Los países de la región han hecho noticia en los últimos meses porque les afecta algún problema que incide en su política interna más que por su avance en la profundización de estrategias de desarrollo que apunten a la solución de sus endémicos males sociales.

En Argentina, a la costumbre de los últimos años de no respetar los contratos y los derechos de propiedad, hay que agregar por estos días los casos que investiga la justicia por problemas de corrupción, entre ellos uno que afecta a la ministra de Economía del gobierno de Kirchner y la investigación del FBI que vincula al gobierno de Chávez con la campaña de la candidatura presidencial de Cristina Fernández.

En Bolivia, con una Asamblea Constitucional ilegítima porque el gobierno y el partido que lo apoya, el MAS, no respetan las reglas del estatuto que regula la aprobación del proyecto y porque la oposición no votó en la Asamblea por el clima de presiones sociales desbordadas y violencia agitativa instalado por el propio presidente Evo Morales.

En Ecuador el Presidente Correa impulsa a través de una Asamblea Constitucional un proyecto de nueva Carta Fundamental para establecer un sistema económico altamente estatista e intervencionista, buscando una refundación institucional. Además, presionó a la inversión extranjera para renegociar a favor del gobierno, so pena de nacionalizar. Ciertamente, la vigencia del Estado de Derecho se ha estado relativizando.

En Venezuela, después de la derrota de su referéndum de reforma constitucional, Hugo Chávez ha vuelto a comenzar una campaña de desacreditación de la oposición propiciando un escenario permanente de alto nivel de polarización política y social. Él insiste en avanzar en la profundización de la institucionalidad socialista del siglo XXI, rechazando cualquier alternancia democrática, pluralismo político e iniciativa privada económica.

En Paraguay, el gobierno de Nicolás Duarte expresa explícitamente que su administración entrega dinero a través de sobornos para apoyos electorales. Este país se caracteriza porque la falsificación, el contrabando y la corrupción cruzan a la sociedad en su conjunto. En la víspera de la elección presidencial, el país tiene una disyuntiva crucial entre la candidata del partido Colorado con una herencia negativa y dos candidatos populistas, un ex militar golpista y un ex Obispo católico de la Teología de la Liberación.

En suma, presiones sociales desbordadas que terminan en violencia, instituciones débiles, corrupción y desconocimiento de las reglas del juego en el clima de negocios, forman un conjunto variado de factores de amenaza que plantean agudos horizontes de conflictos para las democracias que subsisten gracias a los rituales procesales, pero que no garantizan con eficiencia el ejercicio pleno de los derechos individuales y la satisfacción de las aspiraciones de la población. En materia económica ocurre algo parecido. Ya no se viven los días de confianza en las reformas estructurales de la economía que fueron eficaces en derrotar la inflación y promover la llegada de inversión extranjera. Ahora, en virtud de la poca consistencia de las reformas, se reproducen esquemas populistas e intervencionistas.

Pareciera, a estas alturas, que la democracia misma está en tela de juicio por su falta de eficacia. Los gobiernos y las situaciones descritas anteriormente obviamente merecen, en grados distintos, la reducción de la confianza de las personas en las instituciones del sistema. A todas luces, estamos en los comienzos de una crisis de legitimidad de la democracia que estimamos muy grave, en cuanto es el mecanismo político que mejor resguarda la libertad personal.

*	Politólogo, Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.