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Perú: Entre el consenso y la fragmentación política
por Andrés Benavente Urbina
miércoles, 15 agosto 2007


A comienzos del nuevo gobierno del Presidente Alan García el escenario político peruano es contradictorio. De un lado, entre los actores políticos –salvo el populismo de Humala– hay un consenso básico de gobernabilidad que viene desde la administración de Toledo y que se expresa en el llamado Acuerdo Político que se reeditó cuando García ganó en la segunda vuelta de la elección presidencial y ahora en un Pacto Social entre actores sociales sobre temas económicos. De otro lado, persiste un serio problema de fragmentación entre los actores políticos con representación parlamentaria que es difícil de compatibilizar con el consenso antes descrito.

El consenso es positivo cuando los actores políticos están a favor de la estabilidad institucional. Es fluida, por ejemplo, la relación entre el presidente García y la líder de la oposición de derecha Lourdes Flores. Pero el gobierno también necesita de los parlamentarios seguidores de Fujimori y de otros partidos pequeños para afianzar la gobernabilidad.

El consenso también es positivo cuando se expresa en el llamado de García a establecer un Pacto Social en cuanto acerca las posiciones entre sectores empresariales y trabajadores, en especial en el contexto de crecimiento que la economía de Perú ha venido teniendo durante los últimos años.

Pero también hay dificultades que pueden afectar a mediano plazo los consensos políticos y sociales. De partida, no hay un bloque político mayoritario, coherente y estable. El Gobierno tiene el apoyo del APRA (36 diputados), de Unión por Perú (13 diputados) y de algunos partidos más pequeños. La oposición es muy heterogénea. El mayor bloque es el nacionalismo-populista (22 diputados), la derecha con Unidad Nacional (12 diputados) y la centro derecha con Acción Popular (8 diputados). Finalmente, está el fujimorismo (13 diputados). El líder Ollanta Humala tiene una posición polarizada y ello ciertamente es contrario a cualquier consenso, incluso ataca al propio Congreso Nacional señalando que está aislado de la realidad del país. Esta posición afecta la institucionalidad y, a la larga, la estabilidad del sistema político.

Otra dificultad que afecta a los consensos es que la corrupción invade la actividad política, de unos y de otros. En el propio gobierno no hay una estrategia para afrontar el problema. Para García, como antes lo fue para Fujimori y más tarde Toledo, la lucha contra la corrupción estaba en el discurso, pero no en la acción.

Una última dificultad afecta al llamado a un pacto social que García hizo desde el gobierno –a través del ministerio del Trabajo– aludiendo a los temas de productividad, salarios y empleo, en términos de la viabilidad práctica que pueda tener. Inicialmente hay un acuerdo político básico entre el APRA y la oposición de derecha con Unidad Nacional. En América del Sur ya hubo varias experiencias durante los años ochenta de fracaso de pactos sociales (Argentina con Alfonsín y Brasil con Sarney) que a poco de andar se quebraron porque los trabajadores aumentaban las huelgas, los empresarios aumentaban los precios y todos provocaron un aumento de la inflación. Los pactos sociales, además, favorecen a los grupos más fuertes (los sindicatos bien organizados y las asociaciones de empresarios) en contra de aquéllos otros que están atomizado (los trabajadores independientes y las pequeñas empresas). En Chile hubo una buena experiencia de consenso social entre trabajadores y empresarios impulsada por el ex presidente Aylwin y su ministro del trabajo René Cortazar, positiva porque el consenso lejos de ser rígido asumió con realismo el objetivo de crecer y avanzar en la equidad.

Perú, como Chile, tiene una muy buena situación económica y la posibilidad de avanzar en mecanismos que permitan esa mayor equidad, pero en ambos casos sin ejercer demagogia, voluntarismo ni violencia agitativa que lo aparten de la necesidad de mantener los consensos básicos y el realismo político.
 

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  Politólogo, Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.


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