Los partidarios de Chávez se atrincheran en la supuesta existencia de una amplia libertad de expresión para afirmar que en Venezuela no hay una dictadura. La insistencia en decirlo ya resulta de por sí sospechosa. Las virtudes, tanto de las personas como de las instituciones, se muestran por sí mismas, y no hace falta pregonarlas a cada rato. Si se hace esto último es, obviamente, porque no se está muy seguro de que tales virtudes existan. Y es por demás significativo que quienes niegan que en nuestro país exista hoy una dictadura lo hagan con el único argumento de que los venezolanos gozamos de una amplia libertad de expresión.

Negarlo sería necio. Tenemos libertad de expresión, pero no plena, porque la misma está permanentemente mediatizada por numerosos artificios legales y/o administrativos. Las amenazas contra los periodistas y los medios de comunicación son constantes, y a menudo no se quedan en ello. Son muchos los periodistas y otras personas sometidos a juicio o presos por emitir opiniones contrarias a las “verdades” oficialistas. Asimismo son frecuentes los insultos proferidos por altos funcionarios, Chávez a la cabeza, contra profesionales de la comunicación, lo cual es también un atentado contra la libertad de expresión porque tales actitudes persiguen un propósito intimidatorio. No negamos a tales funcionarios el derecho a defenderse de las acusaciones que se les haga, siempre que se asuma con el respeto y la decencia a que todo funcionario está obligado.

Ahora bien, ¿basta con que haya libertad de expresión, plena o mediatizada, para que se pueda negar la existencia de una dictadura? ¿Es, acaso, la libertad de decir cada quien lo que quiera el único signo de una democracia, o de que no hay una dictadura?

Desde luego que la libertad de expresión y demás derechos humanos son esenciales y definitorios de la democracia. Pero no bastan. Junto a ellos son consustanciales con la democracia otras instituciones jurídicas y políticas, la primera de ellas la separación e independencia de los poderes públicos. Sin un poder legislativo independiente; sin un poder judicial verdaderamente autónomo; sin un poder electoral absolutamente impermeable a las presiones de otros poderes, sobre todo del ejecutivo; sin una contraloría, una fiscalía y una defensoría del pueblo en nada obsecuentes a los designios del presidente de la República y celosas en el resguardo de su autonomía, es imposible hablar de democracia. Y si no hay democracia lo que hay es dictadura, o algo muy parecido a esta.

Y tal es, como todo el mundo sabe, el caso de la Venezuela actual, donde la Asamblea Nacional no es sino un lamentable apéndice del presidente, igual que los tribunales de justicia, desde el Máximo hasta el de más baja jerarquía; el llamado poder ciudadano, y –quizás el más vergonzoso, dada la delicadeza de sus funciones– el tristemente célebre Consejo Nacional Electoral.

¿Qué es, pues, lo que hoy tenemos en Venezuela? Una democracia, evidentemente, no es…