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Crimen organizado y riesgo político
por Andrés Benavente Urbina
jueves, 31 enero 2008


Seguridad Ciudadana es un concepto amplio, pero a efectos operacionales de nuestro análisis de riesgo político, consideraremos que es la garantía que tienen las personas para desarrollar sus actividades cotidianas libremente y de manera tranquila, sin temor a ser objeto de una agresión en su integridad o en su patrimonio. Por lo mismo, atentan en su contra aquellos delitos perpetrados contra las personas y su propiedad con el propósito de obtener un lucro o causar intimidación pública, provocando diversos grados de inquietud en la población respecto de su seguridad personal. Ciertamente el problema delictivo tiene incidencia económica, atendidos los recursos que el Estado y los privados deben destinar a su neutralización.

Una variable que ha contribuido a la agudización del problema es la instalación y expansión en América Latina del crimen organizado, con acciones perpetradas por asociaciones delictivas que manifiestan una fuerte y constante determinación para concebir, organizar y conducir diversas actividades ilegales en múltiples escenarios y en varios países si se lo proponen. Estas organizaciones cuentan con estructuras de apoyo no necesariamente de naturaleza delictiva que las ayudan a articular el poder que tienen en la sociedad. A través de estas redes el crimen organizado busca influir en los actores políticos y sociales, utilizando herramientas de coerción, corrupción y cooptación. El narcotráfico, aunque no es el único, es un campo donde se ha instalado fuertemente esta amenaza.

En los países existen índices de delincuencia sobre la base de estadísticas oficiales, generalmente de fuentes policiales, que dan cuenta del número de delitos perpetrados en determinados períodos de tiempo. Sin embargo, este dato estadístico sólo proporciona una visión genérica del perfil delictivo de una sociedad. Es el factor cualitativo el que, en definitiva, indicará si un delito afecta o no a la seguridad ciudadana, o si un secuestro tiene objetivos políticos o extorsivos.

Para aplicar este criterio hay que tener a la vista diversas consideraciones, apuntando a detectar si la perpetración de ciertos delitos entrega la señal de que en el respectivo país se está en presencia del crimen organizado; si hay conexión con elementos provenientes - vigentes o descolgados - de grupos subversivos en aquellos países donde haya guerrilla; y de las concomitancias entre delincuencia común y narcotráfico. En el ámbito que interesa a las empresas, hay que determinar los tipos de blancos relacionados con sus intereses que se reiteran en el accionar delictivo y, de manera especial, si se está en presencia de casos de secuestros extorsivos.

La expansión del crimen organizado en América Latina tiene incidencia clara sobre las economías de los países más afectados por el problema. El dinero proveniente de los secuestros extorsivos, hoy tan comunes en Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y otros países de la región; del lavado de dinero de la droga y del tráfico ilícito de armas. A la economía subterráneo está vinculada a la economía formal a través de varias actividades legales que se llevan a cabo para blanquear el dinero.

Nuestra realidad latinoamericana muestra el crecimiento de los paraísos bancarios y de las sociedades “off shore”, cuestión que también ha incidido en el aumento de las actividades ficticias justificadas sólo por las necesidades de camuflar el dinero sucio. Así, la multiplicación y la diversificación de los métodos de blanqueo terminan generando una economía virtual, imbricada en actividades legales. Una economía y unas finanzas engañosas aparecen como un edificio útil y sólido. Una infinidad de sociedades de pantalla, de bancos infiltrados por organizaciones criminales o bajo control de ellas, comercian, intercambian y trafican entre sí, dando la falsa impresión de una racional armonía, en la que cada operación tiene su credibilidad natural.

No es difícil, pues, pronosticar que el creciente poder de dichas organizaciones terminará desafiando a la economía formal en algunos países.

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  Politólogo, Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.


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