Pocos hechos tan bochornosos e indignantes como la  situación a que tienen sometidos a los comisarios Simonovis,  Forero y Vivas, y con ellos a un grupo de ex agentes de la Policía  Metropolitana. Una demostración, además, de cómo en la Venezuela actual se prostituye descaradamente el llamado Estado de Derecho, hasta hacerlo irrisorio e inoperante, y de cómo los organismos y funcionarios más obligados a cumplir y  hacer que se cumpla la legislación vigente, se burlan  desfachatadamente de la Constitución y de las leyes.

Según el artículo 26 de la Constitución “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,  equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin  formulismos o reposiciones inútiles”. Prácticamente no hay  una sola de esas características que no haya sido brutalmente violada en el caso de estos ciudadanos, especial y notoriamente lo que se refiere a la imparcialidad, a la independencia y a lo concerniente a las “dilaciones indebidas”. Respecto a esto  último, la canallesca prolongación del juicio a que estos venezolanos  están siendo sometidos, además de ilegal resulta insólita y es un torpe y flagrante incumplimiento de la norma constitucional, tanto más grave cuanto que ha sido un acto consciente e intencional, pues no puede haber sido de otro modo.

Por otra parte, a ese grave alargamiento del proceso se añade que también  se ha violado el derecho de los reos a ser juzgados en libertad, explícitamente estatuido en la correspondiente legislación procesal.

Se ha dicho que estos ciudadanos no son presos  políticos, porque los hechos que se les imputan son delitos comunes. Aparte de que esto es una falacia jurídica, y así ha sido plenamente demostrado, el hecho de que a ellos se les haya negado, de manera explícita, el derecho  a ser incluidos entre los favorecidos por la amnistía concedida  a principios de este año los convierte de hecho, paradójicamente, en presos políticos, puesto que tal negación hace de ellos unos prisioneros del propio presidente de la República.

Quizás lo más insólito de este asunto es que en él ha  estado en juego la conciencia moral y profesional de fiscales y jueces. Nunca hasta ahora habían sido tan motivo de escarnio los nobles principios jurídicos de que se nos habla en las escuelas de Derecho desde el primer día de clases y durante  toda la carrera. Dicho sea al margen de otras  consideraciones referentes a la dignidad y el decoro ciudadanos de estos jueces y fiscales. ¿Cómo es posible que profesionales del Derecho puedan actuar con tal prescindencia de esos principios, que se supone conocieron en las aulas universitarias, y sin motivo alguno que lo justifique, guiados sólo por el miedo y por la miserable condición de adulantes?

Tal vez tengan razón quienes alegan que estos  compatriotas no son presos políticos. Porque, en vedad, ni siquiera son presos, a secas, lo que son es  secuestrados.