni con los dictadores Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez la justicia estuvo más corrompida, podrida, emporcada y prostituida como lo ha estado bajo el gobierno de Hugo Chávez.  Quien desde Miraflores le ha ordenado a sus tres o cuatro lacayos encargados del caso Anderson encubrir, distorsionar, mentir e inventar tanto como les fuera necesario para impedir el esclarecimiento del crimen del fiscal Danilo Anderson. Adobado y cocinado en los tenebrosos subterráneos del Poder. Bajo la mano peluda de un chambón de tanta prosapia, que dejó sus huellas digitales entintadas en sus personales excrementos.

 

            De dichas revelaciones queda claro el talante criminal, mafioso, asesino y descarado de una fiscalía arrodillada de la manera más obscena ante el poderoso de turno. La bajeza y la ruindad de un pobre infeliz elevado al rango de fiscal general de la república para servir de alcahuete a los siniestros manejos del jefe de gobierno, escudado en la mediocridad de su poesía, la estupidez de sus declaraciones y la inmundicia de su cobardía. Pero no es sólo Isaías Rodríguez: son sus fiscales. No sólo la fiscalía: el TSJ, dispuesto a poner jueces a la orden de la mentira y la persecución. Y desde luego de los cuerpos policiales y de seguridad, convertidos en tribunales expeditos y ejecutores sumarios. De la Disip y de la DIM, del CICPC y del ministerio del interior salieron, según revela el ex fiscal Hernando Contreras,  las órdenes y las indicaciones precisas que acabaron con la vida de Juan Carlos Sánchez y Antonio López. No se conformaron con el asesinato: de ellos salió la decisión de humillar y encarcelar a Haydée Castillo y su esposo, convirtiendo los establecimientos de justicia en prostíbulos que avergüenzan al gentilicio.

 

            Forjamiento de actas, compra de testigos acusadores, manipulación de expedientes y la aterradora potestad del presidente de la república para decidir a quien acusar, a quien perseguir, a quien encarcelar. De creer en las declaraciones de Hernando Contreras, la reunión en que altos funcionarios de los llamados cuerpos de seguridad del Estado deciden el nombre de las figuras a exterminar causa estremecimiento. Si ello es cierto, y habría que averiguarlo con la mayor urgencia, hemos estado viviendo estos diez años bajo el reinado del horror. Involucrados: desde Nicolás Maduro – que corre a dotar en minutos de identidad y pasaporte al llamado “testigo estrella” – hasta Yoraco Bauza e Isaías Rodríguez, los directores de la Disip y la DIM y los funcionarios que ocupaban los ministerios respectivos. Brilla en esas tareas de tenebrosa criminalidad el nombre de Jesse Chacón Escamillo.

 

            Más impresionante que la aterradora narración de hechos tan obscenos y escandalosos es el silencio de la presidenta de la Asamblea Nacional Cilia Flores, de la fiscal Luisa Ortega Días, de la presidente del TSJ Luisa Estela Morales. Los diputados Mario Isea, Carlos Escarrá, Earle Herrera y otros se prodigaron en denuncias contra Miguel Henrique Otero y Alberto Federico Ravel, acusados de magnicidas y golpistas. Se precipitaron luego a amenazar a Manuel Rosales porque le regaló un carro a un compadre y hasta tuvieron el tupé de convocarlo a una indagatoria parlamentaria. Hoy guardan el más estricto silencio. Para nuestro asombro, también la dirigencia opositora guarda silencio. Los tres temas que más angustian a los venezolanos – la inseguridad, la corrupción y la inmoralidad – están ausentes de la campaña electoral. ¡Pobre Venezuela, qué bajo has caído!

 

            Huele a podrido en Venezuela. Cuando esta pesadilla dantesca llegue a su fin, habrá que fumigarla de cabo a rabo.

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