Crimen
organizado
y riesgo
político
por
Andrés
Benavente
Urbina
jueves, 31
enero 2008
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Seguridad
Ciudadana es un concepto amplio, pero a efectos
operacionales de nuestro análisis de riesgo político,
consideraremos que es la garantía que tienen las personas
para desarrollar sus actividades cotidianas libremente y de
manera tranquila, sin temor a ser objeto de una agresión en
su integridad o en su patrimonio. Por lo mismo, atentan en
su contra aquellos delitos perpetrados contra las personas y
su propiedad con el propósito de obtener un lucro o causar
intimidación pública, provocando diversos grados de
inquietud en la población respecto de su seguridad personal.
Ciertamente el problema delictivo tiene incidencia
económica, atendidos los recursos que el Estado y los
privados deben destinar a su neutralización.
Una variable que ha contribuido a la agudización del
problema es la instalación y expansión en América Latina del
crimen organizado, con acciones perpetradas por asociaciones
delictivas que manifiestan una fuerte y constante
determinación para concebir, organizar y conducir diversas
actividades ilegales en múltiples escenarios y en varios
países si se lo proponen. Estas organizaciones cuentan con
estructuras de apoyo no necesariamente de naturaleza
delictiva que las ayudan a articular el poder que tienen en
la sociedad. A través de estas redes el crimen organizado
busca influir en los actores políticos y sociales,
utilizando herramientas de coerción, corrupción y
cooptación. El narcotráfico, aunque no es el único, es un
campo donde se ha instalado fuertemente esta amenaza.
En los países existen índices de delincuencia sobre la base
de estadísticas oficiales, generalmente de fuentes
policiales, que dan cuenta del número de delitos perpetrados
en determinados períodos de tiempo. Sin embargo, este dato
estadístico sólo proporciona una visión genérica del perfil
delictivo de una sociedad. Es el factor cualitativo el que,
en definitiva, indicará si un delito afecta o no a la
seguridad ciudadana, o si un secuestro tiene objetivos
políticos o extorsivos.
Para aplicar este criterio hay que tener a la vista diversas
consideraciones, apuntando a detectar si la perpetración de
ciertos delitos entrega la señal de que en el respectivo
país se está en presencia del crimen organizado; si hay
conexión con elementos provenientes - vigentes o descolgados
- de grupos subversivos en aquellos países donde haya
guerrilla; y de las concomitancias entre delincuencia común
y narcotráfico. En el ámbito que interesa a las empresas,
hay que determinar los tipos de blancos relacionados con sus
intereses que se reiteran en el accionar delictivo y, de
manera especial, si se está en presencia de casos de
secuestros extorsivos.
La expansión del crimen organizado en América Latina tiene
incidencia clara sobre las economías de los países más
afectados por el problema. El dinero proveniente de los
secuestros extorsivos, hoy tan comunes en Brasil, Colombia,
Paraguay, Perú y otros países de la región; del lavado de
dinero de la droga y del tráfico ilícito de armas. A la
economía subterráneo está vinculada a la economía formal a
través de varias actividades legales que se llevan a cabo
para blanquear el dinero.
Nuestra realidad latinoamericana muestra el crecimiento de
los paraísos bancarios y de las sociedades “off shore”,
cuestión que también ha incidido en el aumento de las
actividades ficticias justificadas sólo por las necesidades
de camuflar el dinero sucio. Así, la multiplicación y la
diversificación de los métodos de blanqueo terminan
generando una economía virtual, imbricada en actividades
legales. Una economía y unas finanzas engañosas aparecen
como un edificio útil y sólido. Una infinidad de sociedades
de pantalla, de bancos infiltrados por organizaciones
criminales o bajo control de ellas, comercian, intercambian
y trafican entre sí, dando la falsa impresión de una
racional armonía, en la que cada operación tiene su
credibilidad natural.
No es difícil, pues, pronosticar que el creciente poder de
dichas organizaciones terminará desafiando a la economía
formal en algunos países.
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Politólogo,
Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía
y Empresa, Universidad Diego Portales. |
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