A
comienzos del nuevo gobierno del Presidente Alan García el
escenario político peruano es contradictorio. De un lado,
entre los actores políticos –salvo el populismo de Humala–
hay un consenso básico de gobernabilidad que viene desde la
administración de Toledo y que se expresa en el llamado
Acuerdo Político que se reeditó cuando García ganó en la
segunda vuelta de la elección presidencial y ahora en un
Pacto Social entre actores sociales sobre temas económicos.
De otro lado, persiste un serio problema de fragmentación
entre los actores políticos con representación parlamentaria
que es difícil de compatibilizar con el consenso antes
descrito.
El consenso es positivo cuando
los actores políticos están a favor de la estabilidad
institucional. Es fluida, por ejemplo, la relación entre el
presidente García y la líder de la oposición de derecha
Lourdes Flores. Pero el gobierno también necesita de los
parlamentarios seguidores de Fujimori y de otros partidos
pequeños para afianzar la gobernabilidad.
El consenso también es positivo
cuando se expresa en el llamado de García a establecer un
Pacto Social en cuanto acerca las posiciones entre sectores
empresariales y trabajadores, en especial en el contexto de
crecimiento que la economía de Perú ha venido teniendo
durante los últimos años.
Pero también hay dificultades
que pueden afectar a mediano plazo los consensos políticos y
sociales. De partida, no hay un bloque político mayoritario,
coherente y estable. El Gobierno tiene el apoyo del APRA (36
diputados), de Unión por Perú (13 diputados) y de algunos
partidos más pequeños. La oposición es muy heterogénea. El
mayor bloque es el nacionalismo-populista (22 diputados), la
derecha con Unidad Nacional (12 diputados) y la centro
derecha con Acción Popular (8 diputados). Finalmente, está
el fujimorismo (13 diputados). El líder Ollanta Humala tiene
una posición polarizada y ello ciertamente es contrario a
cualquier consenso, incluso ataca al propio Congreso
Nacional señalando que está aislado de la realidad del país.
Esta posición afecta la institucionalidad y, a la larga, la
estabilidad del sistema político.
Otra dificultad que afecta a los
consensos es que la corrupción invade la actividad política,
de unos y de otros. En el propio gobierno no hay una
estrategia para afrontar el problema. Para García, como
antes lo fue para Fujimori y más tarde Toledo, la lucha
contra la corrupción estaba en el discurso, pero no en la
acción.
Una última dificultad afecta al
llamado a un pacto social que García hizo desde el gobierno
–a través del ministerio del Trabajo– aludiendo a los temas
de productividad, salarios y empleo, en términos de la
viabilidad práctica que pueda tener. Inicialmente hay un
acuerdo político básico entre el APRA y la oposición de
derecha con Unidad Nacional. En América del Sur ya hubo
varias experiencias durante los años ochenta de fracaso de
pactos sociales (Argentina con Alfonsín y Brasil con Sarney)
que a poco de andar se quebraron porque los trabajadores
aumentaban las huelgas, los empresarios aumentaban los
precios y todos provocaron un aumento de la inflación. Los
pactos sociales, además, favorecen a los grupos más fuertes
(los sindicatos bien organizados y las asociaciones de
empresarios) en contra de aquéllos otros que están atomizado
(los trabajadores independientes y las pequeñas empresas).
En Chile hubo una buena experiencia de consenso social entre
trabajadores y empresarios impulsada por el ex presidente
Aylwin y su ministro del trabajo René Cortazar, positiva
porque el consenso lejos de ser rígido asumió con realismo
el objetivo de crecer y avanzar en la equidad.
Perú, como Chile, tiene una muy buena situación económica y
la posibilidad de avanzar en mecanismos que permitan esa
mayor equidad, pero en ambos casos sin ejercer demagogia,
voluntarismo ni violencia agitativa que lo aparten de la
necesidad de mantener los consensos básicos y el realismo
político.
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Politólogo,
Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía
y Empresa, Universidad Diego Portales. |