Es difícil encontrar un país en la región donde las instituciones funcionen peor que en Paraguay y donde la inseguridad sea la pauta que contextualiza la vida cotidiana de las personas. El país es un lugar casi mítico. Una suerte de Macondo actual. Un territorio al cual el tiempo y la modernidad esquivan.

Es un país casi marginal en la región. Está lejos de ser un centro decisional, tampoco representa un polo de desarrollo. Su política - que aún responde a los viejos padrones latinoamericanos del clientelismo - pasa desapercibida en medio de los cambios que experimentan sus vecinos. Es un país que hace noticia por otros motivos, particularmente por la existencia de una zona en que prevalece la anomia - la llamada Triple Frontera - territorio propio de los contrabandistas, traficantes de drogas y de armas, y lavadores de dinero. El problema fundamental del Estado paraguayo es la corrupción.

En la próxima elección presidencial compiten dos candidatos populistas: el general ® Lino Oviedo y un ex obispo partidario de la Teología Liberación. La tercera candidata principal es del partido Colorado y representa el continuismo tanto del actual gobierno del presidente Duarte como de la tradición clientelista de largas décadas.

Su clima de negocios es abiertamente malo pues está condicionado por una corrupción endémica. Los altos porcentajes de contrabando y de evasión tributaria son muestra de la existencia de instituciones muy débiles, con una Justicia cómplice de la inseguridad jurídica, que exhibe poca eficacia para hacer imperar el derecho. Las instituciones judiciales no tienen fuerza para garantizar la seguridad ni la certeza jurídicas.

Desde una óptica económica, es un territorio en que el rol del Estado es ambivalente y contradictorio. Demasiado fuerte y protagónico en su intervención en la economía, es fiel a viejas concepciones patrimoniales en que los titulares del poder político estimaban que el país era de su propiedad, al estilo de aquella Centroamérica de los Somoza, Trujillo y Duvalier. Un Estado demasiado visible en el orden de las regulaciones y de la discrecionalidad de la autoridad. Desde 1954 a 1989, el país fue algo así como un regimiento dirigido por el general Alfredo Stroessner, derrocado en una especie de "juego de guerra" por su consuegro, el general Andrés Rodríguez. Esta situación fue y aún es pasto fértil para la corrupción.

Actualmente hay una gravísima situación de crisis económica e incumplimiento de obligaciones financieras internacionales. Hay sí mayor consonancia. Los partidos políticos - en distintas intensidades - son devotos del estatismo y, por consiguiente, se sitúan lejos del libre mercado. También lo son del proteccionismo comercial y de las regulaciones. La concepción patrimonialista propia de una economía interventora no deja mayores espacios para la apertura, la competitividad y el protagonismo del sector privado. En definitiva, el libre mercado es una estrategia de desarrollo que jamás se ha aplicado en Paraguay.

La seguridad ciudadana es muy negativa. El propio presidente Duarte denuncia que hay policías que se confabulan con las bandas criminales que operan en el país. Gravísima acusación en cualquier país, pero que en el caso paraguayo adquiere caracteres superlativos dado que quien la formula es nada menos que el Jefe de Estado. Ello implica un reconocimiento de que la autoridad no puede controlar a la fuerza policial, dentro de la cual hay corrupción y complicidad con la delincuencia común y la perpetración de secuestros.

Hay que tener en consideración que, invariablemente, en cada cambio de gobierno hay promesas de rectificación que después quedan incumplidas. El Estado está, a la vez, ausente en zonas del territorio donde el crimen organizado paulatinamente ha ido cobrando carta de ciudadanía. Es sabido por la comunidad internacional que la zona de la Triple Frontera (límite con Argentina y Brasil) es una de las zonas en que se materializan las mayores acciones de contrabando que, en el caso paraguayo, es uno de los factores que dinamizan la economía doméstica.

*	Director de Estudios del Area del Riesgo Político del Centro de Análisis e Investigación Política.