La reforma constitucional que busca ser refrendada en diciembre de 2007 interpela a una Carta Fundamental que alberga dudas respecto de su genuino espíritu democrático. En efecto, la Constitución de 1999 establece un fuerte poder presidencial que legitima formalmente la discrecionalidad y el autoritarismo del poder político, reforzado por los controles difusos y meramente nominales que contempla. Se trata de una Constitución ideologizada, cuyo espíritu y contenido no se compatibilizan bien con los principios democráticos y que el gobierno de Hugo Chávez utiliza para agudizar la polarización del país.

Además, en la actual institucionalidad de Venezuela no existe un Poder Judicial autónomo. Son múltiples las evidencias de la politización de los pronunciamientos judiciales, bajo este criterio se relativiza la vigencia del derecho de propiedad y el respeto por la observancia y cumplimiento de los contratos. La actual Constitución, aún sin la reforma, provee un clima de absoluta incertidumbre donde prevalece una explícita ideología estatista.

Lo que propone la reforma es una profundización del poder autocrático, institucionalizando un esquema totalitario, como la actual Cuba de Castro y otras antiguas dictaduras caribeñas tradicionales como Somoza en Nicaragua, Duvalier en Haití y Trujillo en República Dominicana, donde el recurso a las elecciones y plebiscitos no eran sino una liturgia que les permitía operacionalizar a su favor el método democrático y mantener una profunda desinformación hacia el exterior, donde sólo se percibía un caudillo populista y pintoresco.

El gobierno de Chávez tiene un contexto que le favorece: altos precios del petróleo que aseguran una expansión económica que sostiene el perfil populista del régimen y prolonga un problema estructural del país cual es su concepción rentista de la economía. Todo se espera de los dividendos proporcionados por la riqueza petrolera controlada por el Estado. Por lo mismo, el énfasis en el manejo económico de la administración está en el reparto y no en la generación de mayor riqueza,

En ese contexto es probable que el gobierno de Chávez triunfe en el referéndum sobre reforma constitucional. Sin embargo, hay señales de que el sistema autocrático ya tiene dificultades que pueden generar un escenario de tensiones a la gobernabilidad. Esas señales se presentan en sectores de la sociedad civil que muestran un abierto rechazo al voluntarismo del proyecto chavista.

En efecto, hay un claro consenso entre varios actores sociales para mostrar una negativa categórica a profundizar el remedo de democracia que tiene ahora Venezuela. De este consenso social participa la Conferencia Episcopal que calificó al proyecto gubernativo de “moralmente inaceptable” porque acaba con el pluralismo en función de construir un Estado socialista; también los decanos de las Facultades de Derecho de varias universidades, quienes indicaron que la futura nueva Constitución sería una fuente de fractura social y de serios conflictos; también están sectores empresariales, como el comercio, que consideran negativa la reforma porque es excluyente y atenta contra la paz y la convivencia del país, puntualizado que los pequeños empresarios no podrán desarrollar con libertad sus potencialidades, además de violar los derechos de propiedad.

En el aspecto político, la oposición se mantiene dividida entre los que plantean votar no a la reforma y los que llaman a la abstención. Sin embargo, la disidencia que rechaza la concentración del poder del socialismo del siglo XXI descansa en la voluntad de los sectores sociales que defienden los principios de libertad, pluralismo y vigencia del Estado Derecho.

En el referéndum de diciembre próximo, el gobierno puede exhibir como éxitos la estabilidad de su sistema y una economía coyunturalmente positiva por los recursos que aporta el petróleo.

La experiencia comparada muestra, empero, que no hay una estabilidad definitiva. Así, los regímenes del socialismo real de Europa del Este tuvieron estabilidad durante años, hasta que colapsaron cuando la sociedad civil mostró su oposición a los gobiernos. En Alemania de Este lo definitivo fue la movilización social casi espontánea que culminó en la caída del muro y luego del gobierno. Otro caso es el de la ex Checoeslovaquia, donde el régimen colapsó luego de un consenso articulado inicialmente por grupos de intelectuales y después por el foro cívico, unión de varios grupos de oposición. Finalmente, en la experiencia rumana, luego de una larga dictadura, la movilización social provoca la caída y muerte de Ceacescu en 1989.

Esas experiencias de algunos países de Europa a fines de la década de los ochenta, tuvo un efecto “gatillo” que marcó un antes y un después en el desarrollo de la gobernabilidad de esos sistemas. El inicio de su fin puede ser la reiteración de fraudes institucionales, la expansión de comportamientos corruptos o la oclusión de las libertades.

En los ambientes políticos polarizados la coexistencia política va perdiendo su rasgo integrador y se incentivan comportamientos excluyentes que abren paso a actitudes de confrontación que cada vez se radicalizan más y terminan por comprometer a la sociedad en su conjunto.

Es por eso que las señales de la sociedad civil para rechazar la concentración absoluta del poder en el gobierno de Chávez, puede leerse prospectivamente como un primer signo de la fragilidad del sistema en el tiempo.

*	Politólogo, Investigador Escuela de Postgrado, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.