Mucho se dice que en Venezuela no hay Estado de Derecho.

Es una metáfora, o mejor, una hipérbole, una exageración, para llamar la atención con un mínimo de vehemencia acerca de las frecuentes violaciones de la Constitución y las leyes, practicadas por los diversos órganos y funcionarios del poder público.

Exageración, digo, porque en Venezuela existe el Estado de Derecho, al menos de hecho, valga la aparente redundancia.

Tenemos, en efecto, el aparataje jurídico de lo que se llama Estado de Derecho.

Existen los poderes públicos, no sólo los tres clásicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino aumentados a cinco por la manía innovadora, típicamente gatopardiana, del señor Chávez, que inventó poner en la Constitución dos más, el Poder Ciudadano, formado por la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, y el Poder Electoral, que reside en el Consejo Nacional Electoral  (http://cne.gob.ve)

Pero ese Estado de Derecho, que existe de hecho, como ya dije, no funciona, es un armatoste burocrático absolutamente inoperante, primero porque no existe la debida separación e independencia de esos órganos del Poder Público, por el deliberado propósito del presidente de la República, con su exacerbada y no desmentida vocación autocrática y totalitaria, de ejercer el dominio absoluto sobre todos dichos órganos.

Segundo, porque las personas que ejercen los cargos respectivos –diputados, magistrados y jueces, fiscales, contralor, defensor del pueblo, miembros del CNE– son abúlicos, sin la dignidad necesaria para ejercer sus funciones con la autonomía e independencia que requieren sus altas investiduras.

Y actúan así por cobardía, por su espíritu ancilar y sumiso.

Los ejemplos abundan. Muestra notoria y repugnante es la actuación irrisoria del sarcásticamente llamado “defensor del puesto”, quien cínicamente declara que aquí “no hay presos políticos, sino políticos presos”, repitiendo sin rubor una originalísima frase requeterrepetida en todos los gobiernos de la llamada cuarta República.

Otro tanto ocurre en el Poder Judicial, donde la inoperancia del Estado de Derecho es quizás la más escandalosa. El artículo 26 de la Constitución dice: “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Son emblemáticos los casos de los comisarios Simonovis, Vivas y Forero, lo mismo que el del ex gobernador Eduardo Lapi, y muchos otros, como ejemplos irrefutables de la flagrante violación de esta norma constitucional por fiscales y jueces, hasta el punto de hacer plenamente justificada e inmune de ser calificada como delito la fuga ejercida por Lapi y otros presos políticos, recluidos inmisericordemente por largos meses, sin que ni siquiera hayan comenzado los juicios respectivos.

Hay, sí, Estado de Derecho en Venezuela.

Pero no sirve para nada.

*	Artículo publicado originalmente en el vespertino Tal Cual.