Sólo en un mundo bizarro como
el que ha creado la revolución bolivariana se castiga a
las victimas y se premia a los victimarios. Al menos este
fue el caso de la expulsión del Cónsul Colombiano en
Maracaibo.
La Convención de Viena, que
regula las relaciones diplomáticas entre los países
establece muy claramente en su artículo 27 que las
comunicaciones oficiales de las misiones son inviolables.
Pero esto, no sería necesario decirlo porque todos sabemos
que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en un
derecho que tenemos los ciudadanos y que violarla es un
delito.
Sin embargo, no hay duda
que el gobierno bolivariano no tiene eso muy claro. Lo
mismo pasó muy recientemente con algunos políticos, que
fueron acusados de corrupción e incluso de conspirar para
un magnicidio, con base a grabaciones ilegales de sus
conversaciones telefónicas privadas.
El espionaje internacional
no sólo es el glamoroso James Bond sorteando peligros,
sino justamente la búsqueda de información privada de
otros gobiernos por medio ilícitos. En este momento las
diversas embajadas y consulados extranjeros en Venezuela,
deben estar reforzando sus medidas de seguridad para que
no les pase como al Cónsul Colombiano. Este es un mal
ejemplo y representa una mala práctica.
Lo grave de esta situación
es que no sólo se hicieron grabaciones de conversaciones
privadas y oficiales sino que ellas fueron difundidas por
un programa de televisión. Y como si esto no fuera poco,
ese programa es transmitido por el canal del Estado
Venezolano.
El gobierno bolivariano no
realizó inmediatamente un investigación sobre esta acción
delictiva, directamente prohibida por nuestra Constitución
y leyes, sino que las usó para iniciar una acción judicial
contra los líderes de oposición que supuestamente fueron
grabados y pidió la inmediata salida del Cónsul
colombiano.
Poco sirven las leyes y las
convenciones internacionales si el Estado venezolano no
está dispuesta a honrarlas, sea la Convención de Viena o
sea la Constitución.
Colombia ha mostrado su
preocupación, pero no ha exigido nada, posiblemente para
evitar que el conflicto escale, pero no hay duda que en
condiciones normales estas grabaciones habrían llevado a
tribunales a los que la hicieron y no a los víctimas de
tales actos, evidentemente ilegales.
