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Desde la Asamblea
Nacional Juan José Caldera La semana pasada, Elías Pino Iturrieta expresó en un diario de circulación nacional que "hasta los avezados políticos de la Coordinadora manifestaron su conformidad y aún su entusiasmo" por la designación del actual Consejo Nacional Electoral. Creo tener derecho a recordar que, días después de esa decisión, en esta misma columna periodística manifesté mi total desacuerdo con ella y anuncié mi "voto salvado" -título del artículo- en la Asamblea Nacional, ante la posible ratificación definitiva de sus integrantes. A riesgo de ser aguafiestas, advertí que la Sala Constitucional del TSJ había destituido al CNE designado por el Poder Constituyente sin tener competencia para ello. El retardo en la designación del CNE por la Asamblea Nacional fue señalado como una omisión que debía ser subsanada por el Tribunal Supremo de Justicia, pero, ante las protestas del legislativo, la Sala Constitucional se cuidó de alegar que sólo haría una designación provisoria y no la definitiva que correspondía al parlamento. Luego no podía hablarse en realidad de la existencia de un vacío que iba a llenar el tribunal, ya que el país tenía un Consejo Nacional Electoral provisional designado por el Poder Constituyente que se encontraba en funciones. Ese CNE gozaba de la misma legitimidad que los otros poderes públicos y no podía ser destituido por la Sala Constitucional como efectivamente hizo. En sentencia del 18 de noviembre de 2002, la misma Sala Constitucional declaró por unanimidad que tocaba a la Constituyente "designar provisoriamente a los cinco integrantes del referido ente comicial hasta que la Asamblea Nacional hiciera los nombramientos definitivos". Pues bien, el alto tribunal desconoció posteriormente su propia sentencia e ignoró la legitimidad de un acto constituyente al destituir de hecho al Consejo Nacional Electoral existente, sin tener facultades para ello, en lugar de designar el quinto rector que faltaba para completarlo como lo había solicitado la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional, en Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del 27 de noviembre del mismo año. Para hacer la designación del CNE, la Sala Constitucional aplicó el criterio del dos-dos-uno violando el encabezamiento del artículo 296 de la Carta Fundamental, según el cual "el Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos". Lo admitió tácitamente en su discurso Iván Rincón, presidente del cuerpo, cuando expresaba a los nuevos rectores que estaba "prohibido equivocarse" y señaló: "quiero pedirles... que se olviden de las fuerzas políticas que representan". Es el mismo error que se había cometido en la Asamblea Nacional al pretender elegir dos del gobierno, dos de la oposición y un independiente. Nosotros desaprobamos ese criterio en el seno del parlamento. Al obviar el mandato constitucional y legal de elegir quince rectores desvinculados en su totalidad de las organizaciones con fines políticos, la Sala Constitucional del TSJ hizo descansar la autonomía y el supuesto equilibrio del nuevo organismo en la persona de su presidente. El doctor Francisco Carrasquero, cuyos méritos fueron ponderados por calificados personajes de la vida nacional, expresó luego de su elección que no era "del gobierno ni de la oposición" y ofreció que el CNE se iba "a desenvolver normalmente, como lo exige el país, sin presiones, ni dependencia, ni sujeción a ningún organismo". Pero ha defraudado por completo a Venezuela, evidenciando un tres-dos en lugar del supuesto dos-dos-uno prometido, y ha condenado así históricamente la cuestionada decisión del alto tribunal.
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