as
declaraciones de Robert Knoble, Jefe máximo de la
INTERPOL, no dejan lugar a la más mínima duda: los 983
archivos sometidos a la experticia de la más importante
agencia policial del planeta pertenecen a Raúl Reyes y
no han sido manipulados. La palabra allí firmada por
Reyes o por los otros miembros del secretariado de las
FARC, Manuel Marulanda e Iván Márquez entre otros, es
santa palabra. Que ellos suscribieron lo que en dichos
documentos se afirma, está fuera de toda sospecha. Y que
el contenido de tales documentos no ha sido manipulado,
es cosa juzgada.
Del estudio de ese cúmulo de documentos,
pruebas eventuales en un juicio por traición a la patria
y otros de lesa humanidad, cometidos por el presidente
de la república y alguno de sus colaboradores, entre
ellos un ministro de interior y justicia y varios
generales de su Fuerza Armada Nacional, se derivan
crímenes de gran envergadura, sometidos hoy a la
penalización de la justicia internacional que, desde el
juicio al general Augusto Pinochet, a Milosevich y Sadam
Hussein, entre otros, se ha venido imponiendo en la
jurisprudencia internacional. Sus delitos pueden ser
sujeto de inculpación de parte de cualquier ciudadano de
cualquier país del mundo. Y no prescriben.
De entre todos los delitos cometidos por el presidente
de la república en connivencia con altos funcionarios
civiles y militares, el más grave a nivel de la
comunidad internacional es, sin duda, el de
agavillamiento y colaboración con grupos
narcoguerrilleros y terroristas. Sobran los antecedentes
como para declarar al gobierno del teniente coronel Hugo
Rafael Chávez Frías un gobierno forajido y terrorista. A
lo que habría que agregar el calificativo juridico-político
de gobierno de facto, como lo señalara el
documento fundacional del movimiento 2 de Diciembre,
Democracia y Libertad, debida a su continua y
sistemática violación al orden constitucional y a la
decisión soberana del 2 de diciembre de 2007.
Habrá que esperar a las reacciones de la
comunidad internacional, algunos de cuyos miembros ya
han insinuado severas advertencias. Así, el presidente
de la Comunidad Europea y la canciller de Alemania,
Ángela Merkel. Hay, sin embargo, muy serias y fundadas
dudas de que la OEA y su Secretario General, José Miguel
Insulza, muestren la más mínima consternación y asuman
su responsabilidad ante la historia. Lula ha tenido el
tupé de considerar que este presidente, cómplice de la
criminalidad terrorista de las FARC y del ELN, es “el
mejor presidente de Venezuela en los últimos cien años”.
Una declaración que deja en evidencia su cinismo, su
crasa ignorancia y su irresponsabilidad. Y lo muestra de
cuerpo entero, desnudando de paso la falacia de la
llamada “izquierda democrática”. Queda en claro que si
en América Latina es democrática, lo es por la fuerza de
las cosas. No por su dialéctica inmanente.
La situación es hoy tan grave como lo fuera
para los políticos europeos que enfrentaban a Hitler y
aseguraban estar ante un demócrata ejemplar, desde Lord
Halifax hasta Neville Chamberlain. Quienes creían poder
domesticar al Führer con gestos amistosos. Tuvo que
aparecer en escena un hombre de la grandeza, la
integridad, la lucidez y el coraje de Winston Churchill
para echar a andar la maquinaria de guerra que terminó
por empujarlo al abismo. Y al suicidio.
Chávez debe ser enjuiciado
internacionalmente por sus delitos. Si el mundo prefiere
mirar de soslayo y perdonarle lo que no le han perdonado
a Milosevich, a Sadam Hussein y a Pinochet, no hay
justificación alguna para que la oposición venezolana
cometa el mismo grave delito de ocultamiento y
complicidad. Es ahora que se verá cuán demócrata y cuán
opositor es el Señor Manuel Rosales y la restante
dirigencia de la oposición partidista. ¿O seguirán
escondiendo la cabeza en la arena?
Un
gobierno
forajido y
terrorista