Cuando el año pasado se estrenó en Cuba la película La vida de los otros, que narra las operaciones del servicio de inteligencia de Alemania del Este (la temible Stasi) durante la era comunista, se puso de moda entre los habitantes de la isla un chiste que hacía referencia a su propia condición.

Los cubanos, acostumbrados a casi 50 años de dictadura socialista, ausencia de derechos civiles y supervisión continua de un Estado policial, comenzaron a referirse abiertamente al filme del realizador germano Florian Henckel, medio en broma, medio en serio, como "la vida de nosotros".

En Venezuela, la proyección del largometraje puso a sudar frío a más de uno y a otros les hizo recordar su ya lejana experiencia con el socialismo real. Pero en general, a todos nos dejó la sensación de una malsana profecía orwelliana en proceso de gestación.

Ahora, con la aprobación del decreto ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, la profecía parece estarse concretando; haciéndose realidad, pues.

Lamentablemente para nosotros, el último producto de la Ley Habilitante no promete una adaptación bolivariana de la Rebelión en la granja vía gallineros verticales, sino la instauración de un modelo de Estado policial que recuerda más la autocracia futurista descrita en 1984. No pocas voces han alertado ya contra la norma que en su artículo 2 convierte a todos los ciudadanos venezolanos en potenciales agentes al servicio del Gobierno cuando posean o tengan acceso a información "de interés estratégico para la nación".

Es lo que algunos llaman la institucionalización del sapeo y lo que es peor, la subordinación de la sociedad al servicio de la Inteligencia del Estado. Por supuesto, será el chavismo desde las alturas del poder el que decida lo que resulta "de interés" para un Estado en proceso de recentralización, en el que, como bien escribió Margarita López Maya el domingo, los únicos sujetos políticos son el Líder, el Partido Único y un Poder Popular no electo controlado por el Ejecutivo.

Más preocupante aún resulta el artículo 20, que consagra para los cuerpos de inteligencia el derecho de recabar información, adelantar diligencias y obtener pruebas por cualquier medio y "sin requerir orden judicial o fiscal alguna". Dichas "pruebas" podrán ser "libremente incorporadas al proceso judicial pertinente", según la ley, e incluso ser mantenidas bajo confidencialidad o secreto (hasta para el propio imputado) si la seguridad y defensa de la nación se ve comprometida.

Lo más grave de la nueva ley es que dota a un Gobierno que camina aceleradamente hacia la autocracia, de una arquitectura jurídica para concretar lo que hasta ahora solo se ha logrado a través del discurso presidencial: la criminalización de la disidencia y la oposición.

Dependiendo de quién y cómo interprete la norma, cualquier actividad de la sociedad es o puede ser sospechosa de atentar contra la seguridad de la nación. El propio Presidente sostiene que la oposición es golpista y la acusa de tener un plan para matarlo y otro para dividir al país. En definitiva, presenciamos la concreción de la política que hace seis años insinuó el streep per y ex director de la Disip, Eliécer Otaiza: El estado general de sospecha.

*	Artículo publicado originalmente en el vespertino Tal Cual