Un Estado fallido es aquel que no puede cumplir las funciones básicas que constituyen la razón de ser de esta entidad, entre otras, mantener la estructura institucional del país y asegurar a la población el orden necesario para desarrollar sus respectivas actividades.

Bolivia termina el año 2007 con una crisis de gobernabilidad que confronta al gobierno con la oposición porque la Asamblea Constituyente aprobó el nuevo proyecto constitucional sin tener los dos tercios necesarios de los asambleístas en ejercicio y quienes estaban por su aprobación decidieron cambiar las reglas del juego y hacer exigible ese quórum respecto de quienes estaban presentes. La nueva Constitución será sometida a referéndum el año próximo, pero la legalidad dejó de ser un referente y la oposición la impugna.

De otra parte, la crisis de gobernabilidad se agudiza, comprometiendo la estabilidad institucional, porque cuatro departamentos: Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni, que concentran la mayor riqueza agropecuaria y de hidrocarburos del país, desafiaron al Gobierno presentando públicamente los estatutos para su autonomía administrativa y financiera en un claro intento secesionista. El gobierno de Morales sostiene que las autonomías están diseñadas para eludir la reforma agraria que impulsa la nueva Constitución.

Ambas confrontaciones han tenido como marco importantes movilizaciones sociales que amenazan desbordar la institucionalidad. Por una parte el Movimiento al Socialismo (MAS) que apoya al gobierno y el proyecto de nueva Constitución y, por la otra, los movimientos cívicos que se movilizan por las autonomías.

La realidad boliviana se parece al mismo modelo confrontacional que siguen Cuba y Venezuela: el gobierno no es concebido como una instancia de realización de proyectos de desarrollo sino como una conducción “revolucionaria” preocupada de derrotar a enemigos internos y externos que suelen ser levantados como estereotipos por los propios gobernantes. Evo Morales ha invocado a Tupak Katari y Che Guevara. Pareciera que algunos no sólo tienen un apego masoquista por la miseria sino que se niegan a combatirla con seriedad y eficacia porque instrumentalizarla políticamente es su única oportunidad de alcanzar un relativo protagonismo histórico.

Estas crisis de gobernabilidad son la culminación de un proceso de ascenso del populismo revolucionario que comienza junto con la década en medio de las protestas en Cochabamba por la privatización del servicio de agua potable; que proseguirá con el segundo lugar que ocupó Morales en las elecciones presidenciales de 2002 y su llamado a hacer ingobernable la administración de Sánchez de Lozada elegido por el Congreso Nacional; sigue con el estallido social de octubre de 2003 que pone fin a ese gobierno; y culmina con la movilización rupturista que fuerza la renuncia del Presidente Carlos Meza en junio de 2005. Morales y el MAS terminan planteándose como la única alternativa viable de gobernabilidad porque si eran oposición aseguraban ser los protagonistas de climas de inestabilidad.

También son consecuencia del agotamiento del sistema de partidos políticos tradicionales que -- si bien dio una inédita estabilidad a Bolivia durante los ochenta – luego fue perdiendo legitimidad entre la población porque eran percibidos como actores que perseguían acuerdos meramente cupulares. Los pactos políticos eran tan heterogéneos que se expresaban en mega coaliciones que, por lo mismo, resultaron muy rígidas para mantener la unidad de alianzas tan híbridas.

Una última causa de las crisis es que el modelo de desarrollo impulsado por los más diversos gobiernos desde 1985, si bien resultó exitoso para terminar con los escenarios de hiperinflación, impulsar el crecimiento económico y atraer inversión extranjera, especialmente en el sector minero, no fue internalizado como ventajoso por la población en la medida en que siguió reflejando una clara inequidad en la distribución del ingreso. Esto se transformó en una dificultad insuperable cuando llegaron los vientos recesivos en el comienzo de la actual década.

En el gobierno actual, la economía apunta fundamentalmente al mercado interno; lejos del libre comercio, se adoptó una política de sustitución selectiva de importaciones y se hizo una recomposición de la propiedad, ya no sólo en el área minera, sino en todo lo relativo a los recursos naturales renovables y no renovables. Con ello Bolivia optó por la profundización de la pobreza al retornar a esquemas fracasados, como por lo demás suele ocurrir en los ensayos populistas.

En definitiva, el gobierno de Morales no es algo circunstancial sino el fruto de un proceso de acumulación de fuertes tensiones sociales que no pudieron ser canalizadas y absorbidas por los últimos gobiernos. Bolivia está inmersa en un escenario de ingobernabilidad, sin instituciones que generen consenso, con altos niveles de polarización y una espiral de confrontación violenta con estallidos sociales que terminan desbordando los cauces institucionales, como ocurrió en la Asamblea Constitucional. Además, se diluyen las mediaciones, como la ejercida por la Iglesia Católica, pues el MAS la acusó de estar comprometida con el poder económico. Sin posibilidad de negociación entre las partes, el país avanza desde la ingobernabilidad hacia un ambiente de inestabilidad institucional y esa es la antesala de una situación de Estado fallido.

*	Politólogo, Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.