Progresivamente el gobierno
bolivariano está dejando su responsabilidad de promover y
defender los derechos humanos de sus ciudadanos. La
represión ha crecido. Si se es escuálido, estudiante,
sindicalista, gremialista, periodista, judío o incluso
sacerdote se pertenece a un grupo que en el mejor de los
casos tiene menos derechos que otros. Estos grupos que se
consideran contrarrevolucionarios, oligarcas o pitiyanquis
no merecen siquiera que se les aplique lo que el mexicano
Plutarco Elías Calles, decía: "la justicia para mis amigos,
la ley para mis enemigos", pues no se les respetan los
derechos humanos y el debido proceso cuando caen en
desgracia.
El caso de los Comisarios con un juicio interminable o el
del asesinato del Fiscal Anderson, o el de los inhabilitados
o el de los estudiantes encarcelados son apenas muestras de
esto. Pero, como si esto no fuera poco, ahora existe el
peligro de que los venezolanos tampoco consigan protección y
reparación en instancias judiciales internacionales como la
Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH.).
El Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) declaró inejecutable el fallo de la a sentencia de la
Corte Interamericana de DD.HH. en el caso de la destitución
de los jueces de la Corte Primera en lo
Contencioso-Administrativo de Caracas. Y consideró que el
ordenamiento jurídico internacional debe ser "coadyuvante" y
que "son inaceptables las teorías que pretenden limitar, so
pretexto de valideces universales, la soberanía y la
autodeterminación nacional". Más grave aún es que es "la
Sala Constitucional quien determina cuáles normas sobre
derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios
prevalecen en el orden interno", y "solicita se proceda a
denunciar esta Convención, ante la evidente usurpación de
funciones en que ha incurrido la Corte Interamericana".Esta
visión selectiva contradice lo establecido en el artículo
Artículo 23 de nuestra constitución que da prioridad a estos
tratados, les da jerarquía constitucional y establece que
"son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y
demás órganos del Poder Público".
Pero lo que más asombra es que
el TSJ haya utilizado los mismos argumentos del Consejo
Supremo de Justicia Militar del Perú de la época de Fujimori,
que dio pie a la salida del Perú del sistema de DD.HH. Con
la denuncia de estos tratados se completará el cerco a los
DD.HH. de los venezolanos que no es más que el resultado de
un proceso que pone la revolución y el poder por encima de
la persona.
alfredomichelena@gmail.com
