La presidenta Cristina Fernández con su ministro de Economía Martín Lousteau, de bajo perfil técnico y académico, ofrece un escenario sobre el manejo de la economía. Tiene importantes problemas contingentes como el incremento de la inflación, fuertes carencias en la infraestructura, en especial en el sector energético que demanda mayor inversión. Así, La economía argentina tiene una clara inconsistencia entre el crecimiento que muestran los índices macroeconómicos y la debilidad institucional.

Más allá de la coyuntura, la presidenta busca una suerte de modelo para una estrategia de desarrollo, que lo explícitamente llaman “la segunda industrialización”, cosa que Argentina tuvo como una forma de expansión industrial en los años sesenta y setenta. Fernández retoma el modelo de desarrollismo con fuertes empresas estatales y privadas pero con un eje económico hacia el crecimiento del interior. Así se ofrecen como nuevos los viejos esquemas de la CEPAL de hace décadas y que por cierto la economía moderna ahora la rechaza en función de la globalidad.

Ciertamente, el nuevo gobierno tiene consenso entre el perfil de su economía y el perfil de los actores empresariales tradicionales. Sin embargo, el reloj avanza en el tiempo pretérito. La presidenta tendría a favor el consenso histórico de ex presidentes: Frondizi, del general Onganía y ciertamente Perón. Cuando habla del ministro Lousteau de un modelo productivista tácitamente se menciona al esquema cepalino de los años cincuenta del estructuralismo económico con el “desarrollo hacia adentro”, con la sustitución de importaciones.

En todo caso, un el esquema económico de Fernández tiene cierta racionalidad, a diferencia de su antecesor que rechazaba la influencia externa y optó por su intuición política-electoral sobre un conocimiento económico rudimentario. Kirchner respondió con la típica formula del populismo peronista -cuyo líder era la campaña de Los Toldos. (Eva Perón)- . Fernández, avanza a la etapa de la sustitución de las importaciones y de la Teoría de la Dependencia. Ciertamente, con ese esquema Argentina sigue de espalda al avance real del desarrollo.

En concreto, la presidenta tiene como eje del modelo estructuralista busca un contexto institucional a través de un pacto social con acuerdos entre el sindicalismo, a las asociaciones empresariales y el gobierno, sobre precios y salarios. En lo inmediato se apunta a reaccionar a los señales de un ajuste económico y, al parecer, en lo teórico en una suerte de consociatividad o de concertación social.

Un pacto social o concertación social es un esquema rígido que presenta muchas más dificultades que conveniencia. Responde a una concepción corporativista de la economía y no a una economía abierta como lo desafía la globalidad.

En la década de los ochenta la idea del pacto social estuvo a la orden del día en la región. Mecanismos tripartitos (empresarios, trabajadores y gobierno) fueron asumidos en Argentina, Brasil y Uruguay. Después todos ellos mostraron en resultados que fueron un estrepitoso fracaso. Una primera dificultad es que eran acuerdos de cúpulas fácilmente sobrepasados por las bases que no se sentían representadas; una segunda dificultad, era su marcado inmovilismo, de tal manera que lo que se establecía en la práctica era una suerte de derecho a veto de las partes respecto de todo aquello que no estaba expresamente contemplado en el pacto. En una económica globalizada, con ritmos tan dinámicos un esquema semejante resulta paralizante. Una tercera dificultad era que el gobierno – colocado allí en un rol arbitral con obvia capacidad decisoria – perdía fácilmente el propósito inicial por razones de conveniencia electoral. La mejor prueba del fracaso de los pactos sociales latinoamericanos de los años ochenta era que nacen con el objetivo de detener los procesos inflacionarios que afectaban a la región y nunca como en ese periodo los países de Sudamérica tuvieron tan altas tasas de inflación, llegando a los tres dígitos.

La economía abierta y dinámica, se compatibiliza con crecimiento económico con cohesión social. Se requiere profundización con la libertad económica y con la coherencia institucional, con flexibilidad laboral y con plena vigencia de los derechos de los trabajadores y de los consumidores. Es necesaria la existencia de mecanismos por vía del diálogo y de los consensos como la voluntad política de gobierno de avanzar en los factores de competitividad.

En el esquema del pacto social que ofrece la presidenta es un perfil de empresarial tradicional, que se caracteriza, en general, por mantener posiciones más corporativas, con una concepción global de la empresa y de la economía centrada en visiones de carácter nacionalista; que aspira a ser protegido por el Estado y que reivindica un mayor poder para las organizaciones empresariales; sin dinamismo, escaso margen de eficiencia, prefiero las rentas a enfrentar situaciones de riesgo y que persista en su búsqueda de la protección estatal.

A diferencia, el empresariado de mercado tiene como características el dinamismo, su capacidad, su creatividad, su disposición a correr riesgos aprovechando las oportunidades que les brinda el mercado con las condiciones de la libre competencia, sin deberle nada al Estado ni al clientelismo local.

En definitiva, el modelo económico de Fernández no tiene una capacidad de reinsertarte en el futuro sino que invoca la nostalgia. Es por ello Argentina aún no se instala en el siglo XXI.
 

*	Politólogo, Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.